Una nueva ley electoral más justa
El cambio no se propone para que gane un partido, sino para que gane la democracia
![Albert Rivera, de Ciudadanos, y Pablo Iglesias, de Unidos Podemos, en el Congreso de los Diputados.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/KQG4DWUBI55GS4NSDQFKFJRRBM.jpg?auth=fbfdda834d1f8a008605c85c92aad715849ac3cd2ae5be0dc5bf189ff05539cf&width=414)
Allá por 1977, una Ley de Reforma Política pre-constitucional delegó en el Gobierno no democrático de Adolfo Suárez el diseño del sistema electoral español con unos objetivos muy concretos: que fueran más probables mayorías conservadoras.
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¿Cómo se consigue esto? Según Alfonso Osorio, vicepresidente de Adolfo Suárez, estableciendo la circunscripción provincial y eligiendo una fórmula de asignación de escaños que sea más o menos proporcional en las provincias más pobladas pero que funcione como un sistema prácticamente mayoritario en las provincias despobladas. Esta fórmula se llama D’Hondt y no solo aparece en el Real Decreto de 1977, también es la opción elegida en la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General; la vigente LOREG.
Pero ni siquiera hace falta la historia para comprender que la ley electoral es injusta. Nos basta con las matemáticas.
Dos datos que hablan por sí solos: 1. En las elecciones generales del 26 de junio de 2016, el PP obtuvo aproximadamente el 33,0% de los votos y eso le dio el 39,1% de los escaños en el Congreso de los Diputados; seis puntos más. Mientras tanto, Ciudadanos obtuvo el 13,1% de los votos pero tan solo el 9,1% de los escaños; cuatro puntos menos. 2. Un escaño del Partido Popular costó —en promedio— unos 57.700 votos, mientras que Ciudadanos necesitó aproximadamente 97.600 votos para conseguir un diputado; casi el doble.
Se entiende el rechazo del PP a la propuesta, pero no el del PSOE
Esta importante diferencia choca con el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 68.3 de la Constitución Española y, desde Unidos Podemos, pensamos que se trata de una obvia injusticia democrática. Por ello, hemos propuesto una manera muy sencilla y eficaz de repararla. Sin modificar el reparto de escaños por provincia ni aumentar el tamaño de la Cámara, bastaría con sustituir la fórmula D’Hondt por la fórmula Sainte-Laguë; una opción que se utiliza en varios países europeos como Alemania, Suecia o Dinamarca.
Lo que hace este cambio es conseguir que el sistema sea menos mayoritario y se vuelva más plural. Las provincias de Teruel y Segovia son dos ejemplos paradigmáticos de esta mejora. Con la propuesta de Unidos Podemos, ambas habrían mantenido sus tres escaños en el Congreso en 2016 y habrían dejado de estar huérfanos de representación 12.442 votantes turolenses de Unidos Podemos y 13.514 votantes segovianos de Ciudadanos.
Es importante destacar que este aumento de la pluralidad política sin menoscabo de la representación total se da especialmente en las provincias despobladas, y es importante hacerlo porque, en los últimos días, se han difundido falsedades a este respecto.
La actitud del PP es esperable si pensamos en el efecto global del cambio de D’Hondt por Sainte-Laguë en el conjunto de España. El índice de Gallagher —un indicador que vale cero en el caso ideal de una proporcionalidad perfecta— baja de 5,4 con D’Hondt a 2,0 con Sainte-Laguë. Esto quiere decir que nuestra democracia mejoraría objetiva y ostensiblemente con esta modificación. Pero si nos empeñamos en ponernos las gafas del interés partidista es cierto que Ciudadanos, al ser el partido más perjudicado por la ley actual —siempre pensando en los resultados de 2016—, sería el más beneficiado con el cambio. Del mismo modo, el PP resultaría el más perjudicado al restablecer la proporcionalidad.
En el caso del PSOE, su oposición a transitar hacia una ley electoral más justa es mucho más difícil de comprender. Primero, porque lleva en su programa electoral un aumento de la proporcionalidad y, segundo, porque el cambio propuesto apenas le afecta.
Sea como sea, esto no va de cuánto gana o pierde cada formación política —lo cual, por otro lado, es imposible de saber sin conocer los resultados de las próximas elecciones—, sino de cuánto gana nuestra democracia. Solamente alguien que no es un verdadero demócrata preferiría un sistema más injusto porque le beneficia a él.
Es hora de pasar página a una ley electoral caduca y diseñada en tiempos preconstitucionales. La propuesta la hace Unidos Podemos, pero humildemente pensamos que es una demanda de la inmensa mayoría de la sociedad.
Pablo Echenique es secretario de Organización de Podemos.
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