Por qué Sánchez ignora la última maniobra de Ciudadanos

Albert Rivera ha puesto este lunes cuatro condiciones a Pedro Sánchez para desbloquear su investidura con una abstención. El líder de Ciudadanos cambia de estrategia y se ha mostrado dispuesto a facilitar el nombramiento del secretario general del PSOE como presidente del Gobierno, una vez que las negociaciones entre los socialistas y Unidas Podemos se hallan en punto muerto. Pero no lo haría gratis. Además de pedir al presidente del PP, Pablo Casado, que también se abstenga, Rivera le exige a Sánchez romper con los nacionalistas en Navarra, pactar el 155 para Cataluña y comprometerse a no indultar a los líderes independentistas juzgados por el Tribunal Supremo ni subir impuestos. El presidente en funciones ha respondido al órdago: “No hay ningún obstáculo real para que Ciudadanos se abstenga”. Según Sánchez, las peticiones de Rivera ya se están cumpliendo o resultan inviables. 

Romper con los nacionalistas en Navarra

La primera condición del líder de Ciudadanos es que los socialistas navarros rompan con los nacionalistas en la comunidad foral. Rivera ha pedido a Sánchez que renuncie a su “pacto con Otegui”, aunque lo cierto es que ni el PSN gobierna con la izquierda abertzale —lo hace en coalición con el partido nacionalista Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, con la abstención de Bildu— ni el presidente del Ejecutivo central tiene la potestad de disolver el Parlamento de Navarra o forzar la formación de un nuevo Gobierno en la región.

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Rivera ha llamado a “recuperar Navarra para el constitucionalismo” y ha invitado a Sánchez a iniciar conversaciones que culminen con un nuevo Ejecutivo de coalición entre Navarra Suma —marca de PP, Ciudadanos y UPN en la comunidad— y el PSN. Para el secretario general del PSOE, la condición de Ciudadanos ya se cumple, ya que el Gobierno presidido por la socialista María Chivite defiende y garantiza el "cumplimiento de la Constitución y la disposición adicional [de la Carta Magna] que reconoce la foralidad”. La ruptura del pacto de Gobierno generaría malestar en los socialistas navarros, como ocurrió en 2007 después de que Ferraz vetase el acuerdo del PSN con los nacionalistas y favoreciese un Ejecutivo de UPN. Tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo, Sánchez aceptó la decisión de Chivite, lo que le valió graves acusaciones de PP y de Ciudadanos.

Pactar el 155 para Cataluña

Aunque Rivera ha pedido en numerosas ocasiones a Sánchez la aplicación del artículo 155 en Cataluña —la última en una carta remitida a La Moncloa la semana pasada—, esta vez ha sido más precavido. El líder de Ciudadanos ha instado al presidente a pactar con él y con el PP “cómo, cuándo y de qué manera” poner en marcha el precepto constitucional que permite al Gobierno controlar directamente un Ejecutivo autónomo si este lleva a cabo acciones contrarias a la ley. Rivera considera ahora que el 155 estaría condicionado a que el Govern no acatase la sentencia del procés, en el caso de que esta fuese condenatoria: “Si Torra quiere volver a la desobediencia, España tiene que tener una respuesta de Estado".

Sánchez, que ya pactó con Rajoy la aplicación del 155 después de la proclamación unilateral de independencia de octubre de 2017, ha reiterado que volvería a hacerlo en el caso de que se diesen las condiciones: “Actuaríamos con la misma contundencia y proporcionalidad. No habría ninguna duda”. El Tribunal Constitucional avaló en julio la puesta en marcha del 155 que hizo el Gobierno del PP —con el respaldo de la mayoría absoluta del Senado—, aunque advirtió de que este precepto solo se puede aplicar de forma "excepcional" y "limitada en el tiempo" para  "hacer frente a situaciones ante las que no existan otras vías que permitan el cumplimiento de la Constitución y las leyes". 

No indultar a los presos independentistas

Pese a la separación de poderes y que aún no hay sentencia del Tribunal Supremo, es un mantra de la derecha desde la moción de censura que aupó a Sánchez a La Moncloa, y este lunes Rivera lo ha vuelto a reiterar. El líder de Ciudadanos ha exigido al presidente del Gobierno que se comprometa a no indultar a los líderes independentistas, en el caso de que estos sean condenados por el alto tribunal. Rivera ha sido tajante: "No hay ninguna posibilidad de diálogo si Sánchez no se compromete a no indultar a los golpistas".

La ley establece que para conceder un indulto primero debe haber una sentencia firme y a continuación que algún ciudadano solicite la medida de gracia para el condenado. El Supremo todavía está deliberando y su decisión no se conocerá hasta la primera quincena de octubre. Este ha sido el argumento reiteradamente expuesto por el Ejecutivo. En una carta de respuesta enviada a Rivera este martes, Sánchez ha explicado las razones del Gobierno: "Estamos obligados a respetar el principio de independencia judicial y a no interferir en los procedimientos en curso que anticipen en un sentido o en otro sus decisiones o sentencias". 

No subir los impuestos

Entre las banderas tradicionales de Ciudadanos siempre ha estado la bajada de impuestos a las familias y los autónomos. Ahora Rivera vuelve a poner esta condición para favorecer la investidura de Sánchez. El líder de la formación liberal ha tachado de “suicida” la política económica del PSOE, que gobierna con los Presupuestos que Rajoy pactó en 2018 con Ciudadanos y con el PNV. Las cuentas supusieron una rebaja del IRPF a las rentas medias, así como a los jóvenes y los jubilados.

El presidente del Gobierno tampoco ve desacuerdo en este punto y ha reiterado este lunes que no subirá los impuestos “a las clases medias y trabajadoras”. Ciudadanos no se fía del compromiso de Sánchez, recogido en el programa de 370 medidas que el PSOE presentó a principios de septiembre para negociar con Podemos. De las nueve propuestas fiscales que se recogen en el documento, siete suponen un incremento impositivo, pero ninguna de ellas afecta a los autónomos o a las rentas medias y bajas. Fundamentalmente se centran en los grandes patrimonios y los ingresos más elevados.

En el acuerdo de Gobierno que firmaron PSOE y Ciudadanos en 2016, conocido como el Pacto del Abrazo, ambos partidos se comprometían a lograr una fiscalidad “más justa”, que aumentase la recaudación sin subir impuestos a las clases trabajadoras. Tres años después, las diferencias programáticas se han ensanchado y las posiciones políticas se antojan irreconciliables.