En busca de la receta de la estabilidad

España votó el pasado 10 de noviembre por cuarta vez en cuatro años, y los resultados dieron lugar al Congreso más fragmentado de la historia. Obtener los apoyos necesarios para investir a un presidente del Gobierno no está siendo sencillo, y PSOE, PP y Ciudadanos han sugerido en los últimos meses sendas reformas electorales para facilitar la gobernabilidad. Expertos nacionales e internacionales consultados por EL PAÍS prefieren que se fomente una nueva cultura del pacto a asegurar mayorías con cambios legales. Estas son las alternativas:

Gobierno de la lista más votada

Es la reclamación más común de quien gana las elecciones. Bandera del PP de Mariano Rajoy y también de Pablo Casado —que llegó a presentar una proposición de ley para proclamar automáticamente alcalde al candidato más votado en las elecciones municipales—, ahora es el PSOE quien coquetea con la idea en el ámbito nacional, aunque sin ir tan lejos. En un documento de octubre, los socialistas proponían que, si no hay acuerdo en una primera votación en el Congreso, sea investido el candidato del partido que ganó las elecciones.

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Verdades y mitos sobre el sistema electoral

Este modelo ya se aplica en las Cortes de Castilla-La Mancha y en los Ayuntamientos. Carlos Fernández Esquer, experto en sistemas electorales de la Universidad Autónoma de Madrid, cree que la fórmula ha funcionado “razonablemente bien” para “evitar el bloqueo” allí donde se ha puesto en práctica, aunque recuerda que implicaría una reforma del artículo 99 de la Constitución para la que no existe consenso.

Prima de escaños al ganador

Implantado por el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi para garantizarse la mayoría parlamentaria, este sistema fue calificado de porcata (guarrada) por su propio creador, Roberto Calderoli, que comparte partido con el ultraderechista Matteo Salvini. En Italia se aplicó por última vez en 2013 y Grecia lo eliminará en las próximas elecciones. El PP ha vuelto a poner sobre la mesa esta propuesta ante un posible fracaso de las negociaciones del PSOE con ERC, pese a las dudas sobre su constitucionalidad. Para ello, sugiere aumentar de 350 a 400 el número de escaños del Congreso.

Según el politólogo heleno Evangelos Liaras, del IE School of Global and Public Affairs de Madrid, regalar 50 escaños al partido que gana las elecciones no ha asegurado la estabilidad en su país, que ha sufrido dos repeticiones electorales desde la instauración del modelo en 2004. Sin embargo, la prima de escaños hubiese permitido a Sánchez ser investido con los votos del PSOE y Unidas Podemos.

Sistema electoral mayoritario

Aunque el tamaño de las circunscripciones y el sistema d’Hondt favorecen a los partidos grandes y con el voto concentrado, el sistema electoral español es proporcional, lo que permite que muchas formaciones pequeñas lleguen al Congreso. En los últimos comicios, 16 partidos o coaliciones obtuvieron representación, lo que supone un récord. El cambio hacia un sistema mayoritario, que asignaría siempre el escaño de cada circunscripción a la fuerza más votada, dejaría a Ciudadanos o Más País fuera del Parlamento, a cambio de asegurar una mayoría clara para la formación ganadora, como ocurre en el Reino Unido. Sin embargo, lo habitual es que la fórmula se aplique sobre circunscripciones más pequeñas que las provincias, usadas en España desde 1977.

Para Russell Foster, profesor de política británica y europea en el King’s College londinense, este modelo “garantiza que el Gobierno puede llevar a cabo su plan”, pero no resulta útil en sociedades plurales como la española, donde es preferible fomentar los pactos para recuperar la confianza en la política y resolver los problemas territoriales. 

Segunda vuelta

Pese a que muchos partidos plantearon el 10-N como una segunda vuelta de los comicios de abril, solo el PSOE —a través de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo— ha sugerido la implantación de una segunda vuelta para asegurar la gobernabilidad. Este modelo se emplea en Francia cuando ninguno de los candidatos logra superar el 50% de los votos, de manera que se repiten los comicios con los dos líderes más apoyados, y el que gana es proclamado presidente.

Pero la democracia española no es un sistema presidencialista, sino parlamentario —al inquilino de La Moncloa lo elige el Congreso, no los ciudadanos directamente—, por lo que la reforma implicaría un cambio constitucional. Bruno Cautres, investigador electoral del instituto de estudios políticos parisino Sciences Po, mantiene que una segunda vuelta “generaría más polarización”: las fuerzas de izquierdas y de derechas sumarían esfuerzos para que su bloque se hiciese con el poder.

Barrera electoral

Después del fracaso de la República de Weimar, de cuya fragmentación política, entre otras cosas, surgió la alternativa de orden representada por el Partido Nazi de Hitler, Alemania decidió asegurar mayorías sólidas con un sistema novedoso en la Europa de posguerra: impedir que un partido entre en el Parlamento si no consigue al menos el 5% de los votos en el conjunto del país. A partir de ahí, el bipartidismo entre socialdemócratas y democristianos se consolidó. En España, varios Parlamentos autonómicos cuentan con leyes que fijan un umbral mínimo de entrada.

Ahora Ciudadanos propone implantar ese modelo en el Congreso, para impedir que los partidos independentistas obtengan representación parlamentaria. Los liberales llevaban en su programa electoral un umbral del 3% para el conjunto del país, ya que actualmente solo se aplica para cada una de las circunscripciones. Además de ineficaz —ERC consiguió el 3,61% de los votos totales el 10-N, por lo que entraría en las Cortes aun con ese sistema—, Esquer considera que la barrera resulta tramposa: “No se debería utilizar la ley electoral para tratar de eliminar a tus rivales políticos”.

Facilitar la investidura

También existe una forma de asegurar la gobernabilidad sin tocar la ley electoral: modificar los procedimientos de la investidura. Stefano Ceccanti, profesor de Derecho Constitucional en la Sapienza de Roma y diputado del Partido Demócrata, propone adoptar el modelo sueco, en el que, si el candidato no tiene una mayoría absoluta de votos en contra del Parlamento, es investido. De aplicarse en España, Pedro Sánchez habría sido elegido en julio, ya que obtuvo más votos en contra que a favor, pero no mayoría absoluta en contra. Una vez más, la fórmula obligaría a cambiar el artículo 99 de la Constitución. Otra vía es la que rige en el País Vasco y Asturias, donde solo se puede votar a favor del candidato o abstenerse.

Las alternativas son infinitas, pero los expertos consultados coinciden en que la única garantía de que haya Gobierno es que los partidos se pongan de acuerdo. La mejor solución, dicen, es generar una “nueva cultura del pacto”, que, según Liaras, consiste en que los políticos primen los intereses generales frente a los de partido y los electores castiguen con sus votos a los responsables del bloqueo. “Puede llevar décadas”, puntualiza Ceccanti.

En las elecciones de 2016, las urnas penalizaron al PSOE y a Cs, los dos partidos que habían cerrado un pacto. El 10-N, tras el fracaso de los políticos en fraguar un acuerdo, ambas formaciones, además de Unidas Podemos, fueron castigadas. La izquierda asegura que ha tomado nota, pero nadie sabe si será suficiente para no tener que volver a las urnas.