Los Mossos detallan a la Audiencia Nacional el plan que tenían para detener a Puigdemont si recibían una orden judicial

Los comisarios de los Mossos d'Esquadra Ferran López y Joan Carles Molinero recibieron el encargo del entonces mayor y jefe máximo de los Mossos, Josep Lluís Trapero, de preparar el dispositivo para detener a Carles Puigdemont y a todo el Govern el 27 de octubre de 2017, pendientes de la orden judicial para responder ante la declaración unilateral de independencia que el Parlament aprobó ese día. Las instrucciones, recogidas en un informe al que ha accedido EL PAÍS, incluían el posible uso de un helicóptero policial para traslados urgentes.

En el informe enviado a la Audiencia Nacional por la policía catalana para el juicio oral que se abre este lunes contra Trapero y otros tres acusados (el exdirector de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, el exsecretario general del Interior César Puig y la intendente Teresa Laplana), los dos responsables del operativo, López y Molinero, ofrecen por primera vez los detalles del dispositivo policial habilitado para el día de la declaración de independencia.

La Audiencia solicitó el 9 de julio de 2019 el informe a los Mossos, quienes lo encargaron a esos dos responsables. López, número dos de Trapero, fue nombrado jefe de los Mossos por el entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, en sustitución de Trapero el 28 de octubre de 2017, tras la aplicación del 155, hasta junio de 2018. Actualmente está adscrito a la Prefectura de los Mossos. Molinero era jefe de Coordinación Central y ahora actúa como jefe de la comisaría de Movilidad.

Según ese documento, entregado a la Audiencia el 24 de julio de 2019, ambos acudieron el 24 de octubre de 2017 a una reunión con Trapero, que “encargó a los dos comisarios la planificación de un dispositivo que contemplase la operativa necesaria para poder dar cumplimiento a una posible orden judicial por la que se encargase a los Mossos proceder a la detención del presidente de la Generalitat de Cataluña y/o de los miembros de su Gobierno”. Agrega el informe que Trapero “estableció que dichas detenciones debían practicarse necesariamente por miembros de la escala superior del Cuerpo de Mossos d'Esquadra” (es decir, solo por intendentes o comisarios).

El informe, que detalla lo que Trapero ya declaró en el juicio del Supremo al procés, apunta que, entre los medios previstos, “se garantizó la disponibilidad del helicóptero policial para su posible utilización tanto en el ámbito del Palau de la Generalitat, del Parlamento de Cataluña y del Complejo policial de Egara, sede central de los Mossos, por si resultaba necesario realizar el traslado urgente y seguro de los detenidos”.

Para coordinar las relaciones con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con las posibles órdenes de detención, se estableció que todas las gestiones fueran asumidas personalmente por el comisario jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC), comisario Rafael Comes. Asimismo “se planificó que el posible traslado de los detenidos a las dependencias judiciales sería realizado por efectivos del Grupo Especial de Intervención (GEO), disponiendo lo necesario para contar con el máximo de dichos efectivos”.