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El Parlament aprobará pedir una amnistía para los presos si son condenados

La mayoría independentista pacta su primera respuesta ante una eventual sentencia condenatoria del Supremo

En vídeo, la intervención de Torra ayer en el Parlament. FOTO: ALBERT GARCÍA | VÍDEO: ATLAS

La mayoría independentista del Parlament ha pactado una propuesta de resolución en el Debate de Política General que contempla pedir la amnistía para los presos en prisión en el caso de que el Tribunal Supremo dicte una sentencia condenatoria. El texto se votará este jueves en el Pleno y con toda probabilidad se aprobará con 68 votos sobre los 135 que tiene el Parlament. Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP suman en total 70 diputados pero su mayoría queda reducida a 68 al no poder votar Carles Puigdemont y Toni Comín, ambos en Bélgica y huidos de la justicia española.

El acuerdo es, de hecho, el primero que pactan las fuerzas independentistas con vistas a la sentencia y subraya en la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso a la "soberanía del conjunto de Cataluña". La resolución cuenta con ocho puntos y en el sexto expone su voluntad de abogar para conseguir la amnistía de los líderes independentistas en prisión. La resolución considera, de entrada, que el fallo debería ser absolutorio porque entiende que los presos no han cometido ningún delito según "los estándares más básicos de derechos civiles y políticos".

Sin embargo, en el caso de que el Supremo les condene la Cámara se compromete a trabajar en su amnistía. "El Parlament se compromete, una vez conocida la sentencia, si esta es condenatoria, a trabajar para encontrar soluciones para conseguir su libertad a través de la aplicación de una amnistía como parte de una solución política al conflicto político de Cataluña con el Estado español". Esa medida de gracia no está contemplada en la Constitución y requeriría que el Congreso aprobara una ley específica para ello.

El texto reclama también la "libertad inmediata" de los presos y la vuelta de los "exiliados" así como el sobreseimiento de todas las "causas represivas" al tiempo que prepara el escenario para canalizar la reacción de la ciudadanía ante una posible condena. El Parlament se conjura para "liderar una respuesta institucional" en defensa de los derechos fundamentales civiles y políticos y da su apoyo y hace un llamamiento a ejercer "el derecho a la manifestación, a la libertad de expresión, movilización y protesta siempre por las vías pacíficas, cívicas y democráticas".

Dimisión de Cunillera y "retirada de la Guardia Civil"

Junts per Catalunya y Esquerra han pactado, esta vez sin la CUP, varias resoluciones conjuntas. Las dos fuerzas denuncian en la que lleva por título Defensa del Estado de Derecho y los Derechos Civiles y Políticos que se ha abusado de la legislación bajo la coartada de intentar combatir el terrorismo para atemorizar a la ciudadanía y "coartar la protesta y la disidencia". Por ello, piden la dimisión de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera y la retirada de la Guardia Civil por mostrarse como una policía de "cariz político".

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