Más de 150 ONG piden el cese del director del CIE de Madrid

El director del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, está en el punto de mira de las ONG que velan por los derechos de los migrantes. Las quejas y denuncias son recurrentes desde hace más de un año, pero ahora, 152 entidades piden formalmente al Ministerio del Interior el cese inmediato de Antonio Montes Rodríguez por la “grave situación de vulneración de derechos” que se vive en el centro que dirige. El departamento liderado por el ministro Fernando Grande-Marlaska ha rechazado manifestarse sobre el asunto.

Según las entidades denunciantes, las incidencias y anomalías que supuestamente existen en el CIE de Aluche y que son el motivo de que se acumulen las denuncias, tienen que ver con la gestión de su director. Por eso, en la petición de su cese, aportan sobre todo autos de los juzgados que realizan las labores de vigilancia y control del centro para fundamentar su exigencia.

El último de los incidentes recopilados es de junio, cuando la titular del juzgado de instrucción número 19 recibía la denuncia de dos internos que aseguraban haber sido agredidos por dos policías del centro. En su auto, la juez afirma que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de “tortura” y mantiene que en el centro “no se cumple el deber legal de velar por el respeto a la integridad física y salud de las personas internas”.

En una denuncia anterior, en la que se relataba un cacheo colectivo un día de lluvia en el patio, la misma magistrada destaca el “clima intimidatorio” creado por una veintena de policías con cascos y defensas, y considera que habían adoptado “medidas de seguridad desproporcionadas”.

Las entidades remiten también una ficha del Defensor del Pueblo, tras su visita al centro el pasado 5 de noviembre, en la que recoge que “un gran número de internos puso de manifiesto la existencia de malos tratos y vejaciones por parte de los agentes de custodia”.

También atribuyen al director los obstáculos que encuentran los internos para pedir asilo. Un auto del 6 de enero requiere a Montes que cumpla con una resolución de 2016 en la que ya se exigía que el centro estableciese un horario, lugar y personal suficiente para que los internos entreguen sus solicitudes de asilo. El incumplimiento, advierte el auto del juzgado de instrucción 6, puede constituir un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

El escrito denuncia que los policías que trabajan en el CIE no van identificados, un incumplimiento que, según otra resolución judicial de 2018, “permite la impunidad”. Otra de las denuncias se refiere a que los internos siguen sin ser informados, con al menos 12 horas de antelación, del momento en el que van a ser expulsados para, al menos, despedirse de sus familias.