Al uso del terrorismo se le estrecha el margen

A la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le espera una ardua tarea esta legislatura, a juzgar por el espectáculo ofrecido en este debate de investidura. Las derechas, radicalizadas, han utilizado el Congreso como caja de resonancia, incluidos el insulto y griterío, en su estrategia de acoso y derribo del Gobierno que presumiblemente saldrá de la votación del martes. Si el sábado las derechas focalizaron el debate en la cuestión catalana para acusar a Pedro Sánchez de “romper España”, el domingo resucitaron a ETA, cuando hace más de ocho años que terminó el terrorismo.

Pablo Casado, en una breve intervención imprevista desde el escaño, hizo una utilización penosa de las víctimas del terrorismo, propia del peor Aznar, autoerigiéndose en su portavoz para acusar a Sánchez de no haberlas defendido en su réplica a la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, cuya mera presencia en el atril originó el rechazo expreso de las bancadas de la derecha. La respuesta se la dieron algunas víctimas en las redes sociales, como María Jáuregui y Pedro Elespe, hijos de socialistas asesinados por ETA, que recordaron a Casado que la banda terrorista ya había desaparecido y que sus padres estarían contentos de que en España gobiernen las izquierdas.

Aizpurua había aprovechado su intervención como portavoz de Bildu para hacer valer ante Sánchez su abstención, que contribuirá a su elección como presidente. Una referencia al “discurso autoritario del jefe del Estado” tras los incidentes del 1-O provocó el estallido en las bancadas de las derechas, con insultos a Aizpurua y proclamas vocingleras “patrióticas”, así como la petición de Casado de que la presidenta del Congreso le exigiera a Aizpurua rectificar. “Ha sido la intervención más nauseabunda de los herederos de ETA”, dijo Casado.

Batet se negó, alegando, con buen criterio, que la libertad de expresión amparaba a la portavoz de Bildu, que defendió los clásicos postulados del independentismo vasco sin incurrir en apología del terrorismo. No citó a ETA. Fueron las derechas las que la citaron para atacar a Sánchez porque Bildu va a facilitar el Gobierno con su abstención.

Las derechas confirmaron este domingo que la utilización del terrorismo será parte crucial de su política de acoso y derribo al Gobierno de Sánchez. Pero es un campo opositor cada vez más estrecho. Cada vez son más las asociaciones y víctimas de ETA que se rebelan por su uso. Bildu es legal por decisión judicial, porque en sus estatutos rechaza la violencia. Fue en 2011, el mismo año en que ETA anunció el cese definitivo del terrorismo al final del Gobierno de Zapatero. En los más de ocho años transcurridos no ha habido ni atentados, ni chantaje terrorista, ni kale borroka. Fue un final limpio, sin concesiones políticas y reconocido por ETA, como le gustaba subrayar a Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior.

Además, los pactos políticos de los partidos democráticos contra ETA –el de Ajuria Enea de 1988 y Por las Libertades de 2000–, suscritos por la derecha –el primero por AP y el segundo por el PP–, pretendieron la desaparición del terrorismo y el afloramiento de la izquierda abertzale como partido para que defendiera legalmente sus ideas independentistas. Es lo que se logró en 2011. La izquierda abertzale no fue ilegalizada hasta 2003 por la Ley de Partidos por su probada complicidad con el terrorismo etarra. Pero, desaparecido el terrorismo, no tenía sentido mantenerla en la ilegalidad, más aún cuando sus estatutos rechazaban la violencia. Así lo juzgaron los tribunales. Pero el PP, entonces en la oposición, no lo asumió porque durante el Gobierno de Zapatero hizo del terrorismo una de sus armas de ataque político.

Sin embargo, cuando Mariano Rajoy accedió a la presidencia del Gobierno no promovió la ilegalización de Bildu (entonces Amaiur). Rajoy mantuvo a Bildu en la legalidad. Pero Pablo Casado, con el PP en la oposición, ha vuelto a utilizar al terrorismo y a las víctimas contra el Gobierno socialista.

Bildu tiene una carencia muy seria, que es la ausencia de autocrítica por su pasada complicidad con el terrorismo etarra. Se la exigen todos los partidos democráticos en Euskadi y en toda España como deuda pendiente con la sociedad, particularmente sus víctimas. Son muchos los que no quieren que se repita la ausencia de la condena unánime del franquismo. Aizpurua eludió este domingo esta cuestión. Pero no debe ser excusa para que su presencia legal se utilice para atacar al contrario.

El PP es muy vulnerable en esta materia. En el debate de investidura, Sánchez ha esgrimido ejemplos variados de negociaciones y pactos del PP con Bildu. Javier Maroto, siendo alcalde de Vitoria, pactó con Bildu. UPN, partido socio del PP en Navarra, ha pactado varias veces en su historia con Bildu. En el Parlamento y en los Ayuntamientos vascos sucede lo mismo. Es lo habitual con un partido legal. La regla del PP es que ellos pueden hacerlo y los demás incurren en “traición” cuando lo hacen.

Aún más. José María Aznar, siendo presidente del Gobierno, no solo envió a representantes suyos a hablar y negociar con Batasuna. También lo hizo con ETA en 1999, en Suiza, con el respaldo del PSOE en la oposición. Cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo intentó en 2006, el PP se opuso radicalmente. Ahora que el PP, con Casado, está en la oposición, vuelve a caer en la tentación de utilizar el terrorismo para atacar al Gobierno, cuando debía ser una cuestión de Estado, y, por tanto, marginada de la contienda política, más aún cuando el terrorismo ha desaparecido. Así lo señalaba el Pacto por las Libertades de 2000, firmado por el PP de Aznar.