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Las empresas y el Gobierno estadounidense preparan su defensa legal por el vertido

La Casa Blanca pide una reserva de 7,8 millones de euros para responder a las denuncias.- La empresa suiza propietaria de la plataforma intenta acogerse a una ley de 1851 para limitar sus responsabilidades

Después de tres semanas del incidente que provocó el vertido de la plataforma Deepwater Horizon, que sigue incontrolado en aguas del golfo de México, las empresas que gestionaban la perforación de crudo y el Gobierno federal se preparan para responder a las más de 100 demandas que ya han llegado a distintos juzgados de Estados Unidos, interpuestas por pescadores afectados, grupos ecologistas y los familiares de las 11 víctimas que perecieron en la explosión.

Ayer por la noche (madrugada de hoy en España), la Casa Blanca pidió que el Congreso reserve una partida de 7,8 millones de euros para responder a las denuncias. Ese dinero, asegura el Gobierno en un memorando dirigido a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se necesita para "los gastos de litigación relacionados con la defensa directa y de fondo asociada con el vertido de crudo de la Deepwater Horizon que no pueda ser atribuido a las partes responsables o al fondo de responsabilidad del vertido".

Hasta la fecha, tanto el presidente Barack Obama como diversos miembros de su Administración han mantenido que la petrolera BP, responsable de la explotación del yacimiento a 64 kilómetros de las costas de Luisiana, pagará todos y cada uno de los gastos originados por el vertido. En ese informe, sin embargo, queda claro que el Gobierno se prepara también para demandas presentadas contra él.

El lunes y el martes pasados, representantes de las tres empresas que trabajaban en la plataforma -BP, Transocean y Haliburton- protagonizaron un fuego cruzado de acusaciones y evasivas en el Congreso que enervó a los legisladores que les interrogaban. Hoy, una de ellas, la suiza Transocean, dueña de la plataforma, ha presentado una demanda en un juzgado de Houston en el que pide que se limiten sus responsabilidades a 21 millones de euros, de acuerdo con una ley norteamericana de 1851.

Según esa ley, el dueño de una embarcación es responsable sólo del valor del mismo barco y su carga después de un accidente, siempre y cuando no haya habido negligencia por su parte en las causas del mismo. Desde principios del siglo XX se considera una norma obsoleta, ya que se aprobó cuando todavía no existían los sistemas de seguros que las empresas contratan hoy en día y porque limita responsabilidades tanto por pérdidas materiales como humanas. Las familias de las víctimas del Titanic lo pudieron comprobar de primera mano.

El 25 de mayo de 1914 el Tribunal Supremo de EE UU decidió que la empresa dueña del Titanic, británica, podía responder a las demandas presentadas en su contra por las familias de los 1.517 fallecidos en el accidente y por los dueños del cargamento que se perdió, pero sólo hasta un máximo de 91.000 dólares de la época. Los afectados habían presentado demandas por concepto de hasta 13 millones de dólares, pero la ley de 1851 limitó su responsabilidad.

Transocean gestionaba la plataforma para BP. Según las investigaciones en el Senado y la Cámara de Representantes, sus técnicos retiraron un material conocido como lodo bentonítico antes de que la subcontrata Halliburton aplicara sobre el yacimiento un tapón de cemento, lo que permitió la fuga de gas metano, que acabó facilitando la explosión . Transocean, sin embargo, atribuye todas las decisiones en la plataforma a BP. Esta demanda de limitación de responsabilidades "es necesaria para proteger los intereses de los empleados, los accionistas y la empresa", asegura la compañía en un comunicado.

El vertido sigue incontrolado. BP, responsable de la explotación comercial del yacimiento, que carecía de un plan de emergencia en caso de accidente en la plataforma, no sabe exactamente cómo sellar las dos fisuras de las que emana el crudo. Su única medida exitosa, hasta el momento, ha sido recoger y quemar crudo y dispersar un químico disolvente sobre la mancha que ha evitado que llegue a las costas de Luisiana. Según las últimas estimaciones de la empresa, los gastos de limpieza superan ya los 354 millones de euros.