Cien maltratadas solicitan en sólo un mes la protección inmediata judicial
El 30% de las solicitantes de las nuevas medidas contra la violencia doméstica son extranjeras
Desde la entrada en vigor, el pasado 2 de agosto, de la orden de protección inmediata contra la violencia doméstica, 110 mujeres han acudido al juzgado de guardia de Madrid para pedir amparo frente a sus agresores. Esta orden permite al juez de guardia, casi sobre la marcha, obligar a un marido maltratador a dejar el hogar y a entregar provisionalmente la custodia de los hijos al cónyuge agredido. Los jueces han rechazado la mayoría de las peticiones por considerar que no existía un riesgo evidente para la integridad de la víctima.
No siempre los jueces otorgan esta protección especial a las mujeres que lo solicitan ya que se trata de una medida extrema y sólo aplicable en casos de riesgo objetivo para la integridad física de la víctima. "Cabe aplicar esta medida cuando, por ejemplo, un cónyuge persigue a otro o le ha dado una paliza", destacan medios judiciales.
El pasado 2 de septiembre, tras la vuelta de las vacaciones, fue el día que más peticiones de protección llegaron a los juzgados de la capital: ocho. Hasta entonces, la media era de tres y cuatro. La mayor parte de las solicitantes mantienen una relación estable con el presunto agresor y un 30% son extranjeras. Entre las medidas contempladas en la nueva norma están las ayudas de 300 euros al mes para las víctimas sin recursos económicos, que se pagan en menos de 72 horas.
Esta orden permite a los jueces penales adoptar medidas propias del ámbito civil y que, hasta ahora, sólo correspondían a los juzgados de familia. Ya hay jueces que cuestionan la constitucionalidad de esta nueva norma porque ha sido regulada mediante una ley ordinaria cuando debió hacerse a través de una ley orgánica, de mayor rango jurídico.
Atascos
Los atascos desorbitados y las demoras -hasta de seis meses- en los ocho juzgados de familia de la capital - que, según los jueces, deberían ser 16 dado su volumen de trabajo- son algunas de las causas que subyacen en el nacimiento de la nueva orden de protección.
Numerosos jueces entienden que, con esta medida, existe un claro riesgo de criminalizar asuntos cuya vía es la civil y de congestionar así los juzgados de guardia. "Esto es como las urgencias médicas; muchos usuarios obvian las de los ambulatorios y se van directamente a la del hospital", señala un magistrado de Madrid. "Algunos despachos de abogados están llevando sus casos de violencia doméstica al juzgado de guardia para evitar las demoras de los juzgados de familia", señalan otros medios.
Una petición de protección obliga al juez de guardia a efectuar una comparecencia, es decir, a escuchar a ambos cónyuges, juntos o por separado, dentro de las 72 horas siguientes, para decidir después sobre las medidas provisionales a aplicar. En Madrid se están dando casos en que el juez no localiza al agresor en el plazo de 72 horas y, por tanto, no puede celebrar la obligada comparecencia. "En esos casos, estamos alertando a la policía para que adopte medidas de protección a la víctima", subraya un magistrado.
Las medidas que adopta el juez que concede la protección -custodia de hijos, decidir quién se queda en el piso y quién debe abandonarlo- tienen una vigencia de un mes. Pero quedan sin efecto si en los 30 días siguientes la víctima no demanda la separación conyugal.
Tres de los seis juzgados de guardia que hay en Madrid atienden, junto a los juicios rápidos, este tipo de peticiones. La protección se puede solicitar en los centros de servicios sociales, en la fiscalía, en las comisarías o en el juzgado de guardia.
Tres mujeres han muerto en Madrid a manos de sus maridos en lo que va de año. La última fue Emilia del Carmen de Blas Albert, de 50 años, asesinada el sábado 23 de agosto por su marido, Juan Manuel Sánchez García, en su domicilio del Corregidor Diego de Valderrábanos, 69 (Moratalaz).
Las otras dos víctimas fueron Manuela Penabella, de 71 años, que fue asesinada por su esposo, de 73, en su domicilio de Puente de Vallecas, y María Manga, de 48, que murió tras recibir numerosos golpes en la cabeza propinados por su marido, de 47 años, en Ciempozuelos. También un hombre, Manuel García González, de 27 años, ha fallecido asesinado por su novia, de 26.
El año pasado fueron 5.136 las mujeres que denunciaron haber sufrido malos tratos a manos de sus maridos y compañeros, un 14% más que en 2001. Sin embargo, según los autores del estudio La violencia de pareja contra la mujer: magnitud del problema, de la Consejería de Sanidad, esas denuncias son sólo la punta del iceberg ya que dos de cada tres víctimas soportan las agresiones en silencio.
Un marido vigilando desde la calle
Entre las peticiones de protección presentadas a los jueces madrileños el pasado mes de agosto figuran las dos que se relatan a continuación. Una fue aceptada y la otra rechazada.
El magistrado dio protección a una mujer que acudió al juzgado de guardia para denunciar que su ex marido se había colocado delante de su casa y que la vigilaba a todas horas desde la calle.
El matrimonio había empezado con mal pie y pronto llegaron los problemas, con insultos y malos tratos frecuentes. De hecho, la pareja se separó poco tiempo después de la boda. Pero continuaron viéndose y, al final, los dos cónyuges decidieron reiniciar su vida en común. Sin embargo, los problemas y la violencia afloraron de nuevo.
La esposa se quedó con el piso común y el marido decidió dormir en un coche que habían comprado entre los dos. La tensión creció y la mujer terminó reclamando la titularidad del vehículo. Visiblemente enfadado, el hombre decidió montar guardia día y noche frente a la vivienda que había sido su hogar. Ella, asustada, pidió protección al juez de guardia. Y éste se la concedió porque, según fuentes judiciales, "existía un riesgo claro de que se repitieran las situaciones de maltrato".
Otras veces los jueces desestiman otorgar la protección. Eso ocurrió en el siguiente caso.
La historia comenzó a raíz de una disparidad de criterios entre dos cónyuges sobre qué hacer en un día libre. El marido quería ir a la piscina con el hijo de ambos y a la esposa le apetecía visitar a una hermana, un plan al que el hombre se negaba. Esta trivial diferencia de pareceres fue el origen de una fuerte discusión con insultos recíprocos. La mujer se hartó y acudió al juez para pedir una medida de protección, alegando que el matrimonio llevaba un buen tiempo con problemas. El juez denegó la solicitud porque no advirtió evidencias suficientes como para adoptar una medida extrema como la que ella le había solicitado: quedarse con la vivienda conyugal y también con la custodia del hijo.
Cuatro mujeres murieron el año pasado en la región a manos de sus maridos o compañeros. Un año antes las fallecidas fueron siete.
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