Eficacia de la justicia y protección de las víctimas

La violencia de todo orden ejercida dentro del entorno familiar, y en particular la denominada violencia de género, forma parte de aquellas zonas más oscuras, atávicas y profundamente inmorales del comportamiento humano contra la cual la sociedad en su conjunto se rebela con creciente indignación y cada vez con más abierta intolerancia.

Los ciudadanos del moderno Estado constitucional, afanosamente edificado a ambas orillas del océano Atlántico desde finales del siglo XVIII, se resisten a aceptar otra forma de relación, ya sea en el ámbito político, social, cultural o laboral, que aquella que se expresa en libertad y se ampara en el libre consentimiento. Por ello van impulsando a las instituciones del Estado a abandonar sus prejuicios seculares sobre la intervención en la esfera familiar, tradicionalmente considerada como una prolongación de la intimidad personal y enmarcada en el inexpugnable reducto técnico-jurídico de la privacy.

La familia constituye, desde luego, un ámbito al cual las leyes y la acción de la Justicia han de aproximarse con extrema prudencia. Confluyen alrededor suyo, en una amalgama difícil de deslindar, intereses, necesidades y profundos sentimientos humanos que, a su vez, resultan con frecuencia contradictorios y cambiantes. Relaciones personales, en suma, siempre complejas en las que la libertad de convivencia, que presuntamente las fundamenta, muchas veces no es más que una mera apariencia de otras realidades terriblemente más degradadas.

En España, al igual que en el resto de las naciones civilizadas de nuestro entorno jurídico-político, vamos imponiendo estándares de protección cada vez más exigentes. No satisfechos con la aplicación de las figuras delictivas comunes hemos diseñado tipos penales singulares orientados a prevenir y reprimir con especial rigor las conductas violentas, físicas y psíquicas, realizadas en el entorno familiar. El Estado, consciente de la especial vulnerabilidad de estas víctimas, atribuye un desvalor adicional a estas acciones y les anuda, con toda justicia, un mayor reproche penal.

La reforma del Código Penal en materia de seguridad ciudadana y violencia doméstica que ha impulsado este Gobierno, que mañana será aprobada definitivamente por las Cortes Generales y entrará en vigor en los próximos días, ha elevado considerablemente el nivel de protección a las víctimas transformando prácticamente todas las faltas de malos tratos que hasta ahora contemplaba el Código Penal en un nuevo delito castigado con pena privativa de libertad.

Sin embargo, como es sobradamente conocido, el robustecimiento del Derecho Penal en materia de malos tratos familiares y el ensanchamiento de sus fronteras no garantiza, por sí solo, la seguridad de las víctimas. Lo decisivo es la capacidad de prevención de las agresiones y la protección de las personas potencialmente destinatarias de las mismas. Es decir: la eficacia de la respuesta cautelar del sistema judicial y policial.

El esfuerzo realizado en este punto a lo largo del último año por el Ministerio de Justicia, firmemente apoyado por las fuerzas políticas parlamentarias y en estrecha colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, ha sido realmente excepcional.

El proceso de modernización de la justicia penal se inició con una reforma en profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incorporar un nuevo sistema de enjuiciamiento inmediato de delitos y faltas en todo el territorio nacional: los denominados juicios rápidos. Nacidos con el voto prácticamente unánime de las Cortes Generales, fueron objeto de una minuciosa preparación operativa, buscando (y obteniendo) el compromiso activo de jueces, fiscales, policías, abogados, así como de las Comunidades Autónomas.

Este inmenso esfuerzo organizativo ha producido como resultado un incremento muy significativo de la eficiencia global del sistema judicial penal con una cifra media de más de quince mil procedimientos rápidos al mes desde el inicio de su vigencia el pasado 28 de abril. De todos estos procedimientos rápidos, en los cuales la víctima obtiene una respuesta inmediata del sistema penal una parte muy significativa se refieren a malos tratos familiares.

Finalmente, ayer hemos tenido ocasión de hacer un primer balance de la aplicación del nuevo instrumento jurídico preventivo impulsado por el Ministerio de Justicia: la orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica.

Nuevamente aquí hemos contado con el respaldo de las fuerzas políticas (la ley se aprobó con el apoyo unánime del Congreso y del Senado) y del mundo judicial, que ha hecho un esfuerzo sin precedentes por poner a punto su entrada en vigor en pleno mes de agosto.

Pues bien, según hemos podido constatar en la Comisión Nacional creada para la implantación de esta Ley -presidida por una persona con una excepcional vocación de servicio público y sensibilidad hacía este problema social: Montserrat Comas- casi 1.400 personas acudieron durante el mes de agosto a los Juzgados de Guardia de toda España buscando amparo y protección. El 77% de estas personas, víctimas de agresiones físicas o intimidaciones, obtuvo en menos de setenta y dos horas una orden judicial de protección. Un título jurídico que dispensa simultáneamente protección física (alejamiento del agresor, prohibición de aproximación...etc), protección jurídica (respuesta inmediata sobre la utilización de la vivienda familiar y el régimen de custodia de los hijos, principalmente) y protección social (activación inmediata de los instrumentos de asistencia social establecidos a favor de la víctima).

En este día de apertura del año judicial todos los que trabajamos con ilusión y entrega en su proceso de reforma y modernización tenemos un motivo más para estar honradamente orgullosos. Nuestra justicia no es esta maquinaria, torpe, lenta y burocrática que tantas veces algunos se empeñan en retratar, sino una organización que lucha con ahínco por renovarse y prestar cada día, en cada pequeño juzgado de España, un servicio de más calidad a los ciudadanos a los que sirve.

Alberto Dorrego es director general de Modernización de la Justicia