La mayoría independentista en el Parlament aprueba pedir la amnistía para los políticos presos

La Cámara catalana ha aprobado este jueves comprometerse a trabajar para lograr una amnistía para los políticos presos en el caso de que la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio al procés sea condenatoria. Junts per Catalunya, ERC y la CUP han sumado sus 68 votos en la sesión de este jueves para sacar adelante su propuesta de resolución conjunta, que ha contado con el rechazo de los diputados de Ciudadanos, PSC y PP. Catalunya en Comú Podem se ha abstenido.

El Parlament también ha aprobado una propuesta de resolución de JxCat y ERC por la que la Cámara declara necesaria "la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil". El texto señala que este cuerpo policial “se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales, y completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía”. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, con la abstención de los comunes, y los votos en contra de Cs, PSC y PP.

En lo referente a la amnistía, la propuesta es el primer esbozo de la respuesta al fallo en la que desde hace meses trabajan las formaciones y entidades soberanistas. El texto pactado por los grupos secesionistas establece que el Parlament se comprometa “una vez conocida la sentencia, si es condenatoria, a trabajar para encontrar soluciones para conseguir su libertad a través de la aplicación de una amnistía". La CUP, en su propio texto, va más allá y pide que esa amnistía se extienda a "todas las personas que hayan estado procesadas, detenidas o encarceladas por defender los derechos políticos y sociales, desde el derecho a la autodeterminación hasta el del derecho a huelga".

La portavoz de los comunes, Susana Segovia, ha asegurado que apoya la amnistía pero ha pedido no dejar de lado "otras vías más inmediatas o viables" y ha lamentado que las formaciones secesionistas no hayan intentado sumar a otras formaciones. "Ni la amnistía ni una reforma en el Código Penal serán posibles si no extendemos el consenso a otras formaciones de ámbito estatal", ha recordado.

Ciudadanos, que ha votado en contra, ha pedido a los independentistas que obedezcan la sentencia y ha rechazado la posibilidad de que haya "amnistías", según ha explicado su diputado Dimas Gragera. El PP y el PSC también han votado en contra.

Los juristas discrepan sobre la viabilidad de una ley de amnistía, que requeriría una ley específica aprobada por el Congreso, como sucedió en la Transición. Xavier Arbós, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, considera que la elaboración tiene encaje en la Constitución. Sin embargo, entiende que debería ser el propio Parlament quién impulsara la redacción de un proyecto de ley y lo presentara a la Cámara baja española o bien reclamara al Gobierno central que elabore el texto legal.

Por su parte, Javier Tajadura, profesor de la Universidad del País Vasco, considera que la amnistía para los presos independentistas no tiene encaje en la Constitución, que en su artículo 62 atribuye al Rey la competencia para "ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales". Esta última expresión, según Tajadura, equivale a la amnistía y, a su entender, supondría una "injerencia clara" en el poder judicial, como lo es pronunciarse en contra de la concesión de indultos. "Hay que esperar a la sentencia y no proceden esos pronunciamientos antes de que se conozca", añade,

Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y de varios consejeros huidos en Bruselas, coincide con Tajadura en que "la Constitución prohíbe los indultos generales", según declaró el pasado mes de agosto en una entrevista. El letrado recuerda que la ley de amnistía "requiere una mayoría legislativa muy amplia", pues debería tramitarse como ley orgánica.