Una gran victoria para Deliveroo

Los grandes generales de la historia siempre han mantenido que cuando una batalla está perdida, la única opción es no lucharla. Esta parece la estrategia de Deliveroo, visto que el macro-juicio que debía haberse celebrado el pasado lunes se ha retrasado más de cinco meses. Atrasando el combate puedes acabar ganándolo.

Y es que a veces se nos olvida que la ley no responde a un ideal absoluto de justicia, sino a lo que ciertas personas votaron en el Parlamento en una coyuntura determinada. Sin duda, al menos hasta el momento, no conocemos una mejor manera de promulgar leyes. No obstante, lo anterior no significa que seamos conscientes de la fragante injusticia que, en ocasiones, eso puede llegar a provocar.

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Parece evidente que la normativa protectora de los derechos de los trabajadores actual no es del agrado de ciertas empresas. En consecuencia, la estrategia pasa por retrasar los juicios con la esperanza de que un cambio electoral dé la mayoría en el Parlamento a aquéllos que estén dispuestos a legalizar lo que ahora mismo es un fraude. Ciertas empresas sueñan con una mayoría dispuesta a arrebatarles los derechos laborales a los trabajadores de este país, a privarles de salario mínimo, excluir de la jornada máxima de trabajo, desterrar el derecho a vacaciones, prescindir de la prevención de riesgos laborales y, sobre todo, sueñan con la eliminación del deber de las empresas de cotizar a la Seguridad Social, obligación que permite que los jubilados perciban pensiones actualmente.

Por suerte la mayoría de empresas no piensan así. En este país la gran mayoría de empresas cumplen con la legislación y gracias a ello disponemos del Estado del bienestar del que disfrutamos.

Últimamente, los ciudadanos -y la prensa- nos volcamos en la calle, o más bien en Twitter, para analizar y criticar cada sentencia que nos parece injusta. Pero se nos olvida que es al Gobierno y al legislador a quienes debemos exigirle que promulguen leyes que consideramos justas. Y, especialmente, que no eliminen leyes que nos parecen positivas. Pretender que un mensajero en bicicleta sea considerado un verdadero empresario y, por ello, autónomo, con la legislación y la jurisprudencia actual, parece tener pocos visos de éxito. Así se pronunció una Sentencia que ya es firme en Valencia en el caso de Deliveroo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, pocas cosas impedirán –quitando la legislación europea, quizá- que el legislador español cambie la ley, si lo desea, permitiendo calificar al repartidor como empresario, a quien no le corresponden derechos laborales. O cualquier otra figura “inventada” que excluya de la laboralidad a los riders (así llama Deliveroo a sus repartidores). La misma suerte podría correr, de la mano de un cambio legislativo, un camarero o un dependiente de tienda.

Esta situación, que puede parecer una distopía muy alejada de la realidad, ya ha ocurrido en otros sectores como el de los agentes de seguros, a quienes, en un momento determinado, se decidió excluir de la legislación protectora laboral. Si se hizo en el pasado, ¿qué impide a ciertas empresas soñar con que vuelva a suceder?

Lo que está claro es que la responsabilidad de impedirlo, si no nos gusta esa idea, no recae en los jueces, ni siquiera en los riders afectados, sino en todos y cada uno de los ciudadanos.

Adrián Todolí Signes es profesor de Derecho del trabajo en la Universidad de Valencia y autor de El trabajo en la era de la Economía Colaborativa.