El Govern recusa a un magistrado del Constitucional por su “animadversión a Cataluña”

La Generalitat ha decidido este martes, en su reunión semanal, recusar al juez del Tribunal Constitucional Andrés Ollero Tarassa por lo que considera sus posiciones abiertamente anticatalanistas. El Govern utiliza algunos extractos de su voto particular en la sentencia del Constitucional favorable a la reforma del libro sexto del Código Civil catalán para argumentar su posición y espera que tire adelante su acusación de imparcialidad.

"Más allá de constituir una opinión personal, las expresiones del magistrado Ollero Tarassa tienen un sentido de descalificación ofensiva y revelan una animadversión manifiesta contra el Govern de la Generalitat, contra Cataluña o contra los catalanes", ha asegurado la portavoz del Ejecutivo Meritxell Budó. El magistrado hace parte del ala más conservadora del tribunal y es cercano al PP.

El pasado 13 de noviembre, el Constitucional hizo pública la sentencia favorable a la reforma del Código Civil, aceptando que la Generalitat tiene competencia para legislar en materia de contratos de compraventa, permuta, mandato y gestión de negocios ajenos. A pesar de ello hubo un voto particular, el del magistrado en cuestión. En él se critica el actuar de los legisladores catalanas, entre otras cosas.

Ollero Tarassa hace referencia a otro recurso previo, el de la propiedad temporal. "Ya lamenté entonces que los padres políticos de la operación no hubieran aprovechado su presencia en las Cortes Generales para, vía proposición de ley, poner tal invento al servicio de todos los españoles. Se trataba, por el contrario, de aportar una modesta pieza a un código civil paralelo, ahora sustanciosamente recrecido", explica.

"A lo que no me presto es a someterme a supremacismos de quienes –a estas alturas–se sienten humillados si se les trata como si fueran iguales a los demás. Galicia y Valencia han debido conformarse con menos", defiende en otro parte de su voto particular el magistrado.

Para el Govern, estas palabras "demuestran la pérdida de imparcialidad y un interés personal en las causas donde es parte el Govern de Cataluña y por tanto que la actitud del magistrado vulnera el principio de imparcialidad que tiene que respetar como miembro del Tribunal. La Generalitat recusará al magistrado en los procesos de inconstitucionalidad que actualmente están en trámite como los de la Ley de Comercio, el plan estratégico de acción exterior o el Código Tributario.