La Justicia escocesa deja en libertad bajo fianza a Clara Ponsatí

La Justicia escocesa ha dejado en libertad este jueves a la exconsejera de Educación del Govern Clara Ponsatí, y no le ha retirado el pasaporte, según ha confirmado su abogado, que ha asegurado que Ponsatí ha quedado en libertad bajo fianza. La próxima vista ante el juez que debe examinar la euroorden española contra la exconsellera tendrá lugar el 12 de diciembre. Ponsatí se había presentado en la mañana de este jueves en una comisaría de la policía de Edimburgo acompañada de su abogado Aamer Anwar, después de que el Reino Unido aceptara tramitar la nueva orden de detención europea para Ponsatí por el presunto delito de sedición en relación con su participación en la organización del 1-O.

El abogado de Ponsatí ya adelantó este miércoles que pedirá la libertad provisional ante la Justicia escocesa. Este jueves, Aamer Anwar ha asegurado, después de que su clienta entrara en la oficina policial, que España "abusa del proceso de extradición" y ha recordado que en Escocia no existe el delito de sedición. Ponsatí huyó de España hace más de dos años para no afrontar el juicio del procés. Viajó primero con el entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y más tarde se estableció en Escocia.

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Fue el pasado viernes cuando el departamento del Ministerio del Interior británico que funciona como la oficina de Sirene (Servicio de Información Suplementaria) de Europol en ese país, dio finalmente trámite a la orden de arresto contra la exconsejera de Educación. La decisión se tomó poco después de recibir la documentación con nuevas explicaciones que habían exigido a España.

El juez Pablo Llarena, instructor del caso, envió un texto en el que detallaba las acciones llevadas a cabo por Ponsatí para facilitar el procés. "Desobedeció las resoluciones y los requerimientos reiterados del Tribunal Constitucional del Reino de España, así como la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (...) y realizó las acciones anteriormente descritas tendentes a celebrar el referéndum de independencia, pese a conocer la legalidad y la nulidad del proceso, que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos, todo ello con el objetivo de conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente", escribió Llarena.