Obesidad infantil e inseguridad alimentaria: una cuestión de justicia social

Hace unos días se publicaron los resultados del estudio ALADINO (Alimentación, Actividad física, Desarrollo infantil y Obesidad) que elabora el Ministerio De Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, con la agencia AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición)

El estudio ALADINO comenzó en 2011 como parte de la iniciativa de Vigilancia de la Obesidad Infantil (COSI), impulsada por la oficina europea de la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el marco de una estrategia para frenar la obesidad. Su objetivo es conocer la prevalencia de sobrepeso y obesidad en escolares de entre 6 y 9 años, analizar la evolución de los indicadores y cómo estos se asocian con factores socioeconómicos vinculados al entorno escolar y familiar.

Este año, los datos han bajado 4,5 puntos con respecto a 2019, cuando la tasa de obesidad era del 40,6%. En 2023 ha descendido al 36,1%. En detalle, se ha logrado una reducción del 3,1% en sobrepeso y del 1,4% en obesidad entre los niños y niñas de 6 a 9 años. Sin embargo, en los entornos más vulnerables, la tasa apenas ha cambiado, y son las familias con ingresos menores a los 18.000 € brutos anuales las más afectadas.

La realidad es que la tasa de sobrepeso y obesidad en esta franja de edad es el doble en las familias de menor renta (23,6%), en comparación con las familias con mayores ingresos (10,9%).

Las niñas y niños de familias con menos recursos económicos participan dos horas menos en actividades extraescolares (64,2%) frente a los escolares de familias más adineradas (88,1%). Esto también se traduce en un mayor sedentarismo, ya que los niños de hogares menos favorecidos tienden a pasar más tiempo frente a pantallas. Un 30% de los niños de estas familias se exponen a más de dos horas diarias de pantalla, mientras que en las familias de menores ingresos esta cifra asciende al 41%.

Los alimentos de primera necesidad han experimentado una subida constante, con un incremento del 21% en la cesta de la compra entre 2023 y 2024. Productos básicos como el aceite de oliva han subido hasta un 70%. Según la OCU, esta es la mayor subida en 34 años, afectado también a productos como lácteos, pastas, pollo y arroz. Basta con pasearse por el mercado para notar que los precios de frutas y verduras están fuera del alcance de muchas familias. Según el estudio ALADINO, solo el 45,3% de los pequeños en situaciones económicas desfavorables consumen una fruta diariamente, y el consumo de verduras cae a la mitad, con apenas un 23,8% ingiriéndolas a diario. Las niñas y niños deben consumir al menos dos raciones de verduras y frutas al día, algo que parece inalcanzable para muchas familias menos afortunadas.

Otro punto preocupante que resalta el estudio es el desayuno. En las familias con menos recursos, muchos escolares solo toman una bebida antes de ir al colegio.

Según un estudio publicado por Cruz Roja en junio de 2024, en colaboración con la Universidad Carlos III, tan solo el 32% de las familias preparan comidas con alimentos frescos al diario, y un 80,5% prioriza alimentos menos nutritivos, pero más baratos.

La elección de alimentos de menor calidad nutricional no se debe tanto al desconocimiento, sino a la necesidad de estirar los recursos para alimentar a la familia durante más días. Lamentablemente, esta situación es cada vez más común. No es que las familias no deseen dar una alimentación más saludable a sus hijas e hijos, sino que, económicamente, no pueden permitírselo.

La inseguridad alimentaria afecta a 6 millones de personas (un 13,3% de la población), siendo las mujeres las más afectadas, ya que suelen privarse de alimentos en favor de sus familias. La FAO define la inseguridad alimentaria como la situación en la que una persona carece de acceso regular a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para llevar una vida activa y saludable. Esta puede deberse a la falta de recursos.

No es sorprendente, porque las y los trabajadores españoles ganamos seis euros menos por hora trabajada que la media europea, a pesar de la reciente aprobación de la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional). El coste de la vivienda representa entre el 40% y el 60% del salario, dejando poco para otros gastos, que a menudo se destinan a pagar suministros. Lo que queda, si queda algo, es para vivir, o más bien, para sobrevivir.

Es evidente que las condiciones socioeconómicas son cruciales para asegurar una alimentación completa y un desarrollo adecuado en los más pequeños. Por desgracia, sigue siendo cierta la afirmación: “En la salud influye más el código postal que el código genético”.

Es imprescindible que las políticas públicas se enfoquen en promover hábitos alimentarios saludables, lejos del enfoque pesocentrista, y que se garantice el acceso a alimentos nutritivos a todas las familias, independientemente de su situación económica.

Combatir la inseguridad alimentaria para que deje de afectar a los más vulnerables, las niñas y niños, no solo es una cuestión de salud pública, sino de justicia social.