El Constitucional tramita la recusación de un magistrado al que el Govern acusa de anticatalanista

El Tribunal Constitucional tramitará la recusación planteada por el Govern del magistrado Andrés Ollero al que la Generalitat quiere apartar de todas las causas que afectan a esa comunidad por sus supuestas posiciones “abiertamente catalanistas”. El recurso del Ejecutivo de Quim Torra llegó ayer al Constitucional y el pleno ha aceptado este miércoles por unanimidad tramitarlo y aplazar temporalmente la resolución de cinco asuntos en los que Ollero tenía que intervenir.

La decisión de recusar a Ollero, que fue durante 17 años diputado del PP, parte de un voto particular presentado por el magistrado frente a la decisión del Constitucional de validar el Código Civil catalán. En su escrito, Ollero dijo: “A lo que no me presto es a someterme a supremacismos de quienes –a estas alturas– se sienten humillados si se les trata como si fueran iguales a los demás”. Y añadió: “Lo llamativo es que en este caso (la ponencia) ha logrado apoyo mayoritario, si bien es verdad que con algún reconocimiento de profundas dudas de constitucionalidad, superadas disfrazando de Realpolitik al mero fatalismo, para conjurar todo riesgo de melancolía, y apelando a un sentido práctico que cobraba aire darwinista”.

Según señaló la portavoz del ejecutivo catalán, Meritxell Budó, cuando el 3 de diciembre anunció el recurso, las manifestaciones de Ollero “tienen un sentido de descalificación ofensiva y revelan una animadversión manifiesta contra el Govern de la Generalitat, contra Cataluña o contra los catalanes”. Para el Govern, estas palabras “demuestran la pérdida de imparcialidad y un interés personal en las causas donde es parte el Govern de Cataluña y por tanto que la actitud del magistrado vulnera el principio de imparcialidad que tiene que respetar como miembro del tribunal”.

La admisión a trámite, el paso que ahora ha dado el Constitucional, es habitual cuando se plantea una recusación siempre que no haya ningún problema formal. Además de iniciar la tramitación, el tribunal ha decidido suspender cautelarmente la resolución de los cinco asuntos de los que la Generalitat pedía apartar a Ollero: los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno central el Código Tributario de Cataluña, contra la ley de la Agencia Catalana de Protección Social y contra la ley autonómica sobre Comercio, servicios y ferias, y los conflictos de competencias sobre determinados artículos del Reglamento de Adopción Internacional y el acuerdo del Govern por el que se aprueba el plan estratégico de acción exterior y relaciones con la Unión Europea. Esta suspensión se mantendrá hasta que el tribunal decida si aparta o no a Ollero de esos procesos.

El tribunal ha dado tres días de plazo a la Generalitat y a Ollero para que presenten alegaciones y ha nombrado como instructor del incidente al Magistrado Antonio Narváez.