“La emergencia digital es una realidad”

La crisis de la covid-19 ha acelerado la revolución tecnológica. Cristina Colom (Barcelona, 1972) cree que está en nuestra mano lograr que sus externalidades sean enteramente positivas. Así lo ve la directora de Digital Future Society, la agenda digital impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital junto a Mobile World Capital Barcelona con el objetivo de lograr un impacto positivo de la tecnología.

La iniciativa conecta a expertos, instituciones académicas, compañías tecnológicas, entidades transnacionales y gobiernos de todo el mundo para definir conjuntamente una nueva agenda tecnológica con una visión plenamente humanista dirigida a garantizar la equidad social.

P. ¿El coronavirus ha precipitado el desarrollo digital?

R. Totalmente. Pero más que de precipitar hablaría de evidenciar. A partir del coronavirus se ha evidenciado la necesidad de la tecnología para gestionar la crisis, tanto en temas asistenciales como para controlar la propagación del propio virus. También nos ha permitido estar conectados, seguir trabajando o mantenernos informados. Ha mostrado una realidad que ya existía y que presenta grandes retos.

P. ¿Cuáles son esos desafíos?

R. Hay muchísimos. Algunos proceden del uso de la tecnología, como el sesgo de los algoritmos. Otros de la automatización del trabajo, que obliga a reconvertir a muchos profesionales. También existen las brechas digitales, en plural, porque además de las de acceso y de conectividad, que limitan el poder acceder a la propia tecnología, los hay de género y de competencias tecnológicas. Otros retos son el control de los datos, la desconfianza del ciudadano en las instituciones, el flujo masivo de desinformación... La lista es interminable. Hay una emergencia digital porque esos retos existen. En las agendas políticas, empresariales y sociales ya se están buscando soluciones.

P. ¿Cómo es esa sociedad digital del futuro en la que ya se está trabajando?

R. Digital Future Society avanza en una agenda digital del futuro en la que el ciudadano esté en el centro y que sea más sostenible, más equitativa y con servicios tecnológicos enfocados en la sociedad.

P. ¿Cómo se consigue?

R. Nosotros realizamos una labor de investigación y análisis a partir de la que lanzamos distintas recomendaciones que se recogen en informes. Estos están diseñados para capacitar a los responsables de políticas a anticipar los desafíos y aprovechar las oportunidades de la era digital. También compartimos todo este conocimiento en diferentes encuentros internacionales, como el que celebraremos a finales de 2020 en Barcelona.

P. De todas estas recomendaciones, ¿cuál es la principal?

R. Hacerlo juntos. Necesitamos a todos los agentes involucrados: las instituciones, las administraciones, el sector privado, la ciudadanía, los medios de comunicación, el ecosistema tecnológico, las asociaciones y la academia. Hay que avanzar en la creación de estándares internacionales y de códigos de buenas prácticas en un contexto de cooperación digital.

P. ¿Logrará Europa la soberanía digital que pretenden los impulsores de Gaia-X, el proyecto conjunto de desarrollo de infraestructuras de datos propias?

R. Es una buena iniciativa, a pesar de la incertidumbre en torno a cómo va a desarrollarse. Europa está bastante avanzada en la responsabilidad en el uso de los datos. En Digital Future Society impulsamos un modelo de negocio en el que las empresas hagan un uso responsable, seguro y transparente de los datos porque es posible, igual que es muy posible que avancen en sus propios códigos de conducta.

P. ¿Cree que es el caso de IBM, al dejar de proporcionar sistemas de reconocimiento facial?

R. Sí, ha decidido descartar el uso de reconocimiento facial porque pueden provocar discriminación racial. Esto es importante, detectar los errores y desviaciones que provoca la tecnología y actuar para corregirlas.

P. ¿La introducción de sesgos humanos en los algoritmos puede dar paso al racismo?

R. El uso de algoritmos ayuda a ser más competitivos, pero se necesita ese factor humano. La manera de evitar distinciones erróneas que pueden derivar en discriminaciones, además de monitorizar, es abrir el debate sobre lo que es justo y lo que es injusto.

P. ¿Cómo debe llevarse a cabo ese debate ético?

R. Debe contemplar todos los alcances posibles: sociales, culturales, idiomáticos, competenciales... Si dejas algo fuera, estás provocando un sesgo. De ahí la importancia de la multidisciplinariedad. Tenemos que ponernos las pilas ya, la emergencia digital es una realidad. La tecnología nos ofrece un amplio abanico de oportunidades de mejora, pero también esconde desafíos que si no se abordan con soluciones concretas pueden provocar más desequilibrios.

P. ¿Tiene cronograma esa agenda digital?

R. Tenemos que actuar en los próximos cinco o 10 años. Ya era urgente, pero con la pandemia lo es más todavía. Nos ha puesto de manifiesto algo que ya conocíamos: la tecnología puede ser la clave del éxito. Hemos visto numerosas iniciativas globales que abarcan muchas materias, como la investigación para encontrar una vacuna, con implicados de ámbitos muy diversos colaborando juntos para conseguir un objetivo común.

P. ¿Cuáles son esas cuestiones de las que somos más conscientes ahora?

R. Las brechas digitales, la gobernanza de los datos, el futuro del trabajo, la desinformación y la tecnología y su vinculación con la emergencia climática.

P. ¿Cuál es más prioritario?

R. En países menos desarrollados, las brechas digitales. El concepto engloba múltiples diferencias existentes en las posibilidades económicas, la seguridad, la capacidad personal y las aptitudes y conocimientos que separan a unas personas de otras. Hay que plantear la existencia de brechas digitales en plural para reconocer las complejidades de la desigualdad digital.

P. ¿Y en España?

R. El debate de la privacidad de los datos, seguido de las brechas digitales. Hay que pensar mucho más allá del concepto tradicional de consentimiento y tener en cuenta cómo afecta la tecnología a nuestra autonomía, al poder y a los individuos. Por otra parte, hasta hace poco, la mayoría de los esfuerzos por cerrar la brecha digital se centraban en facilitar el acceso, cuando urge concentrarse en aumentar la calidad del uso de la tecnología. España tiene camino para recorrer en las brechas que tienen que ver con la edad (mayores no nativos en las TIC), contenido (dificultad con el inglés), discapacidad (falta de dispositivos adaptados), educación, género (exclusión social de las mujeres), ubicación (España vaciada) y uso (alfabetización digital y empoderamiento ciudadano).

P. ¿Se están agrandando en España las brechas digitales?

R. Sí. Importantes segmentos de la población se están quedando atrás. Ante la multiplicación de brechas digitales, el acceso a la tecnología y la oferta tecnológica son soluciones parciales. La alfabetización digital puede salvar las distancias, garantizar a los ciudadanos la capacidad y la confianza necesarias para aprovechar las ventajas de la tecnología y hacerlos partícipes de una sociedad cada vez más digital.

P. No ha mencionado el futuro del mercado del trabajo.

R. También es prioritario, pero exige una comprensión más profunda del fenómeno desde diferentes puntos de vista, acuerdos internacionales sobre la gobernanza de datos y algoritmos y un sistema internacional que defina derechos y protecciones básicas.

P. ¿Qué desequilibrios hay que corregir?

R. A menudo se genera un desequilibrio de poder: las plataformas establecen las reglas, diseñando un modelo de trabajo que incrementa los márgenes de beneficios y en el que los trabajadores tienen muy poca capacidad de influir en la toma de decisiones.

P. ¿Es necesaria la regulación del trabajo en las plataformas?

R. Sí, tanto para la protección de los trabajadores como para la seguridad jurídica de las propias plataformas. Hay muy poca regulación en Europa sobre este tema. Francia está a la cabeza de la protección del trabajador. En California se creó una comisión para analizar el perfil del trabajador de las plataformas en las próximas décadas, que va mucho más allá de los repartidores.

P. ¿Hay riesgo de que aumente la precarización?

R. Seguramente sí. Pero no hay que demonizar a las plataformas digitales porque pueden dar un sustento económico a mucha gente. No se deben precarizar. Estamos trabajando con los agentes implicados para que existan unos estándares internacionales y para que las entidades se corresponsabilicen. Ahora tenemos la oportunidad de no dejarnos a nadie, implicando a toda la sociedad.