La Ley contra la Violencia de Género entra en vigor sin policías suficientes

Más de 60.000 denuncias anuales por delitos y faltas, unas 20.000 órdenes de protección y otras 14.000 de alejamiento, 72 vidas segadas en 2004. Son las cifras de la violencia contra las mujeres. La Ley Integral contra la Violencia de Género entró ayer en vigor con el reto de hacer frente a este terrible fenómeno. Sin embargo, la protección de las víctimas está en manos de 450 agentes, a los que el Ministerio del Interior asegura que se han de sumar otros 272 del Servicio de Atención a las Mujeres (SAM). Los sindicatos policiales niegan esta cifra y hablan de sólo 354 agentes.

El Ministerio del Interior considera que la dotación policial en España es suficiente para "cubrir razonablemente" las necesidades de protección de las mujeres maltratadas. Actualmente, se dedican exclusivamente a estas labores 450 agentes: 250 guardias civiles y 200 policías nacionales, que este año no serán reforzados. A esta cifra el departamento de José Antonio Alonso suma los miembros del Servicio de Atención a la Mujer, con 272 agentes. Pero, según los sindicatos policiales, estos agentes no ejercen funciones de protección, sino que se encargan de tareas de asistencia, tramitación de denuncias, diligencias, entre otras. Este departamento, contará antes de septiembre con 200 agentes más.

Además de la creación de unidades especializadas contra la violencia contra las mujeres, la ley que hoy entra en vigor contempla la cooperación de la policía local con el resto de los cuerpos para "asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales". Sin embargo, esa cooperación aún está pendiente de la firma de un protocolo que Interior está ultimando con la Federación Española de Municipios y Provincias.

Condiciones razonables

Mientras el Ministerio del Interior asegura que se afronta la aplicación de la ley "en unas condiciones buenas, hasta donde se puede prever razonablemente", desde los sindicatos de policía se ve la situación de forma bien distinta. Los sindicatos subrayan que la nueva norma es un paso muy importante y que la apoyan totalmente, pero su problema radica, en la falta de agentes para hacer frente a todas las mujeres agredidas o amenazadas. Sus datos sobre el número de agentes destinadas a las víctimas de la violencia contra las mujeres son bien distintos a los facilitados por Interior. Ellos aseguran que sólo 354 agentes están dedicados a estas labores: 194 policías y 160 guardias civiles.

"No se puede proteger a una mujer las 24 horas del día y menos con la plantilla que tenemos", afirman con impotencia. Además se quejan de no haber recibido ninguna comunicación previa a la entrada en vigor de la norma. "No sabemos si se reforzarán las unidades", asegura José Manuel Sánchez-Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), "de momento a nosotros no nos han comunicado nada".

Fernando Carrillo, presidente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), explica que su caso es peor "porque muchos de los agentes que tienen que proteger a mujeres se encargan además de otras actividades". Al contrario que la policía, en el instituto armado no se aplica la asignación de mujeres maltratadas a un agente concreto, "la víctima es atendida por agentes del cuartel más cercano", indica. Y concluye: "Cuando se hace una ley hay que dotarla de medios para que pueda cumplirse".

También se muestra crítica en este apartado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, que considera que en conjunto la ley es una buena ley, y valora especialmente la creación de juzgados especializados. "Creo que lo que de verdad flaquea en la ley", indica, "y que se aborda de una forma muy genérica es lo que afecta a la seguridad de las víctimas". La magistrada indica que lo que preocupa a los jueces es que una vez dictada la orden de protección, hay incumplimientos importantes, que muchas veces no son detectados a tiempo, "si se consigue atajar esto ayudará a salvar una vida o a preservar la integridad física de la mujer".

También muestra su escepticismo sobre la ejecución del artículo que establece la coordinación de la policía local para atajar la violencia. "Las policías locales dependen de los ayuntamientos y ellos comentan que el problema que tienen es que en sus tareas habituales ya tienen problemas de personal, y no tienen presupuesto suficiente para ampliar plantilla", indica.