El CGPJ abre expediente a un juez por ignorar un caso de violencia doméstica que acabó en asesinato

La Comisión Disciplinaria del Poder Judicial ha decidido por unanimidad "incoar expediente disciplinario" por la posible comisión de una falta muy grave al titular del Juzgado número 3 de Barcelona, ante el que una mujer, Ana María Fàbregas, asesinada por su marido denunció en 13 ocasiones las amenazas que recibía.

Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado, la decisión fue adoptada por unanimidad de los cinco miembros de la Comisión Disciplinaria reunida ayer por la tarde. Según fuentes judiciales, el magistrado Gonzalo de Dios puede haber incurrido en una falta muy grave prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con la desatención en la tramitación del proceso.

Este artículo establece como falta muy grave "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales", lo que está multado con suspensión, traslado forzoso o separación.

La intervención del Observatorio

Ahora, un magistrado instructor se hará cargo de este expediente y escuchará al juez afectado, tras lo cual la propia Comisión Disciplinaria deberá decidir si ha existido falta y por lo tanto le sanciona o si se debe archivar. En caso de que continúe considerándose la existencia de una falta muy grave, será el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el encargado de hacerla firme.

Este caso data de principios de julio, cuando la Comisión Disciplinaria de CGPJ decidió abrir diligencias informativas a este juez a propuesta del Servicio de Inspección, al que se dirigió la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Monserrat Comas, para que emitiera un informe.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de junio cuando el acusado, Pedro Martínez Bustos, de 49 años, mató a su ex mujer, María Fàbregas Escuder, de 52 años, a martillazos en el portal de su casa. Según explicó la presidenta del Observatorio, desde el 30 de septiembre en que la fallecida presentó la primera denuncia hasta el día de su muerte, el Juzgado no acordó en ninguna ocasión su declaración ni ninguna otra diligencia de prueba y sólo en marzo se decidió que el acusado declarara, se le detuvo porque no comparecía y el 19 de mayo fue puesto en libertad sin que le tomaran declaración.