PP y Cs impulsan una comisión de investigación sobre el encuentro de Ábalos con la ‘número dos’ de Maduro
Los populares acusan al Gobierno de mentir y preguntarán a Borrell si la escala de Delcy Rodríguez en España incumple el veto europeo
Venezuela sigue dando munición a la oposición en los primeros compases del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Las explicaciones contradictorias sobre el encuentro del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la número dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas han motivado la primera gran ofensiva parlamentaria contra el nuevo Ejecutivo. El Partido Popular y Ciudadanos han presentado en la tarde de este lunes una iniciativa conjunta ante la Mesa del Congreso para solicitar la apertura de una comisión de investigación sobre los hechos. Además, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado tras el comité de dirección de su partido que los populares europeos preguntarán al Alto Representante para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell, si el Gobierno violó la prohibición que impedía a Delcy Rodríguez pisar suelo comunitario.
El PP y Ciudadanos buscan dilucidar las "responsabilidades políticas" que se derivarían del incumplimiento de las sanciones adoptadas por el Consejo Europeo, en lo que sería la primera comisión de investigación de la XIV Legislatura. Para que salga adelante, ambos grupos necesitan que la Junta de Portavoces, controlada por las formaciones que facilitaron la investidura, acepte llevar la propuesta al pleno y que este la avale por mayoría simple. El voto favorable de algunos partidos minoritarios se antoja indispensable. Para Egea, "nadie duda de que Ábalos ha mentido, [el presidente del Gobierno] Pedro Sánchez ha mentido y el Partido Socialista ha mentido", por lo que las demás formaciones serían "cómplices de las mentiras del Gobierno" si no apoyasen la iniciativa del centro derecha.
Además de esa comisión, el PP ya solicitó el pasado jueves las comparecencias de urgencia de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y del propio Ábalos, a las que ahora se suma la del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según la última versión de Ábalos, Marlaska era consciente de que la número dos de Maduro viajaba en el avión que finalmente aterrizó en Barajas. "Queremos saber quién autorizó que pisase suelo español", ha explicado Egea. La portavoz de la gestora de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, también ha demandado este lunes que el presidente del Gobierno dé explicaciones.
Los populares presentarán una batería de preguntas sobre los detalles del episodio, así como una petición de información para obtener el registro de vuelos del aeropuerto de Barajas y la lista de los agentes que participaron en el operativo. "Queremos saber si el ministro los presionó", ha inquirido Egea, en relación con las informaciones que apuntan a una posible intermediación de Ábalos para que el vuelo pudiese aterrizar.
El PP pretende explotar el polémico encuentro para evidenciar un posible cambio de posición del Gobierno sobre la situación en Venezuela y presentar a Sánchez como un títere de Unidas Podemos, que siempre ha sido mucho más laxo que el PSOE en relación al régimen de Nicolás Maduro. Para Egea, "ha quedado claro que el que preside este Gobierno no es Sánchez". Según el secretario general de los populares, esto explicaría que Juan Guaidó no haya sido recibido en La Moncloa durante su visita a Madrid, pese a que España fue uno de los primeros países —ya son más de 50— que lo han reconocido como presidente legítimo de Venezuela. "¿Qué le debe el Gobierno al tirano Maduro para no recibir a Guaidó pero mandar a un ministro a la carrera para que no detengan a la vicepresidenta del Gobierno ilegal?", se ha preguntado. Y en su respuesta ha apuntado a los vínculos del partido de Pablo Iglesias con el régimen venezolano: "Podemos es quien toma las decisiones importantes".
La ofensiva política del PP se expresa en todos los niveles. Si este fin de semana fueron el alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid quienes trataron de explotar las contradicciones del Gobierno de coalición al recibir a Guaidó con honores de Estado, ahora el Partido Popular también busca eco en Bruselas. Egea ha anunciado que su grupo presentará una pregunta en el Parlamento Europeo para saber si la estancia de Delcy Rodríguez en Venezuela supuso "un incumplimiento flagrante" de las sanciones europeas. El interpelado será Josep Borrell, ministro de Exteriores socialista cuando el Gobierno reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo del país sudamericano.
La sanción a Torra
El secretario general del PP también se ha referido a la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de aceptar la resolución de la Junta Electoral de retirar el acta de diputado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que este se ha negado a acatar. Egea se ha felicitado por la decisión y le ha pedido a Sánchez que no siga tratando al líder independentista como president, pese a que la resolución de la Mesa solo le retira su condición como diputado. "¿Va a mantener Sánchez la reunión con Torra después de la decisión de la Mesa?", se ha preguntado, en referencia al encuentro entre ambos presidentes, que está previsto para las próximas semanas.
La retirada del escaño de Torra es un éxito para los populares, cuya denuncia ante la Junta Electoral dio inicio a todo el proceso. "La estrategia del PP ha dado sus frutos", se ha congratulado García Egea. Mientras el Gobierno defiende desjudicializar la cuestión catalana, el PP seguirá con sus recursos ante los tribunales "hasta las últimas consecuencias" y tomará "las medidas necesarias si Sánchez se empeña en seguir reconociendo a Torra para no incomodar", ha explicado su secretario general, para quien la actuación del Ejecutivo en este asunto "es una vergüenza".
Egea también ha aprovechado para criticar la reforma del Código Penal que plantea el Gobierno, y que podría implicar una reducción de las condenas por el delito de sedición: "O Sánchez anula la reunión o demostrará que se quiere quedar en La Moncloa gracias a los separatistas", ha denunciado. Y ha concluido: "No cabe otra decisión que aplicar la ley".
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