El activismo de los letrados extranjeros del ‘procés’

Los abogados extranjeros de los dirigentes independentistas se han labrado un prestigio en causas vinculadas a los derechos humanos, pero también son reconocidos por su activismo político. Aamer Anwar (Reino Unido, 1967), letrado de la exconsejera de Educación Clara Ponsatí, actualmente en Escocia, es el que ha llevado más lejos su defensa de la independencia fuera de los tribunales. Se dio a conocer para el gran público en España en su discurso de la última Diada. Aseguró que “el general Franco estaría orgulloso de la España contemporánea”, dio por hecho que “el Estado español actúa como una dictadura fascista”, y exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que liberara a los políticos en prisión preventiva, omitiendo la separación de poderes.

Anwar fue un apoyo destacado del independentismo escocés durante el referéndum de autodeterminación de 2014, y también entonces se distinguió por opiniones subidas de tono. “Para Escocia y Cataluña, ya no es una cuestión de si habrá independencia, sino de cuándo habrá independencia. Algún día Escocia será independiente y Cataluña también será independiente, esto no lo puede parar nadie porque es una cuestión de justicia, de derechos humanos. La gente tiene derecho a decidir su propio futuro, el futuro de sus hijos, un futuro libre de la opresión y un futuro en el que pueda decidir cómo se quiere vivir. Nos hemos hartado, no queremos ser esclavos y ya no queremos estar colonizados”, dijo en julio en TV-3. Anwar también difunde de forma hiperactiva propaganda en Twitter, como el 25 de septiembre, cuando dio por bueno un bulo según el cual Pedro Sánchez mandó helicópteros del Ejército a sobrevolar Girona para amedrentar al independentismo. Ha ejercido de abogado en famosos casos de vulneración de derechos humanos y se hizo popular al ser elegido representante de los estudiantes de la Universidad de Glasgow.

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Expertos todos en procesos de extradición, la mayoría de los representantes legales de los líderes independentistas han defendido a acusados por pertenecer a ETA. Anwar lo hizo en 2013 con el etarra Beñat Atorrasagasti, finalmente extraditado y condenado en Francia. El belga Christophe Marchand, representante legal de los exconsejeros Toni Comín y Meritxell Serret, ha defendido a una quincena de personas acusadas por España y Francia de formar parte de la banda terrorista. Marchand también es el abogado del expresidente de Ecuador Rafael Correa, residente en Bélgica e investigado en su país por su presunta colaboración en el secuestro del opositor Fernando Balda.

Olivier Peter, abogado suizo y defensor de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, actualmente residente en Ginebra, es conocido por haber sido abogado en causas de miembros de ETA ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Uno de los grandes éxitos profesionales de Peter fue la condena este 2018 del TEDH al Estado español por los maltratos que sufrieron los etarras Portu y Sarasola, autores del atentado en 2006 en la terminal T4 del aeropuerto de Barajas.

Paul Bekaert, representante legal de Carles Puigdemont en Bélgica, también ha representado a una quincena de miembros de ETA. Su vínculo con Euskadi se remonta a 1979 y va más allá de lo profesional: como analista de la política vasca ha escrito numerosos artículos en Meervoud, revista flamenca de izquierdas e independentista. Bekaert se refiere a los encarcelados de ETA y de la izquierda abertzale como “presos políticos”, y critica de forma reiterada el bajo nivel, a su parecer, de la democracia española: “España se está acercando al nivel de Turquía. Ankara también excluye a los partidos kurdos de la ley e incluso condena a los escritores que defienden la causa kurda”, escribió Bekaert en 1997. En una entrevista este año en La Universidad Católica de Lovaina, insistió en que, en España, “el legado de Franco se mantiene vivo en las mentes del poder”.

Cataluña independiente

“En 18 meses, Cataluña tendrá un asiento en la ONU como Estado independiente". Son palabras de otro de los abogados estrella de Puigdemont, Ben Emmerson, prestigioso jurista que forma parte de los Tribunales Penales de la extinta Yugoslavia y de Ruanda, y que ha sido relator de la ONU. También es abogado de celebridades como Boris Becker, juzgado por impagos en el Reino Unido y acusado de contar con un pasaporte diplomático comprado en la República Centroafricana.

Emmerson es una eminencia en su campo, como lo fue el abogado en Alemania de Puigdemont, Wolfgang Schomburg —que también fue juez de los tribunales de los crímenes de Yugoslavia y Ruanda—, aunque Schomburg no ejerce el activismo como Emmerson. Este se ha caracterizado por exabruptos contra España en Twitter y por mensajes propagandísticos como los que expresó en la manifestación de la pasada Diada: “Esta es la última Diada bajo ley española; Cataluña será una república independiente el año que viene. […]El Gobierno de Pedro Sánchez sabe que su única esperanza para un acuerdo es que tome una acción decisiva ahora mismo. Hoy mismo debe liberar a los presos políticos”.

Nico Krisch representa la parte más ligada a la defensa de los derechos humanos. Intervino cuando el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez pidió a la ONU que permitiese su investidura como presidente de la Generalitat. Krisch presentó el escrito y logró una resolución favorable. En rueda de prensa, acusó a España de “violar” los derechos políticos de Sànchez.

Estas actividades públicas más allá de los tribunales son las expresiones de abogados que son activistas, pero también forman parte de una estrategia para defender a sus clientes, según explicó Anwar en una entrevista a Vilaweb de septiembre: “El presidente Torra nos dijo que somos tan famosos como Messi, porque la lucha no es solo en la sala del juicio; si fuera así, perderíamos la batalla. Hay una persecución política, y si queremos combatirla, lo tienes que hacer políticamente, has de hacer campaña fuera del tribunal, y conectar con el corazón y la mente de la gente, no solo de los independentistas”.