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El juez niega a la familia Franco legitimación para querellarse por supuestas injurias al dictador

El juzgado de Instrucción 4 de Alcobendas desestima la querella de la familia contra Atresmedia, el programa 'Equipo de Investigación' y varios historiadores

Jaime Martinez-Bordiu (en el centro), Carmen Martinez-Bordiu (a la derecha de la imagen), Luis Alfonso de Borbon (a la izquierda) y Margarita Vargas (detrás de él) en el funeral de Carmen Franco, hija de Francisco Franco, en la Catedral de La Almudena de Madrid el 31 de diciembre de 2017. En vídeo, las claves sobre la exhumación de Franco.
Santiago de Compostela

Los nietos de Franco "carecen de legitimación" para querellarse por supuestas "injurias" vertidas contra su abuelo y el modo en que se hizo con la fortuna que ellos, pasado el tiempo, heredaron. Esta es la conclusión a la que llega el magistrado Gonzalo Salgado, del juzgado de Instrucción número 4 de Alcobendas, en el auto con el que da carpetazo al intento de José Cristóbal, Carmen, Francisco Franco, María de la O, María del Mar, María Aránzazu y Jaime Felipe Martínez-Bordiú Franco de exigir responsabilidades penales a varios historiadores, a Atresmedia y a integrantes del programa Equipo de Investigación de La Sexta. El objeto de controversia era el reportaje Los papeles secretos de Franco, emitido el 20 de noviembre del año pasado. Y en un auto fechado el día 5 de este mes el juez acuerda no admitir a trámite la querella y archivar las actuaciones, después de repasar el documental, por "carecer los querellantes de legitimación activa para presentarla" ya que no son "directamente ofendidos por los delitos invocados".

Entre los querellados estaban el investigador gallego Carlos Babío, cuyas pesquisas, durante 22 años, han servido de base al Estado para reclamar el pazo de Meirás; el escritor y periodista Mariano Sánchez Soler; el director general de Atresmedia Televisión, Javier Bardají; y varios periodistas, la directora y la conductora del reportaje de La Sexta. Pero el juez no alcanza a ver que lo emitido "en ningún modo" sea "constitutivo de un delito", en este caso de injurias y/o calumnias. "La presentación de una querella no conduce de manera forzosa o ineludible a la incoación de un procedimiento penal", avisa, y "es en el marco de la jurisdicción civil donde en su caso deben resolverse las controversias existentes".

Según los Franco, describe el auto, "el reportaje recoge afirmaciones difamatorias y de desprestigio contra ellos que no se ajustan a la verdad y que son vertidas con temerario desprecio, con perjuicio hacia su imagen, que debe ser reparado". La querella incluye de forma entrecomillada las manifestaciones que van realizando los intervinientes en la grabación, pero el juez Salgado, después de repasarse el contenido del programa, defiende que en ellas "no se hace ninguna referencia personal a ninguno de los querellantes": "No se recoge ni un solo reproche, ni una sola crítica; menos aun comentario insultante o vejatorio contra ellos. Tampoco se hace imputación alguna de hechos frente a los mismos".

"En el programa se hace una alusión genérica a los herederos de Francisco Franco Bahamonde", dice el magistrado, solamente en una frase: "¿Cómo consigue con un sueldo de 95.000 pesetas dejar a sus herederos con una herencia de más de 500.000 euros?". "En principio", recuerda el auto judicial, "sus herederos serían su mujer e hija, no los querellantes". "Como mucho", continúa argumentando su archivo el juez, "si es que los querellantes fueron herederos directos de don Francisco Franco, en el citado párrafo se manifiesta que han aceptado dicha herencia, lo que sin más comentario no puede constituir injuria ni calumnia, siendo por otra parte dicha afirmación cierta".

En el reportaje, abunda, "ni se especula que los querellantes han aceptado herencias con conocimiento de su origen ilícito ni mucho menos que han intentado ocultar dicho presunto origen". "Nos hallamos", reprocha a la representación legal de la familia Franco, ante una "pluralidad de conjeturas y elucubraciones sin apoyo alguno que se hacen todavía más imaginativas cuando se pretende esgrimir un ánimo injurioso de los querellados sobre unas personas a las que no se hace más alusión durante el reportaje".

"Este instructor desconoce cuál puede ser el objetivo de la querella penal, pero sin duda carece de fundamento fáctico", afea además a los Franco el magistrado. "Cierto es que en el reportaje se deslizan comentarios que pretenden arrojar serias dudas acerca de la legalidad de la actuación del abuelo de los querellantes cuando se hizo con una 'fortuna millonaria' mientras estuvo vivo", reconoce Gonzalo Salgado. "También se hacen un par de afirmaciones poniendo en entredicho la conducta de los padres [de los querellantes], a los que parece que se les reprocha haber participado en una presunta trama de ocultación de cierta documentación relevante sobre la citada fortuna", añade también. "Pero sobre los querellantes nada en absoluto se dice".

Por último, el instructor recuerda que, desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal en el año 1995 y la derogación del de 1973, "los causahabientes no pueden ejercitar acciones penales en defensa del derecho al honor de sus causantes en la herencia". Y en consecuencia acuerda la inadmisión de la querella y el archivo de las actuaciones por "carecer los querellantes de legitimación activa para presentarla", por no ser "directamente ofendidos por los delitos invocados".

“Lo que pretenden es amedrentar, que cada vez que abras la boca recibas una demanda”, comentaba el pasado junio a EL PAÍS uno de los querellados, Carlos Babío, coautor del libro Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio (Fundación Galiza Sempre), junto al historiador Manuel Pérez Lorenzo. Ahora, el hecho de que la justicia dé la espalda a los descendientes del dictador por este reportaje de La Sexta emitido en el aniversario de su muerte representa, para el investigador gallego, "un paso importante" para el futuro desenlace de otros procesos en marcha. Él mismo sigue pendiente de otra denuncia interpuesta meses antes por los Franco, en un juzgado de Madrid, por asegurar en el programa En el punto de mira, de Cuatro, que para acrecentar de seis a nueve hectáreas la finca de Meirás, la junta compuesta por hombres del régimen para agasajar a Franco llevó a cabo una expropiación en la que los labriegos fueron llevados a la fuerza a A Coruña para firmar.

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