El Supremo de EE UU frustra el intento de Bush por ilegalizar la eutanasia en Oregón

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha frustrado hoy, por seis votos contra tres, el intento de la administración Bush de impedir a los médicos practicar la eutanasia en el Estado de Oregón, el único del país que tiene en vigor una ley que autoriza al suicidio asistido. Entre los que han votado en contra se encuentra el nuevo presidente del alto tribunal, John Roberts. Al margen del derecho a morir dignamente, el caso es de gran relevancia, ya que enfrentaba el poder del Gobierno federal de interpretar las leyes sobre Sanidad en el país contra la autoridad de los estados para regular la práctica de la medicina en sus jurisdicciones.

Los magistrados interpretan con esta decisión, que supone un apoyo implícito a la ley sobre eutanasia del Estado de Oregón, que el Gobierno de Washington no tiene poder para perseguir mediante una ley federal a los doctores que participen en suicidios asistidos al amparo de esta ley.

Los tres jueces del Supremo que se han pronunciado en contra esta decisión son los más conservadores de esta corte, los magistrados Antonin Scalia, Clarence Thomas y su presidente, John Roberts. La sentencia confirma la dictada en mayo de 2004 por un tribunal federal. Entonces, la decisión se interpretó también como una victoria de la filosofía federalista de descentralización del poder, ya que los magistrados no se pronunciaron sobre la moralidad de la ley sino que se limitaron a afirmar que el Departamento de Justicia se había extralimitado en sus atribuciones.

"Muerte con dignidad"

La ley, denominada Ley de la Muerte con Dignidad, fue aprobada dos veces en referéndum por los ciudadanos del Estado y ha sido usada en 220 casos de enfermos terminales desde que entró en vigor en 1997. El caso se remonta a 2001, cuando el entonces fiscal general (cargo equivalente en España a ministro de Justicia), John Ashcroft, intentó vaciarla de contenido al ordenar castigos para los médicos que recetaran fármacos letales. Pero en 2002 la Justicia dio la razón al Estado y anuló la normativa del ultraconservador titular de Justicia.

En una decisión que representa un duro golpe contra el Gobierno del presidente George W. Bush, los magistrados del Supremo determinan que Ashcroft se extralimitó en sus competencias al emitir la orden, que según el Supremo ni era legal ni se podía poner en práctica. La ley permite a los adultos a los que queden menos de seis meses de vida solicitar fármacos letales a sus médicos. Eso sí, al menos dos de los doctores tienen que certificar que los pacientes están en posesión de sus plenas facultades mentales.

La dosis, recetada por un médico, se la tiene que administrar el propio enfermo. En su orden, Ashcroft declaró que la eutanasia no es un fin médico legítimo dentro de la ley federal de Sustancias Controladas y que prescribir esos medicamentos para ese fin violaba la normativa del país. La orden amenazaba a los médicos que recetaran esas sustancias con la retirada del permiso para emitir recetas. Al redactar la opinión de la mayoría del Supremo, el juez Anthony Kennedy indica que la ley federal no permite que el ministro de Justicia prohíba la prescripción de esos medicamentos si una ley estatal la autoriza.