Un arzobispo anima a la insumisión al aborto: "Esta ley no es ley, no obliga"

"Impidamos la tiranía. Tratemos de parar esta lacra del aborto que, solo en España, ha destruido ya más personas que las que hay en las ciudades de Zaragoza, Córdoba y Burgos". Con este dramatismo se expresa el arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, en una carta pastoral en la que presenta al poder ejecutivo y legislativo como los nuevos Herodes de la modernidad. "En la vida de las personas, instituciones y pueblos existen fechas que se borrarían del calendario, si la historia pudiese rebobinar sus páginas. El 5 de julio de 2010 es una de ellas para los españoles. Ese día se ha promulgado una ley inicua, que se opone frontalmente a la recta razón y a la justicia más elemental", afirma el arzobispo.

Aunque el Tribunal Constitucional la ampare, "oponerse no merece sanción"

La truculenta execración del pontífice de Burgos, miembro del Opus Dei y del Consejo Pontificio de la Familia en el Vaticano, no solo califica esta ley como criminal. También reclama de los ciudadanos una enérgica rebeldía contra su cumplimiento. "Digámoslo con total claridad: esta ley no es ley, aunque se presente así por algunas instancias políticas y legislativas. Nadie tiene derecho a eliminar a un inocente. Por eso, no obliga. Más aún, exige una oposición frontal y sin distingos", proclama.

No es la única pastoral emitida estos días por la jerarquía del catolicismo español, que está reaccionando como si la despenalización del aborto voluntario fuera una novedad en España, o este fuese el primer país del mundo en legislar sobre la materia. Entre los prelados que han alzado sus voces con energía figuran los arzobispos de Valencia, Zaragoza y Oviedo, Carlos Osoro, Manuel Ureña y Jesús Sanz, respectivamente.

Pero ninguno se ha expresado con la virulencia del prelado de Burgos, que sostiene que la nueva ley del aborto (en realidad, Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo) "no puede ser ley porque es injusta". El Tribunal Constitucional decidió la semana pasada no suspender su entrada en vigor, como le había solicitado el Partido Popular en un recurso de inconstitucionalidad. En España la interrupción voluntaria del embarazo es legal en determinados supuestos desde hace 25 años.

El arzobispo Gil Hellín considera que los poderes del Estado no tienen derecho a legislar sobre esa materia, que tacha de homicida. Dice: "La recta razón no puede admitir como derecho matar a una persona que no tiene ninguna culpa. He dicho razón, no religión. El derecho a existir de una persona ya concebida, aunque todavía no haya nacido, no es una creencia de esta o aquella religión. No se requiere ser creyente para afirmar que un inocente tiene derecho a ser defendido y respetado en su integridad. La recta razón comprende que una persona humana no puede ser destruida por una responsabilidad ajena. Menos todavía si es por ganar dinero o votos. El sentido común se rebela".

El prelado también duda de la legitimidad del Gobierno o de las Cortes. "Es una falacia afirmar que esta ley ha sido aprobada por la mayoría del Parlamento y que este representa a la mayoría de los ciudadanos; o decir que si el Tribunal Constitucional lo dictamina conforme, sería una desobediencia oponerse, y merecería una sanción. La falacia consiste en atribuir a políticos, jueces o ciudadanos un derecho que no tienen. Nadie tiene derecho a legislar que se puede matar a un inocente", afirma el arzobispo.