Los jueces han dictado en un mes 1.390 órdenes de protección para maltratadas

Los jueces han dictado una media diaria de 29 órdenes de protección en favor de las víctimas de la violencia doméstica desde que entró en vigor esta nueva herramienta, el pasado 2 de agosto. En apenas cinco semanas, se han presentado 1.390 solicitudes. Fueron admitidas 1.074 (el 77%). Los datos, "positivos", son "la punta del iceberg de un problema que afecta a miles de personas", según la vocal del Poder Judicial Montserrat Comas.

Satisfacción y prudencia. La presidenta de la comisión encargada de vigilar el funcionamiento de la orden de protección, la vocal del Consejo General del Poder Judicial Montserrat Comas, y el director general de Modernización de la Justicia, Alberto Dorrego, dieron a conocer ayer los primeros datos nacionales sobre la aplicación de esta nueva herramienta. Ambos hicieron un balance provisional favorable del nuevo sistema que permite a los jueces de guardia dictar, en un plazo máximo de 72 horas, medidas cautelares penales (como el alejamiento del agresor) y civiles (adjudicación del domicilio y/o la custodia de los hijos a la persona maltratada).

"Estamos ante un avance en la protección a las víctimas, pero las cifras son la punta del iceberg de un problema que afecta a miles de personas", remarcó Comas. "Aún es pronto para saber si la orden de protección tendrá efectos disuasorios para los agresores", añadió.

Entre el 2 de agosto y el 7 de septiembre, 1.390 víctimas de la violencia doméstica han solicitado la orden de protección. Los jueces de guardia han admitido 1.074 peticiones y rechazado 316 (23%). En la mayoría de los casos se trataba de faltas. En esos 37 días, también, cinco mujeres perdieron la vida a manos de sus maridos, novios o ex parejas.

Los datos por comunidades autónomas son poco homogéneos, sobre todo respecto al nivel de aceptación de las solicitudes (ver gráfico). Mientras en Asturias o Navarra se ha denegado la mitad de las solicitudes presentadas (una decena), el menor rechazo (14%) ha correspondido a Andalucía (237 peticiones, el mayor número de España) y Castilla-La Mancha (66).

Las divergencias también se observan en los datos puntuales de las grandes ciudades. Mientras en Madrid se presentaron 105 solicitudes, denegadas en el 26% de los casos, en Barcelona se pidieron 25 órdenes y todas quedaron admitidas (véase EL PAÍS del sábado).

Las medidas penales, fundamentalmente el alejamiento, han sido las más empleadas, en 1.010 órdenes. En 362 casos han ido acompañadas de medidas civiles. Estas últimas se han dictado en solitario en 64 ocasiones. La gran proporción de mandatos de alejamiento contenidos en las órdenes de protección choca con la situación mantenida hasta ahora: a menudo los jueces se mostraban remisos a dictar esta medida penal. El cambio de actitud obedece, sobre todo, a que el juez tiene que decidir la protección que aplica en un plazo máximo de 72 horas, según Comas. A juicio de Dorrego, otro elemento determinante ha sido el aumento de los juzgados de guardia abiertos las 24 horas. A ellos se añade que se trata de una medida cautelar que se ratificará, o no, en un juicio que debe celebrase antes de 15 días.

Vigilar los alejamientos

La comisión de seguimiento de la orden de protección (formada por representantes de la Administración General del Estado y del mundo de la justicia) estudió en su reunión de ayer la vigilancia de los alejamientos, una medida que a menudo se incumple. "Sabemos que tenemos que avanzar en esa cuestión", afirmó Montserrat Comas. Este periódico intentó, sin éxito, obtener información del Ministerio del Interior sobre su plan de dedicar 500 policías a proteger a las víctimas de la violencia doméstica de sus agresores. Tampoco la obtuvo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la concesión de 300 euros al mes a las víctimas de la violencia doméstica sin recursos.

Tras la puesta en marcha de la orden de protección, que permite a un solo juez dictar medidas penales y civiles, en las próximas semanas se completará la reforma legislativa que tiene como objetivo perseguir una lacra se ha cobrado la vida de al menos 50 mujeres en lo que va de año.

El primer cambio se producirá tras la aprobación definitiva, el miércoles en el Senado, de la reforma del Código Penal. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. El nuevo texto permitirá tipificar como delito la primera agresión en prácticamente todos los supuestos. Hasta ahora la mayoría de los casos se tipificaban como falta.

Otra reforma en trámite parlamentario, la referida a la prisión preventiva, completará la eficacia de la orden de protección. Cuando esté en vigor -el mes que viene según las previsiones del Ministerio de Justicia- se podrá ordenar la prisión preventiva de cualquier agresor que incumpla una orden de alejamiento respecto a su víctima.