Condenado a siete años de prisión y tres millones de multa el exsenador del PNV Víctor Bravo

Sí cometió fraude a la Hacienda pública. El exsenador del PNV y exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa, Víctor Bravo, juzgado en otoño pasado, ha sido condenado a dos años y cuatro meses de cárcel como autor —en calidad de cooperador necesario— de tres delitos fiscales, lo que eleva su pena a siete años y a una multa de más de tres millones de euros. También deberá pagar a la Agencia Tributaria 1,5 millones, al igual que su socio Fernando Isidoro González, que ha visto rebajada su pena a once meses y 29 días de prisión tras haber devuelto un millón de euros durante el juicio. Los tres delitos fueron cometidos en el denominado caso Glass Costa Este Salou, durante los años 2003, 2004 y 2006, al defraudar varios impuestos. La Fiscalía pedía seis años de prisión y el abogado del Estado elevaba la solicitud hasta los nueve años.

Durante la vista oral, Bravo, que ejerció su propia defensa al ser abogado, mantuvo que la sociedad tarraconense Glass Costa Este Salou, que se benefició irregularmente del régimen foral de Gipuzkoa, cumplía los requisitos necesarios para acogerse a la normativa de este territorio. Sin embargo, los peritos que desentrañaron el caso, que estalló durante la etapa de Víctor Bravo como director de la Hacienda foral de Gipuzkoa, acreditaron que ofreció un trato privilegiado a esta mercantil y a otras relacionadas con ella, lo que le permitió ahorrarse en los ejercicios de 2003, 2004 y 2006 1,8 millones de euros en impuestos, según la Abogacía del Estado. La Fiscalía reduce la cifra a 1,4 millones. 

Según el ministerio público, los dos principales condenados "planificaron" la manera de que una empresa con sede real en Cambrils, Tarragona, y que se dedicaba a los hoteles y al sector inmobiliario, pudiese hacerse pasar por guipuzcoana, en base a una maniobra legal que adaptó a una peculiar normativa tributaria que diseñó la Hacienda de Gipuzkoa. Se trataba de las llamadas Sociedades de Promoción de Empresas, que procuraban generosas exenciones fiscales a los beneficiarios gracias a unas tributaciones sin competencia.

El tribunal ha creído demostrada la tesis de la Fiscalía, según la cual "la simulación domiciliaria convenida por los acusados sirvió para lograr dos objetivos: tributar ante una Administración no competente y llevar a cabo esa tributación no bajo la normativa estatal, sino la normativa foral". El hecho de estar bajo el control de Bravo le procuró al entramado societario y a sus principales actores "grandes beneficios".