La Abogacía del Estado se prepara para presentar su informe sobre la inmunidad de Junqueras

El documento de la Abogacía sobre la inmunidad de Oriol Junqueras no satisfará las exigencias de ERC de que su presidente sea puesto en libertad y se anule la sentencia del procés, pero sí mantendrá que debió habérsele permitido salir de prisión para completar los trámites para ser europarlamentario. Tan en boca de los políticos está este asunto que un colectivo de abogados del Estado rechazó este domingo “cualquier intento de injerencia o presión” antes de que la Abogacía haga público su informe, sobre el que el órgano ha tenido un intenso debate.

Los abogados del Estado han debatido durante dos semanas la situación de la inmunidad de Oriol Junqueras como europarlamentario y cómo debe aplicarse la sentencia dictada el pasado 19 de diciembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El documento será enviado previsiblemente este lunes al Tribunal Supremo, que es el que debe decidir. El acatamiento de la condena a Oriol Junqueras por sedición y malversación es incuestionable y de lo que se trata es de que opinen sobre la interpretación de la emanada del tribunal europeo.

Al ser la Abogacía del Estado un órgano que depende del Gobierno, la política ha entrado en juego de lleno y los republicanos han condicionado su acuerdo con el PSOE a este informe de los servicios jurídicos del Estado. En ningún caso el texto avalará las peticiones de ERC, partido que preside Oriol Junqueras y que pide su libertad y la nulidad del juicio.

Las condiciones de ERC exceden con mucho las capacidades de la Abogacía del Estado, señalan fuentes del PSOE. Aunque los republicanos hayan supeditado a ese escrito su apoyo a la investidura, el porvenir político y judicial de Junqueras no depende del informe de la Abogacía, sino del Tribunal Supremo, que fue el que se dirigió al Tribunal de Justicia de la UE para que se pronunciara sobre el alcance de la inmunidad del líder de ERC tras salir elegido eurodiputado en las elecciones europeas del 26 de mayo.

Según la sentencia europea, el Supremo debió haber levantado la prisión preventiva de Junqueras para que tomara posesión de su escaño. Pero la situación ahora ha cambiado porque el líder de ERC ya no está en prisión preventiva, sino condenado en firme a 13 años de cárcel por sedición y malversación. Las fuentes jurídicas consultadas señalan que, tras la condena, la demanda de ERC de que sea puesto en libertad y se anule el juicio no tiene sustento jurídico. Aunque la Abogacía sí apoyó que en su momento fuera a recoger el acta, la situación ha cambiado al haberse producido el juicio y pesar sobre Junqueras una condena en firme.

Las posibilidades ahora pasan por conceder a Junqueras un permiso para salir de prisión y acudir a la sede de la Junta Electoral Central a acatar la Constitución e incluso a Bruselas a tomar posesión del escaño en la Eurocámara. En su propuesta de junio, la Abogacía se quedaba en el primer paso, muy lejos de lo que pide ERC, pero también de lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que debía haberse hecho. Los servicios jurídicos del Estado nunca se posicionaron a favor de dejar a Junqueras en libertad condicional, sino que pidieron que se le permitiera acudir a la Junta Electoral custodiado por la policía y fuera trasladado de vuelta a la cárcel tras completar los trámites.

Rechazo a las presiones

Los argumentos que pueda utilizar la Abogacía serán analizados por ERC con la máxima atención, habida cuenta que para los republicanos la voz de la Abogacía es la del Gobierno, una interpretación a la que las fuentes socialistas añaden muchos matices. Según estas fuentes, el Gobierno no puede dictar un informe a los abogados del Estado.

Desde que se conocieron las expectativas de ERC sobre el informe de la Abogacía, el PP, Ciudadanos y Vox no han cejado en acusar al Gobierno de presionar a los responsables de este cuerpo del Estado para ganarse el apoyo de los republicanos. En este clima, los abogados del Estado se han visto en medio de un fuerte torbellino político, que se une a la complejidad del debate propiamente jurídico, que no ha sido del todo pacífico, según reconocen fuentes conocedoras de su redacción.

La incomodidad de la situación para este órgano se puso este domingo de manifiesto con un comunicado del Consejo Directivo de la Asociación de Abogados del Estado, que preside Fernando Bertran Girón. “Ante las recientes informaciones publicadas, el consejo directivo de la Asociación de Abogados del Estado rechaza cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado”.

El texto sostiene también que los abogados del Estado deben actuar en sus escritos procesales e informes “con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos”. Y añade: “Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho. Eso es lo que nos une”.

Tanto forcejo con la Abogacía ha provocado este comunicado que en el Gobierno no ha sorprendido. Ni ERC puede dar instrucciones de cómo tiene que actuar este cuerpo del Estado, ni la oposición pueda dar por sentado que los abogados del Estado van a escribir con criterios políticos y de partido, interpretan fuentes socialistas.