El PSOE quiere que la apología y exaltación del franquismo sean delito

El PSOE y Unidas Podemos están resueltos a que la reforma del Código Penal que impulsan incluya la tipificación de la apología y exaltación del franquismo como delito. “En democracia no se homenajea a dictadores ni tiranos”, afirmó este lunes Adriana Lastra. La vicesecretaria general de los socialistas defendió que esta será una de las prioridades del Gobierno. El acuerdo programático del 30 de diciembre entre los dos socios del Ejecutivo de coalición ya apuntaba a medidas de este tipo, al igual que el programa electoral de Pedro Sánchez en la última campaña.

Hace algo más de un año, en las elecciones andaluzas, España dejó de ser la excepción europea que permanecía ajena al auge de los nacionalpopulismos de extrema derecha. Ahora Vox es la tercera fuerza del Congreso; y el Gobierno de coalición de izquierdas, el único de sus características en la UE, cree necesario actuar como Alemania, Francia e Italia, donde existe una respuesta penal a la exaltación del nazismo y el fascismo.

El homenaje que cientos de nostálgicos hicieron a Franco el pasado octubre durante la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos y su entierro en Mingorrubio-El Pardo, donde jalearon a Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil que encabezó el golpe de Estado frustrado del 23-F de 1981, reforzó los argumentos de los partidarios en el Gobierno de asemejar el Código Penal español al de otros países comunitarios. Ya entonces Dolores Delgado, a la sazón ministra de Justicia —y propuesta ahora como nueva fiscal general del Estado—, apostaba por reformar el Código Penal para castigar la apología del franquismo. Fuentes gubernamentales explican que el Código Penal español se ciñe al delito de odio, que requiere una incitación a la violencia, y subrayan que la reforma obligará a buscar un equilibrio que garantice el derecho a la libertad de expresión.

Frente a quienes miran “ese pasado oscuro con nostalgia”, la vicesecretaria general del PSOE instó a actuar “con memoria y justicia”. Lastra señaló que, entre otras medidas, el Gobierno impulsará planes para la exhumación de las víctimas de la dictadura que yacen en fosas comunes.

El acuerdo programático suscrito por el PSOE y Unidas Podemos contempla también la retirada de la simbología franquista de los lugares públicos. Otro compromiso es estudiar “todas las vías legales” para retirar las condecoraciones, y prestaciones asociadas, concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante la dictadura.

Preguntada por esa reforma para tipificar como delito la apología del franquismo, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, auguró que “a lo mejor se vuelve en contra del Gobierno por sus encuentros con dictadores en territorio español”, en alusión a José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, y su encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, informa Natalia Junquera.

Antes de la reacción de Génova, Lastra pidió al PP que se alejara de los postulados de Vox: “La oposición tiene su responsabilidad: respetar y velar por el buen funcionamiento de las instituciones de la democracia. No cumple con ella cuando se suma a la extrema derecha para convertir el Congreso en un campo de batalla”. “Me preocupa ver a un partido como el PP desconcertado y desorientado, sin más proyecto para España que atacar al Gobierno y que ha externalizado sus propuestas en lo que quiere, dice y hace Vox”, remachó.

Competencia fiscal "desleal" de Madrid

La condición de Madrid como el gran laboratorio de ideas y campo de pruebas de las políticas del PP sigue generando controversia. Lastra arremetió contra la política fiscal de la principal institución desde la que Pablo Casado, a través de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, confronta con el Gobierno. "No se defiende la unidad de España atacando fiscalmente a tus vecinos, eliminando o recortando impuestos a los grandes patrimonios para intentar atraer capitales de otras comunidades", ha declarado la número dos de los socialistas, partidaria de una "armonización fiscal de ciertos impuestos" para evitar lo que el partido de Pedro Sánchez considera una "competencia fiscal desleal". O dicho de otra forma, también en palabras de Lastra, "un dumping fiscal". Con esta rotundidad el PSOE coloca el foco una vez más sobre Madrid, la única autonomía que bonifica al 100% patrimonio, el impuesto que grava la riqueza. El de sucesiones y donaciones está bonificado al 99%: está eliminado en la práctica. El PSOE ya defendió un tipo mínimo común para el impuesto de patrimonio en la conferencia de presidentes de 2017, la última que se ha celebrado. 

Lastra ha acusado a la Comunidad de "convertir la política fiscal española en una especie de subasta donde siempre acaban perdiendo los ciudadanos". El PP se presentó a las elecciones del 10-N con la promesa de bajar todos los impuestos, a pesar de que la presión fiscal española está muy por debajo de la media europea. A nivel autonómico, Madrid funciona como ariete de esa misma filosofía de marcado corte neoliberal: Díaz Ayuso, que no ha conseguido aprobar los presupuestos de 2020, defendió en verano una nueva bajada de impuestos valorada en 300 millones de euros.

"Madrid es el ejemplo de una política neoliberal del PP que se envuelve en la bandera de todos mientras divide y confronta territorios. Y eso sí que rompe y divide España", ha apostillado Lastra en un ataque frontal. El Gobierno se ha volcado en el acto que la política asturiana ha protagonizado en el Casino de Madrid con la asistencia de la vicepresidenta primera Carmen Calvo; Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Juan Carlos Campo, ministro de Justicia; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo; Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública; y José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte. Tampoco han faltado tres presidentes autonómicos: Adrián Barbón (Asturias), Guillermo Fernández Vara (Extremadura) y Concha Andreu (La Rioja), al igual que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la del Senado, Pilar Llop.

Como ya sucedió con Esperanza Aguirre durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (autor de aquel "bajar impuestos es de izquierdas"), Madrid vuelve a ser la principal baza desde la que Génova confronta con La Moncloa. “Madrid se aprovecha del efecto capitalidad, si no fuera capital de España y lo fueran Valladolid o Vigo también tendría un efecto arrastre. Mientras Madrid quita impuestos a los grandes patrimonios nos encontramos que es de las regiones de Europa donde mayor es la desigualdad… Madrid tiene a una presidenta ejemplo de la política neoliberal del PP, a la que no le importan nada los servicios públicos”, ha aseverado Lastra. Varias comunidades autónomas han hecho críticas en la misma línea en los últimos tiempos.