El Reino Unido admite a trámite la euroorden contra Clara Ponsatí

La Agencia Nacional del Crimen (NCA, en sus siglas en inglés), el departamento del Ministerio del Interior británico que funciona como la oficina de Sirene (Servicio de Información Suplementaria) de Europol en ese país, ha dado finalmente trámite a la orden de arresto contra la exconsejera de Educación de la Generalitat, Clara Ponsatí, huida en Escocia.

Según ha afirmado el abogado de Ponsatí, Aamer Anwar, "después de hablar con las autoridades británicas, he entendido que han aceptado la información adicional y que han dado el certificado preceptivo a la orden de arresto".

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La decisión se ha tomado poco después de recibir la documentación con nuevas explicaciones que habían exigido a España. El juez Pablo Llarena, instructor del proceso, ha enviado un texto en el que detalla las acciones llevadas a cabo por Ponsatí para facilitar el procés. "Desobedeció las resoluciones y los requerimientos reiterados del Tribunal Constitucional del Reino de España, así como la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (...) y realizó las acciones anteriormente descritas tendentes a celebrar el referéndum de independencia, pese a conocer la legalidad y la nulidad del proceso, que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos, todo ello con el objetivo de conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente", ha escrito Llarena.

La descripción del juez es muy factual y no hace referencia al delito de sedición. Su relato sugiere más bien que se trataría de un acto de desobediencia, y parece escrito para evitar la confusión inicial que llevó a las autoridades británicas a rechazar la tramitación de la euroorden "por desproporcionada". Horas después, la NCA pidió disculpas por ese adjetivo y se limitó a reclamar información adicional sobre la participación de Ponsatí y su vínculo con todos los actos ilegales.

El abogado de la exconsejera ya ha anunciado la intención de su cliente de entregarse a la policía el próximo 14 de noviembre. El caso pasará a manos de la justicia escocesa, que todavía deberá dar su última palabra. En el caso de la NCA, se trataba de un trámite preceptivo que la ley británica exige antes de que la petición llegue a manos de un juez.