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Regulación de la interrupción del embarazo

La ley del aborto nace con resistencia

Murcia dice que "no acata" la norma y el PP lo "comprende" - Galicia amaga con no dar la documentación y rectifica - Navarra, de UPN, seguirá sin practicar abortos

La ley del aborto entró en vigor ayer en medio de amenazas de boicoteo por varias comunidades. Algunas autonomías han empezado ya a poner palos en la rueda de la norma de plazos. La rebelión adopta distintas formas: carencias en la documentación informativa que debe recibir la mujer, vaguedades en los conciertos con la sanidad pública o derivaciones inútiles para dificultar la prestación. También desafíos claros a la regulación como el de Murcia o Navarra. Otras comunidades amagaron pero no dieron: Galicia se desdijo de su anuncio de que no entregaría la documentación requerida a las mujeres, y Madrid aclaró que no incumplirá la ley pese a que anima a los profesionales a la objeción de conciencia.

El más claro fue el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP), quien declaró que "no hay razones" para acatar la ley porque "todavía no está en su punto y final". Esta región, explicó Valcárcel, esperará a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso interpuesto por el Partido Popular, que ha solicitado que se paralice la norma. La portavoz de Igualdad del PP, Sandra Moneo, aseguró ayer, que entiende actitudes como la del Valcárcel. "Comprendemos las dudas de aplicar una ley tan manifiestamente inconstitucional", dijo.

Los ministerios de Sanidad e Igualdad, por su parte, avisaron de que están "vigilantes" ante los incumplimientos de la norma, que establece un plazo de aborto libre hasta la semana 14. Isabel Martínez, secretaria general de Políticas de Igualdad, tachó ayer de "irresponsable" la actitud de Valcárcel y recordó que existen procedimientos sancionadores para las regiones que incumplan.

Pero a falta de una acción clara por parte del Gobierno, no está claro qué va a ocurrir en las comunidades incumplidoras, como Murcia, una región donde, en 2008, se practicaron 5.000 abortos, y la actitud respecto a la ley de plazos es de insumisión. Además de porque esperan el dictamen del Constitucional, fuentes del Gobierno murciano explicaron que tienen otro motivo para no aplicar la regulación: "Enviamos una carta a Sanidad para que nos aclarase cuestiones de la ley y no hemos recibido respuesta".

Pero Murcia no es la única que desafía la norma. Navarra -gobernada por UPN con apoyo del PSOE, y que también ha recurrido al Constitucional la ley por "invasión de competencias"- seguirá sin practicar abortos, según confirmó la consejera de Sanidad María Kutz. A pesar de que la ley marca que todas las mujeres tienen derecho a someterse a esta intervención en su territorio "salvo cuestiones excepcionales", Navarra seguirá derivando a las mujeres a abortar a otras regiones. Una salvedad que no supone, para Kutz, un incumplimiento.

A la amenaza murciana se sumó ayer otra comunidad, Galicia, que amagó con incumplir la ley pero que más tarde reculó. La Xunta declaró el viernes que no introduciría información propia de ayudas a las mujeres que quieran abortar en el sobre que, por decreto, las autonomías deben dar a las gestantes. "Seremos meros transmisores de Madrid", dijo un portavoz de la Consejería de Sanidad. Un claro incumplimiento, según Igualdad, del que el Gobierno gallego se desdijo a lo largo de la tarde de ayer, cuando colgó la documentación en la web.

También Valencia o Baleares mostraron dificultades para cumplir la norma. Ambas no tenían lista la documentación hasta ayer por la tarde, según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, que debía recibirla.

Pero acatar la regulación, aunque sea a última hora, no significa aplicarla de manera efectiva. Madrid se apresuró ayer a asegurar que cumpliría, pero el mecanismo que ha adoptado dificulta que la prestación se realice en centros públicos (donde sólo se hacen el 2% de los abortos), uno de los espíritus de la nueva ley. Esta región, además, alienta la objeción de conciencia médica. Un tema polémico, que no ha terminado de desarrollarse. Castilla La-Mancha (que concierta esta prestación con los centros privados) anunció ayer la creación de un registro de médicos objetores. Una vía para determinar cuántos son. Y es que en un sondeo hecho hace unos días a los médicos de los centros públicos, casi el 100% declaró que objetaría.

"Las comunidades están expectantes", insistió la portavoz de Igualdad del PP, que no criticó la actitud obstaculizadora de algunas regiones. "Nos vamos a esforzar para que baje el número de abortos, y para solucionar los problemas reales de las mujeres que se ven obligadas a ello", dijo.

Pero independientemente del color político, hay un incumplimiento casi general de uno de los puntos clave de la ley. Ayer, solo dos comunidades -Andalucía y Cataluña- habían formado el comité médico que deber analizar los casos de malformaciones.

Con información de Cristina Huete y Amaia Arrarás.

Los cambios legislativos sobre el aborto en España

- Octubre de 1983. El Congreso de los Diputados aprueba la ley orgánica que despenaliza la interrupción del embarazo en caso de riesgo físico o psíquico para la salud de la mujer sin límite de tiempo, malformaciones graves del feto (hasta un máximo de 22 semanas) o violación (hasta las 12 semanas).

- Abril de 1985. El Tribunal Constitucional falla en contra de la ley por considerar que no garantiza el derecho a la vida y a la integridad física de la mujer. La sentencia habla del nasciturus (no nacido) como un "bien jurídicamente protegido" y establece que los derechos de la mujer no pueden tener "primacía absoluta" sobre los del feto, salvo en los tres supuestos que contempla la ley.

- Julio de 1985. El Gobierno modifica la norma: un médico especialista deberá emitir un informe en el supuesto de riesgo para la madre, y el Estado tendrá que garantizar la comprobación de los casos y la realización de abortos en centros públicos o privados debidamente autorizados. Además, "en caso de urgencia por riesgo vital para la gestante" podrá precindirse del dictamen médico prescriptivo y del consentimiento expreso de la mujer.

En el mes de agosto entra en vigor la Ley Orgánica 9/85.

- Julio de 1995. El Ejecutivo presenta un anteproyecto para despenalizar un cuarto supuesto: si el embarazo supone un conflicto personal, familiar o social para la mujer, esta podrá interrumpir su gestación hasta la semana 12. El Congreso de los Diputados aprueba la iniciativa, pero la convocatoria anticipada de elecciones y la oposición de Partido Popular y CiU impiden que llegue a tiempo al Senado.

- Febrero de 2007. Agentes del Seprona se presentan en la clínica madrileña Isadora, supuestamente para revisar la gestión de residuos. Abren los contenedores sin autorización judicial y consiguen iniciar un caso. En noviembre de 2009 la Justicia decide que no hay pruebas de que el centro practicase abortos fuera de plazo.

- Julio de 2007. Comienza la investigación judicial de tres clínicas del grupo Ginemedex-TCB en Barcelona tras la denuncia de un grupo católico. El director, Carlos Morín, su esposa y varios trabajadores entran en prisión por realizar interrupciones de embarazos de hasta 30 semanas. En enero quedan en libertad Morín, su mujer y una colaboradora, pendientes de juicio.

- Septiembre 2009. El Congreso aprueba el anteproyecto de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo: permite el aborto libre hasta las 14 semanas y hasta las 22 semanas en caso de riesgo para la salud de la mujer o anomalías graves del feto. A partir de los 16 años, las menores pueden abortar sin informar a los padres si sufren una situación familiar problemática.

- 17 de diciembre de 2009. El Congreso aprueba la nueva ley con 184 votos a favor (PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y dos diputados de Convergencia (CDC-CIU), 158 en contra (PP, CC, los cuatro de Unió (UDC-CiU), tres de Convergència, UPN y UPyD). La otra diputada de Convèrgencia, Inmaculada Riera, fue la única abstención y el popular José Madero votó, por error, a favor de la norma.

- 1 de junio de 2010. El PP recurre ante el Tribunal Constitucional y solicita la suspensión de la entrada en vigor de la ley. El Gobierno de Navarra también presenta un recurso alegando que invade competencias de la comunidad, donde actualmente no se realizan interrupciones del embarazo.

- 24 de junio de 2010. Los grupos parlamentarios Nafarroa Bai, PSN e IU se unen para aprobar una proposición de ley que garantice el derecho a abortar en Navarra.

- 5 de julio de 2010. Entra en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, a la espera de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los recursos del PP y del Gobierno de Navarra.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de julio de 2010

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