El Congreso debate hoy tres proposiciones para despenalizar la eutanasia

El pleno del Congreso de los Diputados debatirá esta tarde la toma en consideración de tres proposiciones de ley presentadas por Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya-Los Verdes y Esquerra Republicana de Catalunya (estos dos últimos integrados en el Grupo Mixto) para despenalizar la eutanasia.

Las proposiciones de los partidos catalanes son prácticamente idénticas ya que han tomado como referencia un texto que ya se debatió en el Parlament de Catalunya. Las iniciativas plantean la modificación del Código Penal (la propia despenalización de la eutanasia) y el cambio de la Ley General del Medicamento con el fin de que el paciente pueda elegir libremente el tratamiento que va a recibir.

Estos partidos consideran que se puede practicar eutanasia en el caso de que una persona sufra una enfermedad grave que conduzca "necesariamente" a la muerte o que le produzca "graves padecimientos" físicos o psíquicos "permantentes y difíciles de soportar". Las tres proposiciones de ley mantienen que no incurrirán en delito aquellas personas que a petición expresa del enfermo, cooperen, propicien o faciliten su muerte digna y sin dolor de otra persona. IU añade la necesidad de que un médico constate la situación médica del paciente.

Los fundamentos jurídicos

Las proposiciones de IC-V y ERC también contemplan la posibilidad de que se le practique eutanasia a un paciente, en el caso de que su mal "le incapacite de manera generalizada para valerse por sí misma". Este sería, por ejemplo, el caso de Ramón Sampedro, el tetrapléjico al que le facilitaron el suicidio en 1998. También reflejan la posibilidad de que un paciente reciba tratamientos orientados a eliminar o mitigar sufrimientos aunque conlleven de modo colateral un acortamiento de la vida.

A su vez, IU incluye dos disposiciones adicionales a su texto en las que se señala la obligación de constituir en todos los hospitales una comisión de ética para valorar el proceso de la enfermedad y si la práctica de la eutanasia se ajusta a los informes médicos y a la ley. En la misma línea, el Gobierno elaboraría un reglamento para regular las garantías de constancia jurídica de la voluntad del afectado, mientras que el Gobierno adoptaría las medidas oportunas para regular el ejercicio de la objeción de conciencia del personal sanitario.

En la exposición de motivos, IC-V y ERC fundamentan su proposición en el artículo 10.1 de la Constitución sobre la dignidad de la persona y al artículo 15 sobre el derecho a la vida. En su opinión, "la vida impuesta no merece el calificativo de bien jurídico protegido. La vida es un derecho, no un deber", destaca. También hacen referencia a una encuesta de la OCU, según la cual el 65% de los médicos y el 85% aseguran haber recibido esta petición de un paciente terminal y recuerdan que "otros países desarrollados" como Holanda y Bélgica ya han recogido en su legislacón normativas que reconocen el derecho a la muerte digna.