Los presos del ‘procés’, más cerca de la semilibertad y los permisos penitenciarios

Los cerca de dos años de prisión preventiva que acumulan cada uno de los nueve presos del procés facilitarán tanto que accedan a permisos carcelarios como a la semilibertad. Los primeros los podrán solicitar cuando hayan cumplido una cuarta parte de la condena. Su concesión depende de la Administración Penitenciaria de la Generalitat, al estar en prisiones catalanas.

No tendrán que aguardar tanto para aspirar a ser clasificados en tercer grado o régimen abierto, lo que les permitiría tener que acudir a prisión solamente a dormir de lunes a jueves. Para lograrlo, la Junta de Tratamiento (un órgano interno de la cárcel formado por profesionales penitenciarios) tiene que proponerlo en la clasificación que haga de los presos tras la sentencia. El plazo máximo para ese trámite es dos meses, pero nada le impide hacerlo en solo unos días: ese periodo se emplea en hacer un estudio individualizado que, en el caso de los políticos catalanes, ya ha sido elaborado en el tiempo que llevan como presos preventivos.

Si con ese estudio la Junta opta por el tercer grado y su propuesta es aprobada por los Servicios Penitenciarios de la Generalitat, la medida puede ser recurrida por la fiscalía, en primera instancia, ante el juez de vigilancia penitenciaria y, posteriormente, ante la Audiencia Provincial, que tendrá la última palabra.

Si la Junta o los tribunales propone el segundo grado —en el que está la inmensa mayoría de los reclusos—, los presos aún podrán acceden a algunas de las ventajas de la semilibertad si les aplican los dos artículos del Régimen Penitenciario que contemplan flexibilizar la vida de los reos para facilitar su reinserción: el 100.2 y el 117. El último es el que permite a Iñaki Urdangarin salir dos veces a la semana de prisión para colaborar con una ONG. En este caso, el fiscal también puede recurrir.