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Una diputada escocesa enferma de Parkinson lucha por que se legalice el suicidio asistido

Su caso se suma al de Debbie Purdy, con esclerosis, y un ex deportista paralítico que acabó con su vida en Suiza

La diputada escocesa Margo MacDonald, enferma de Parkinson, ha anunciado que presentará próximamente ante el Parlamento de Escocia un proyecto de ley para intentar que se legalice el suicidio asistido.

Su caso reactiva el debate provocado por el suicidio en Suiza del ex jugador de rugby Daniel James, totalmente paralizado a sus 23 años. La policía británica está investigando las circunstancias de la muerte del joven deportista en una clínica suiza especializada en suicidios asistidos.

Otra británica llamada Debbie Purdy, que sufre de esclerosis múltiple, pretende que la justicia clarifique su posición sobre las personas que ayudan a los enfermos a quitarse la vida. Quiere saber si pueden ser perseguidas legalmente.

"Creo que es inhumano y además fútil que las leyes denieguen ese derecho. Considero que hay que cambiar la legislación para proteger, no sólo la dignidad de los pacientes a la hora de morir, sino también para garantizar que los médicos no se vean obligados a ayudar a un paciente a morir antes del fin natural de su vida", ha manifestado la diputada.

El pasado marzo, durante un debate parlamentario, Margo MacDonald dijo que debería permitírsele quitarse la vida si sus dolores se volvieran un día insufribles. El proyecto de ley propuesto por MacDonald incorporaría a los principios de los cuidados paliativos el derecho de un paciente a escoger el momento de poner fin a su vida con ayuda ajena.

La parlamentaria hizo el año pasado un documental sobre este tema en Holanda y afirma que el sistema aplicado en este país, por el que los enfermos pueden solicitar la ayuda de un médico reconocido para que los ayude a morir, es preferible a tener que viajar a Suiza para quitarse la vida en una clínica especializada, como han hecho hasta ahora más de cien británicos. En Suiza la eutanasia activa es ilegal, pero la asistencia al suicidio no está perseguida por la ley gracias a la benevolente interpretación de un artículo del Código Penal que establece que "no hay delito siempre que no haya motivaciones egoístas" en dicha asistencia.