Investigados ocho jefes operativos de la Policía por el 1-O en Barcelona

La investigación judicial sobre la actuación policial durante el referéndum del 1-O ha dado un salto cualitativo. Hasta ahora, un juez de Barcelona tenía bajo la lupa a agentes y oficiales que habían participado en acciones concretas frente a ciudadanos. Ahora, sin embargo, apunta a los mandos operativos por las órdenes concretas que dieron para actuar en los 27 colegios electorales de Barcelona objeto de investigación. Ocho de esos responsables, todos inspectores del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han sido citados a declarar.

El titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, mantiene abierta una amplia investigación a raíz de la denuncia de decenas de personas que resultaron lesionadas o contusionadas durante la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017. Hasta ahora, además de víctimas y testigos, han desfilado ante el juzgado, en calidad de investigados, una treintena de agentes y mandos de los equipos antidisturbios de la Policía que participaron en la jornada.

En total, se están investigando las cargas policiales en 27 de los colegios e institutos que fueron utilizados como centros de votación en Barcelona el 1-O. Las pesquisas habían llevado, hasta ahora, a aclarar lo ocurrido en algunos de esos centros. Tras analizar decenas de horas de vídeo, el magistrado mantuvo abiertas algunas causas y archivó otras, en función de la gravedad de lo sucedido y de la posibilidad o no de atribuir las lesiones a un policía en concreto.

Ese enfoque, sin embargo, cambió el pasado mes de febrero. A raíz de un recurso del Ayuntamiento de Barcelona —que ejerce la acusación popular— contra el archivo de las cargas ocurridas en la Fundació Trinijove, la Audiencia de Barcelona dictó un auto de calado. El tribunal indicó al juez que debía investigar el 1-O de forma “global”. Es decir, que no debía limitarse a analizar solamente si en tal o cual colegio había habido lesiones, sino que debía indagar además qué “concretas órdenes” se dieron a los antidisturbios sobre el terreno y quiénes fueron los responsables de esas órdenes.

Fruto de ese nuevo prisma de investigación, el juez Miralles ha citado ahora como investigados a ocho de los llamados “jefes de núcleo” del operativo desplegado en Barcelona. Se trata de los funcionarios, según el auto judicial, “directamente responsables de las operaciones concretas realizadas en cada uno de los colegios investigados”. Esos ocho policías, todos con el rango de inspectores, fueron los máximos responsables sobre el terreno de las actuaciones en los 27 colegios bajo investigación.

“Un paso adelante”

“Es un gran paso adelante en la depuración de responsabilidades y supone un gran cambio. Antes, algunos de estos imputados ya habían declarado, pero por actuaciones concretas. Ahora lo harán como máximos responsables por la actuación en los 27 centros donde hubo violencia policial”, señala Anaïs Franquesa, abogada penalista que representa a algunos de los afectados y que es miembro de Irídia, un colectivo de defensa de los derechos humanos.

El concejal de Derechos de Ciudadanía e Inmigración de Barcelona, Marc Serra, celebró también que el juez haya dado la razón a la posición del consistorio. “Por primera vez, los mandos policiales son imputados por las órdenes que dieron, y no por las actuaciones desproporcionadas en las que intervinieron”.

Serra recordó que los recursos del Ayuntamiento han permitido que la Audiencia de Barcelona ordene reabrir las causas archivadas por lesiones en los centros Joan Boscà —cinco heridos— y Prosperitat —11— de Barcelona. Según dijo Serra a Europa Press, ya son medio centenar los agentes y mandos que permanecen investigados en la causa. El concejal subrayó la importancia de que los afectados puedan acceder a “la verdad, la justicia y la reparación”.