El acecho a la libertad en Internet

Previsiblemente este jueves, 18 de octubre, se debata en el Congreso el texto de la futura Ley Orgánica de Protección de Datos. Esta, si bien debería ser una adaptación a la normativa española del famoso Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), podría ir mucho más allá y suponer un perjuicio importante a la libertad de expresión en Internet.

Esto es así por la denominada “garantía de derechos digitales”, algo que no se contempla como tal en el RGPD y que se ha introducido, mediante enmiendas, en el texto de la nueva LOPD.

Dichas enmiendas sugieren, entre otras cosas, que se amplíe el derecho de rectificación obligando a "los responsables de redes sociales, plataformas digitales y servicios de la sociedad de la información equivalentes", a contar con "protocolos efectivos" que permitan a los usuarios ejecutar sus derechos, especialmente el conocido como derecho al olvido.

Tal y como han manifestado las asociaciones AMETIC y ADIGITAL “las enmiendas introducidas incluyen diversos conceptos jurídicos indeterminados y no definidos que originan una situación de notable inseguridad jurídica”, y citan como ejemplos términos tan amplios y poco concretos como Era Digital o el empleo indistinto de Internet y Red.

Más información

El nuevo reglamento de datos, contado para gente sin tiempo

Autorizo, ¿y ahora qué?

Las mismas asociaciones ponen el foco en algo que, para mí, es el verdadero quid de la cuestión: mencionar, de forma poco precisa y homogénea, conceptos que no son del todo equivalentes como proveedores de servicios, servicios de Internet, operadores, plataformas y proveedores de servicios y contenidos o responsables de redes sociales, plataformas digitales y servicios equivalentes de la sociedad de la información.

Con un espectro tan amplio y poco específico como este, prácticamente cualquier empresa que opere bajo el paraguas de Internet se vería afectada por la nueva LOPD con consecuencias que, creo, son complicadas de valorar hoy por hoy.

Como CEO de Softonic y como creador en su día de Download.com, dos de las mayores plataformas del mundo para descubrir y descargar software, me pregunto cómo podría impactar esta ley no sólo en los creadores y en los distribuidores de software, si no en cualquier compañía de Internet de las que esta ley considera “operadores, plataformas y proveedores de servicios y contenidos” y que, en resumen, podrían ser la gran mayoría (buscadores, redes sociales, medios de comunicación…).

Siendo conscientes de que los derechos digitales mencionados en las enmiendas, y que tanto debate están generando, se refieren sobre todo al derecho al olvido, supongamos ahora que los contenidos incluidos en un software determinado (una app, un juego…) resultan ofensivos para uno o varios usuarios. ¿Qué deberían hacer las empresas dedicadas a la distribución de software o las tiendas de aplicaciones?¿Auditar su catálogo en base a un número ilimitado de criterios cambiantes y totalmente subjetivos, tan dispares como puedan serlo las opiniones de cada uno de nuestros usuarios? ¿De acuerdo con qué criterio se censura contenido? 

Si bien nos aseguramos de que todos los contenidos que se pueden descargar de Softonic sean seguros (ese es nuestro criterio), no creo que nuestro papel ni el de ninguna empresa de Internet pase por convertirnos en censores. Tampoco considero que la esencia de la Red sea esa, y no sería sano para nadie que tratemos de controlar la información que se genera en Internet. Desde luego, no pienso que así podamos acabar con las fake news, con los contenidos de mal gusto o con los peligros que, obviamente, puede conllevar el mal uso de la Red.

Ya hablamos hace unos meses del peligro de ponerle puertas a Internet entrando a regular aspectos como la neutralidad de la Red. En pocas palabras, eliminarla permitiría a un pequeño número de compañías controlar lo que los usuarios pueden y no pueden ver, y bloquearía contenido a aquellos que no puedan permitirse pagarlo.

Probablemente el caso de la nueva ley de Protección de Datos no sea tan alarmante, pero podría suponer un paso más en el control sobre los contenidos que están disponibles online y del acceso a los mismos. No deberíamos seguir avanzando en esta dirección, al menos sin un debate previo que incluya a todos los ciudadanos.Este es un asunto que requiere de una reflexión profunda y amplia, que cuente con el consenso de las instituciones, pero también de la sociedad, de los expertos y, por supuesto, de las empresas involucradas.

Scott Arpajian es CEO de Softonic y fundador de Download.com