Interior reforzará las unidades especializadas en proteger a las víctimas de violencia de género

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha anunciado hoy que Interior va a elaborar un plan de "actuación inmediata" de refuerzo de las unidades especializadas en la protección de las víctimas de violencia de género, y ha asegurado que en esta tarea trabajan ya 700 miembros de las fuerzas de seguridad. Los sindicatos niegan esta cifra y hablan de sólo 354 agentes. Caldera ha hecho este anuncio en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el que ha presentado un informe con motivo de la entrada en vigor, hoy, de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

El ministro también ha avanzado que se va a desplegar una "ofensiva" con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para firmar convenios que permitan a las policías locales actuar en funciones de policía judicial para proteger a las mujeres objeto de violencia de género. "Habrá más refuerzos a medida que la oferta de empleo público y la reposición de plazas vacantes lo permita, e iremos reforzando este año y los próximos", ha agregado el ministro quien, a la pregunta de si los 450 agentes anunciados estaban activos, ha subrayado que al servicio de las maltratadas trabajan 700. La ley aúna medidas preventivas y educativas con iniciativas de protección y asistencia a las víctimas, que tienen desde hoy derechos laborales específicos y ayudas económicas, al tiempo que establece penas más duras para los agresores.

Caldera también ha detallado las principales medidas que se están poniendo en marcha. Se revisarán y elaborarán nuevos protocolos de actuación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los jueces, los servicios sociales, servicios sanitarios e instituciones encargadas de prestar asistencia a las víctimas para que cuenten con todas las garantías cuando carezcan de recursos para litigar. Interior garantizará que las víctimas sean informadas del derecho de teleasistencia, un servicio de cuya implantación se encargará la secretaría de Estado de Servicios Sociales, por lo que se firmarán convenios con la FEMP y protocolos con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El CGPJ emitirá instrucciones para garantizar la coordinación entre la protección que brinda la orden de protección y la teleasistencia. Se garantiza la equidad interterritorial en la implantación de los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo, de acogida y de atención integral.

Una ley de "largo alcance y largo aliento"

El programa de empleo incluye uno específico para mujeres maltratadas con medidas que favorezcan una actividad por cuenta propia, e incluye bonificaciones a las que tiene derecho la empresa en el supuesto de sustitución de la trabajadora víctima cuyo contrato laboral quedara suspendido y hasta su nueva reincorporación. Las víctimas que participen en estos programas tendrán derecho a la percepción de la renta activa de inserción; de no hacerlo tendrían derecho a una ayuda equivalente al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Las trabajadoras víctimas de violencia de género que suspendan o extingan su contrato tendrán derecho de prestación por desempleo. Caldera ha anunciado también campañas de información y sensibilización contra esta lacra y programas para el personal sanitario, docente y funcionarios de Justicia y de Seguridad.

"Tengo confianza en que esta ley ayudará a corregir la tendencia de muertes que hay ahora", ha señalado el ministro, quien sin embargo es "prudente" ya que se trata de una norma de "largo alcance y largo aliento". En su opinión, la ley surtirá efectos a medio y largo plazo y permitirá una "rebelión social". Por su parte, el vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha manifestado que en la lucha contra la violencia de género se logrará la victoria si trabajan de forma unida hombres y mujeres desde el hogar, la escuela, el trabajo y desde toda la sociedad.

Esta ley, que fue aprobada por unanimidad el 22 de diciembre en el Congreso, nace con el objetivo de convertirse en instrumento central en la lucha contra esta lacra social. Aunque hoy entra en vigor, el Gobierno dispone de seis meses desde ahora para implantar medidas como los juzgados de violencia sobre la mujer y adecuar la estructura de la Fiscalía a los nuevos fiscales especiales; la previsión es crear 21 juzgados nuevos y reformar 428 de los existentes. Habrá también seis meses para adecuar el reglamento penitenciario e iniciar programas de tratamiento y rehabilitación de los agresores, y se esperará a la reforma de la Ley de Calidad de la Enseñanza para incluir en secundaria una asignatura sobre igualdad.