Interior mantendrá el despliegue de antidisturbios en Cataluña hasta después de la sentencia del ‘procés’

El despliegue de policías antidisturbios que el Ministerio del Interior tiene fecha de inicio, el próximo 30 de septiembre, pero aún no está claro cuándo acabará. Todo depende de los "análisis de riesgo" que realicen los expertos policiales una vez que se conozca la sentencia contra los líderes del procés, prevista para la primera quincena de octubre. De hecho, el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha puesto como fecha límite al envío de agentes el próximo 15 de octubre ante la previsión que el fallo del Tribunal Supremo se conozca ya para entonces. No obstante, fuentes de Interior admiten que esta fecha no es fija y que puede prolongarse la estancia de los agentes "si la situación lo requiere". Estas mismas fuentes recalcan que todo se está realizando en coordinación con los Mossos d'Esquadra.

Fuentes policiales detallan que algunos agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP, conocidos como antidisturbios) han comenzado a llegar ya a Cataluña, aunque los mismos no estarán operativos hasta la semana que viene. En un primer momento se han desplegado grupos procedentes de Sevilla que, pasados unos días, serán relevados por otros de Bilbao y Granada, según detallan estas fuentes. Serán movilizados varios cientos de policías y guardias civiles, aunque diversas fuentes consultadas estiman que la previsión inicial es que no coincidan más de 200 agentes de refuerzo en Cataluña. Fuentes de Interior consultadas insisten en que el número no está cerrado y se podrá “incrementar o reducir” en función de los acontecimientos. En este sentido, recuerdan que la detención el pasado lunes de nueve integrantes de los autodenominados Comités en Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo ha incrementado la posibilidad de altercados.

Los antidisturbios desplegados serán destinados a reforzar la seguridad de los edificios públicos en Cataluña dependientes de la Administración General del Estado, entre ellos la Delegación del Gobierno en Barcelona, comisarías y cuarteles de la Guardia Civil, así como la seguridad en la frontera con Francia, a semejanza de lo que se hizo ya el año pasado, cuando tuvo lugar el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Interior recalca que el despliegue ha sido coordinado con los Mossos d'Esquadra. De hecho, la próxima semana hay prevista una reunión entre responsables del ministerio y de la consejería de Interior del Gobierno catalán para concretar los detalles.

En este sentido, las fuentes consultadas destacan que las relaciones entre los cuerpos policiales estatales y los mossos, que quedaron muy maltrechas tras la polémica actuación de estos últimos durante los sucesos del 1-O, han recuperado la fluidez desde la llegada del PSOE al Gobierno. El último gesto ha sido la reciente concesión por parte de la Policía Nacional a cuatro agentes de los mossos de sendas condecoraciones. El año anterior no se entregó ninguna. Fuentes de la Dirección General de la Policía destacan que solo en los dos últimos meses ha habido cinco operaciones conjuntas entre ambos cuerpos como ejemplo del nuevo ambiente que se respira entre ellos.

En la actualidad, la plantilla de la Policía Nacional en Cataluña —donde los Mossos son policía integral— es de algo menos de 4.000 efectivos, de los que aproximadamente un millar de los puestos está sin ocupar, el porcentaje más alto de toda España. El pasado verano, Interior cubrió parte de esas vacantes con más de medio millar de los cerca de 2.600 nuevos policías que juraron su cargo el 13 de junio tras dos años de formación. La Guardia Civil, con una plantilla algo inferior en esta región, también tiene problemas de personal, con cerca de 600 vacantes. De hecho, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perdieron 566 efectivos en la provincia de Barcelona entre 2012, primer año de Gobierno del PP, y 2017, cuando se produjeron los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils y el referéndum ilegal.