Las condenas “perpetuas” se acumulan en el cajón del Constitucional

Cuando el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015 el recurso de la oposición contra la prisión permanente revisable, aprobada por la mayoría absoluta del PP durante la etapa de Mariano Rajoy, el propio órgano de garantías emitió una nota para explicar que su resolución llegaría en las “próximas fechas”. Pero no ha sido así. En unas semanas se cumplirán cuatro años desde que el pleno aceptara estudiar el espinoso tema, que se ha convertido en una de las leyes que más tiempo llevan en el cajón pendientes de una respuesta —junto a la del aborto y la ley mordaza—, mientras los jueces siguen imponiendo esta pena máxima. La última vez, el pasado martes, cuando la Audiencia de Valladolid condenó a Roberto Hernández por violar y asesinar de una “salvaje” paliza a la hija de su pareja, de cuatro años.

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“Con los plazos que maneja el Constitucional, este tiempo no parece excesivo en comparación con otras resoluciones que han tardado más. Pero, en asuntos de tanta trascendencia social, debería tratar de pronunciarse antes”, afirma Juan Antonio Lascuraín, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y exletrado del alto tribunal que impulsó el pasado año un manifiesto para derogar la prisión permanente, respaldado por más de cien catedráticos.

Lascauraín reflexiona sobre la “conmoción” que, de seguir dilatándose la respuesta y sumándose condenados, se puede generar: “Si se anulara finalmente, se podría producir un efecto similar al que tuvo la supresión de la doctrina Parot—tumbada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que provocó manifestaciones de víctimas del terrorismo tras la excarcelación de etarras—”. “Salvando las distancias [porque, en principio, la derogación de la prisión permanente no significaría a corto plazo la salida de nadie de la cárcel], gente que apoya estas penas y ve colmada sus expectativas, se enfrenta después a una enorme insatisfacción”.

De hecho, aparte de la decena de condenas máximas ya dictadas, las previsiones judiciales avecinan más: por ejemplo, la Fiscalía ha solicitado este castigo para el asesino de Diana Quer, cuyo juicio arranca en octubre; y para la asesina confesa del niño Gabriel Cruz, que se sentará en el banquillo en septiembre. Ambos pueden sumarse a una lista compuesta hasta ahora exclusivamente por hombres y que incluye a criminales como el descuartizador de Pioz y el parricida de Moraña.

Aunque uno de los nombres que estaba en esa lista, el del asesino de Icod, que mató al abuelo de su entonces novia, ha saltado finalmente de ella. El Tribunal Supremo revocó en enero su prisión permanente. Por primera vez, anuló esta pena. Y, pese a que lo hizo por un motivo técnico —un agravante se había aplicado de forma incorrecta—, la resolución escondía varios detalles que cuestionan esta condena, defendida a ultranza por la derecha. La Sala de lo Penal aseguró que “compromete a perpetuidad” la libertad del condenado y también su propia “dignidad”.

Además, los magistrados definieron este castigo como “perpetuo” —un término del que ha huido el PP para tratar de esquivar una sentencia en contra del Constitucional— y añadieron: “El legislador de 2015 resucitó del pasado esta pena, incluida en el Código de 1848 y extinguida de nuestro ordenamiento en 1928 [...], "con el adjetivo añadido de revisable”, que, como recuerdan los jueces, no evita la posibilidad de que se mantenga en prisión “de por vida”. Fueron, incluso, más allá al calificar de “paradójico” que se defienda su constitucionalidad con el argumento de que “existe la posibilidad de que no sea perpetua o, si se prefiere, porque su permanencia no es ‘inexorable”.

Es cierto que estas palabras no tienen ningún efecto vinculante en el Constitucional, pero adquieren el valor de que un alto tribunal del país ya haya mostrado ciertas reticencias expresas sobre esta normativa de 2015. Además, aunque en el Constitucional no se han pronunciado nunca sobre el fondo, algunos magistrados han dejado entrever sus dudas. En un voto particular por la extradición de un ciudadano taiwanés a China, la vicepresidenta del tribunal María Encarnación Roca se opuso a la medida al considerar que podía ser condenado allí a cadena perpetua y, de seguido, hizo hincapié en que aún está pendiente en España de resolverse si este castigo vulnera la Ley Fundamental.

La pelea política

A la espera de que el mundo jurídico ofrezca una respuesta, el político sigue enfrentado sobre la prisión permanente. Sobre todo, cada vez que un crimen espeluznante conmociona a la sociedad. Pablo Casado (PP) no solo defiende su legalidad, sino que ha propuesto ampliar de 6 a 11 los supuestos en los que aplicarse —por ejemplo, para violadores en serie y para quienes maten a alguien en un incendio forestal provocado—. Además, incluyó en sus listas a un ferviente y público defensor de este tipo de condena: Juan José Cortés, el padre de la niña Mari Luz, asesinada en Huelva en 2008.

Por su parte, el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal (Vox), también respalda aumentar los delitos penados con ella y, sin complejos, la denomina “cadena perpetua”. Y Ciudadanos ha dado un giro de 180 grados y ha pasado de calificarla de inconstitucional en el Congreso a comprometerse, en la última campaña electoral, a mantenerla y ampliar también sus supuestos.

La izquierda quiere, en cambio, acabar con ella y ya votó en 2018 a favor de seguir adelante con su derogación a través de una iniciativa parlamentaria del PNV. Fuentes del actual Ejecutivo socialista explicaron que, durante la pasada legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez no se veía con fuerzas para impulsar —con solo 84 diputados— una nueva reforma legal para finiquitarla, sabedor de que la derecha agitaría la calle (según un sondeo de Metroscopia para EL PAÍS en 2015, el 67% de los españoles apoyaba la prisión permanente revisable).

Ahora, el PSOE acaba de ganar las elecciones con 123 escaños. Y junto a los grupos que presentaron el recurso de inconstitucionalidad —o las marcas herederas de estos— suma mayoría absoluta en las Cortes. Aunque la vicepresidenta Carmen Calvo aseveró que esperarán a la sentencia del alto tribunal. Eso sí, aunque que el Constitucional declare que no vulnera la Ley Fundamental, eso no significa que no se pueda suprimir.