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El independentismo se radicaliza en vísperas de la sentencia del ‘procés’

La detención de los siete miembros de los CDR ha vuelto a agitar las bases secesionistas

El presidente catalán, Quim Torra, consulta el pasado jueves unos papeles en el Parlament. En vídeo, el Gobierno impugnará las resoluciones del Parlament.

No ha sido necesario que el Tribunal Supremo dicte la sentencia del juicio del procés para que la política catalana haya vuelto a entrar en ebullición. El encarcelamiento preventivo de siete activistas del separatismo acusados de terrorismo, la defensa acérrima de estos que el presidente Quim Torra ha realizado en sede parlamentaria y las acusaciones de “batasunización” que formulan Ciudadanos y Partido Popular han vuelto a poner sobre aviso a las instituciones del Estado de las intenciones del independentismo que, si bien se halla en horas bajas en cuanto a capacidad organizativa, mantiene un importante poder de desestabilización, especialmente mientras el Gobierno sigue en funciones a la espera de la repetición electoral del 10-N.

La imagen del Parlamento catalán el pasado jueves con cánticos de “libertad” desde amplios sectores de la bancada independentista para unos detenidos acusados de terrorismo —a quienes ya califican de “presos políticos” como a los líderes del procés encarcelados— es un botón de muestra de la situación en la que se encuentra un movimiento ya muy fragmentado. El presidente Torra coreando “llibertat” mientras a su lado el vicepresidente Pere Aragonès (ERC) mira al techo en silencio es también muestra de ese estado de cosas. Aunque, eso sí, minutos antes los dos juntos habían votado a favor de la “desobediencia civil e institucional” si se condena a los líderes del procés, habían pedido la retirada de la Guardia Civil de Cataluña y, arrastrados por la CUP, se habían deslizado hacia el euroescepticismo con una resolución que llamaba a replantarse si una eventual república catalana debe permanecer en la Unión Europea.

¿La cercanía de la sentencia del Supremo ha borrado la débil línea que separaba el independentismo pragmático del unilateralismo que emana del refugio belga del expresidente huido Carles Puigdemont? El líder del PSC, Miquel Iceta, ve las escenas del Parlament como la demostración de “la desorientación e impotencia del independentismo” en el momento actual. “Se han comprometido tanto con esta causa que ahora no saben qué hacer y se han equivocado especialmente al equiparar a unos detenidos por presunto terrorismo con líderes políticos como Oriol Junqueras, a quien seguro que no están haciendo ningún favor con ello”. Al mismo tiempo que hacen esto, Iceta observa con escepticismo las llamadas a la “desobediencia civil e institucional”. “De momento no han desobedecido ni siquiera con la pancarta de los presos que tanto habían reivindicado el día anterior”, opina en referencia al acatamiento in extremis por parte de Torra de la orden judicial de retirar la pancarta que hasta el viernes colgaba del balcón de la Generalitat. Iceta, eso sí, considera “imprevisible” lo que pueda hacer Torra en el futuro y se alinea con el PSOE sobre una eventual aplicación del artículo 155 en Cataluña. “Si hacen algo grave habría que tomar decisiones”.

PP y Ciudadanos consideran que el independentismo ya ha cruzado sobradamente las líneas rojas y han situado de nuevo a Cataluña en el centro de su precampaña electoral. Ciudadanos ha elevado el tono al máximo acusando a Torra de estar al frente del “comando”. El PP no ha llegado tan lejos, pero sí alerta de la “batasunización” del secesionismo. Esquerra navega entre las muestras de apoyo incondicional a los detenidos, sobre todo por parte de las bases, y un mensaje más modulado desde la cúpula. Este sábado, el coordinador general del partido, Pere Aragonès, aseguró ante el consejo nacional: “Seremos los primeros en rechazar la violencia venga de donde venga, pero no toleraremos que se criminalice al independentismo”.

En la esfera económica la situación genera más desasosiego que preocupación. Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal Foment, observa con pesar que la Generalitat no haga nada para que vuelvan a Cataluña las más de 4.000 empresas que se han ido desde 2017. “Es evidente que no volverán mientras el Govern, y especialmente su presidente, sigan diciendo las cosas que dicen, y ahora el riesgo es que estas compañías trasladen también fuera de Cataluña sus cuarteles generales”, mantiene. Con todo, a corto plazo, su principal preocupación viene de la parálisis institucional. “Tanto el Gobierno central como el catalán siguen con los presupuestos prorrogados y mientras allí están en funciones, aquí es como si lo estuvieran”, sostiene.

Y no se atisban cambios. Torra sigue anclado en la gesticulación extrema y los sectores del independentismo civil que más influyen sobre el presidente, como la Asamblea Nacional Catalana, siguen presionando en este sentido. La presidenta de esta entidad privada, Elisenda Paluzie, defiende que con las detenciones “el Estado quiere acabar como sea con el movimiento independentista”, y llama a los partidos secesionistas a acordar ya una respuesta “unitaria” tanto a esto como a la sentencia del procés. Por su parte promete agitar la calle. “Habrá manifestaciones masivas y también movilizaciones algo diferentes a lo que hemos visto hasta ahora”, subraya sin adelantar detalles.

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