Condenados a 18 meses de libertad vigilada los ocho menores que acosaron a Jokin

Los ocho menores imputados en el caso de Jokin C.L., el menor que se suicidó en septiembre de 2004 tras sufrir el acoso de sus compañeros de clase, han sido condenados hoy a 18 meses de libertad vigilada cada uno por un delito contra la integridad moral. Además, cuatro de ellos pasarán tres fines de semana de internamiento en un centro de educativo por una falta de lesiones. En todo caso, el tribunal no les considera inductores del suicidio de su compañero de instituto. La familia de Jokin ya ha anunciado que recurrirá la sentencia al considerar "ridículas" las penas.

El Juzgado de Menores número 1 de San Sebastián ha notificado esta mañana a las acusaciones y la defensa el fallo que ha emitido contra estos menores, siete chicos y una chica, por el acoso sufrido por Jokin, quien se suicidó a los 14 años el 21 de septiembre de 2004 en Hondarribia (Guipúzcoa). Queda probado, según la sentencia, que Jokin se suicidó arrojándose al vacío desde la muralla de esta localidad, tras haber sido víctima de vejaciones y golpes en los días anteriores por parte de los jóvenes juzgados, un grupo con el que había empezado a tener relación a mediados del curso 2003-2004 en el instituto Talaia. Los menores se volvieron contra él porque, a través de Jokin, sus padres supieron que algunos habían sido sorprendidos en un campamento en agosto fumando hachís. Él fue el único que no interceptó la carta que los monitores enviaron a los progenitores sobre estos hechos y que motivó que la madre del fallecido alertara a los demás de lo ocurrido.

A partir de ese momento, comenzaron a tratarle como un "chivato", pues todos sentían que Jokin los había "traicionado", reproches que derivaron en empujones, golpes, balonazos, puñetazos, insultos y vejaciones en los días previos al comienzo del curso y recién empezado éste hasta que el menor se suicidó. Sin embargo, la juez de Menores entiende que, "bajo ningún concepto ni elemento de prueba", se puede concluir que ninguno de los ocho menores fuera "inductor" de la muerte de Jokin, ni "siquiera en su actuación grupal que es la que les hacía más fuertes y despiadados". La magistrada asegura que sabían que le causaban "daños", pero que no pasó por su cabeza "en ningún momento" que el adolescente fuera a acabar con su vida.

Un sentencia con una "meta educativa"

Añade que el suicidio "no cabe situarlo exclusivamente en la conducta" de los sus ocho compañeros "pues, aunque influyera, existen otras causas, desconocidas con pruebas objetivas que, unidas a aquellas, formaron el pilar base para que su estado psíquico adoptara el fatal desenlace". La condena, según explica, busca "una meta educativa como característica primordial", por lo que rechaza aplicar la medida de internamiento en un centro educativo solicitada por la acusación particular, ejercida por la familia de Jokin. Afirma que esta medida "no sólo es fruto de un sentimiento vindicativo", sino que "impediría el trabajo que ha de efectuarse con estos menores para asumir no sólo su responsabilidad por el daño causado, sino su normalización en el medio en el que tienen que desarrollarse, lo que unido a un entorno familiar favorable augura un éxito en la respuesta que ha de exigírseles".

Con la libertad vigilada se pretenden varios objetivos, entre ellos, fomentar el "desarrollo moral" de los menores y su "responsabilidad y desarrollo empático hacia los sentimientos del entorno de la víctima", así como "la aceptación, no culpabilidad, de las consecuencias de sus actos, superando la negación y la justificación". Los menores estarán obligados durante los 18 meses a participar en un tratamiento psicológico y en actividades de tiempo libre para adquirir pautas no agresivas, además de cumplir con su tarea formativa. Se aconseja la "terapia grupal" para que trabajen "aspectos deficitarios" de su personalidad, como preparación en técnicas de manejo de ansiedad y control de impulsos o la participación en un programa de resolución de problemas para adolescentes.

Los tres fines de semana de permanencia en un centro educativo impuestos a cuatro de ellos tienen como fin que los menores "sean conocedores de las consecuencias negativas que un comportamiento agresivo comporta y en atención al reproche penal que su conducta impone", por ser los autores directos de las lesiones. Tras conocer la sentencia, la familia de Jokin, que solicitaba penas que sumaban cuatro años y seis meses de reclusión en un centro de régimen cerrado para cada uno de los acusados, así como 20 horas de trabajo en favor de la comunidad por una falta de lesiones, ha anunciado que recurrirá ya que considera "ridículas" las penas. Su portavoz, el abogado Miguel Ángel Ceberio, ha explicado que fundamentalmente discrepa con la decisión de la juez de subsumir en el delito contra la integridad moral el de lesiones psíquicas.