La Xunta se niega a informar como obliga la ley a las mujeres que aborten

Galicia será la primera comunidad española que incumplirá uno de los apartados de la ley del aborto. La Xunta no introducirá información propia relacionada con las ayudas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en el sobre que, por decreto del Gobierno estatal, las autonomías deben entregar a las gestantes a partir de hoy. Aunque la Consellería de Sanidade sostiene que cumplirá "escrupulosamente" la ley española, fuentes del mismo departamento de Pilar Farjas han confirmado a este diario que Sanidade será un "mero transmisor de la información que meta Madrid" en el paquete.

"Introduciremos en el sobre los folletos que envíe Madrid, con la información que ha aprobado el Gobierno", señalan las fuentes oficiales de Sanidade destacando que, de esta forma, "se aplicará la ley, pendiente aún de recurso" sin que la comunidad gallega realice ninguna aportación. La decisión de no introducir información relativa a centros de salud sexual y reproductiva, así como la relacionada con las posibilidades que tienen las gestantes que deseen abortar de continuar percibiendo ayudas, es para el Ministerio de Igualdad, un "claro incumplimiento del decreto".

"Si Galicia se declara en rebeldía recibirá un requerimiento", advierte el Gobierno

El Foro de la Familia felicitó al Ejecutivo de Feijóo por sus iniciativas

"Si Galicia se declara en rebeldía recibirá un requerimiento de Política Territorial", sostienen fuentes de este departamento ministerial sorprendidas por el anuncio de la Xunta cuando otras comunidades de Gobierno popular, como Valencia o Castilla y Leon, "tienen ya el procedimiento listo y adaptado a la ley" española. Galicia, como otras comunidades gobernadas por el PP, ha aprobado su propia ley de "apoyo a la embarazada" que choca frontalmente con la del aborto.

La norma gallega, aprobada el pasado 22 de junio, por la que se regula "una red de apoyo a la mujer embarazada" partió del antiabortista Foro de la Familia que presentó una iniciativa popular avalada por 24.000 firmas. Esto es, la ley gallega de "apoyo a las embarazadas" parte del mismo colectivo que organizó la concentración del pasado sábado ante el Tribunal Constitucional para protestar contra la ley del aborto. El colectivo promotor de la normativa gallega considera que la ley estatal "facilita el negocio privado, abandona a la embarazada y traslada a los médicos la patria potestad respecto a las menores".

Esta asociación se muestra encantada con el respaldo de la Xunta a su propuesta. Hace unos días difundió un comunicado de felicitación por la aprobación de esta norma que, en su opinión, sitúa a Galicia entre las comunidades "pioneras en el reconocimiento de los derechos de la mujer".

La Xunta ni confirma ni desmiente que vaya a delegar en el colectivo la aplicación del "apoyo" a las embarazadas gallegas. Fuentes del Gobierno gallego sostienen que "en ningún punto de la ley" se establece que el Foro de la Familia vaya a participar en su aplicación. Sin embargo, en declaraciones a este periódico, el Ejecutivo deja claro que el objetivo de la norma es poner a disposición de las mujeres los recursos "sanitarios, sociales, educativos y de cualquier otro tipo, tanto públicos como privados, que permitan ayudar a llevar a buen término los embarazos".

Con la filosofía antiabortista patente desde la iniciativa popular que dio origen a la norma, los colectivos que trabajan en Galicia en áreas relacionadas con la mujer se cuestionan si el "apoyo" de la ley gallega será moral o ideológica más que de infraestructuras, porque la Xunta todavía no ha precisado qué recursos dedicará a su aplicación. De momento, el Gobierno gallego se plantea el "apoyo" a las embarazadas en términos que eluden mencionar la interrupción de los embarazos. Sanidade asegura que Galicia aplicará "estrictamente" la ley española pero "garantizará" la seguridad jurídica de los profesionales y su "derecho a la objeción de conciencia" mientras que a las mujeres les ofrece una "asistencia sanitaria de calidad".

El Ejecutivo gallego se da un plazo de un año para desarrollar la ley que será transversal e implicará a áreas de sanidad, educación, vivienda, transporte, emigración, trabajo, bienestar e igualdad. Todas ellas elaborarán en 12 meses un "plan integral de apoyo a la mujer embarazada" encaminado a que la gestión "llegue a buen término". En los próximos días se creará una comisión controlada por Presidencia para cohesionar el trabajo.

Los colectivos de mujeres (matronas, asociación O parto é noso, trabajadoras de centros de información a la mujer y federación de apoyo a la lactancia) observan con recelo la nueva ley de la que aseguran que no fueron informadas ni consultadas, mientras denuncian el "desmantelamiento" de servicios tradicionales de apoyo a las mujeres. Las profesionales no se explican por qué la Xunta se empeña en "tutelar" a mujeres ya adultas y aseguran que ya ahora "en ningún ámbito del sistema sanitario se le niega a nadie culminar su embarazo".