Los conflictos que más ‘duermen’ en el Constitucional
Los recursos contra el aborto, la prisión permanente y la ley educativa catalana, en el ‘top 10’ de asuntos sin respuesta
Pablo Casado, inmerso en plena carrera electoral, no desaprovecha ninguna oportunidad. El pasado martes, después de que una ola de más de un centenar de incendios intencionados asolara Asturias, el líder del PP se plantó en Oviedo y propuso condenar a prisión permanente revisable a los pirómanos que provoquen muertos con sus acciones. Apenas dos días después, en la víspera del 8-M, recuperó de nuevo la pena, asemejable a la cadena perpetua. Eso sí, esta vez para aplicársela a los "asesinos de mujeres", dijo, explotando así el olímpico silencio del Tribunal Constitucional (TC), que mantiene guardado en un cajón, desde hace casi cuatro años, el recurso de inconstitucionalidad presentado por la oposición contra este máximo castigo.
Una iniciativa que ya se ha colado entre los 10 recursos de inconstitucionalidad que más tiempo llevan pendientes de resolver en el tribunal, según el listado de finales de febrero facilitado por el órgano a EL PAÍS, a través de su portal de Transparencia. Este documento refleja, además, cómo algunos asuntos espinosos duermen durante largos periodos en sus cajones. Y lo hacen pese a que, como reconoció Pascual Sala, expresidente del TC entre 2011 y 2013, en una entrevista con este diario con motivo del 40 aniversario de la Ley Fundamental: "Una justicia lenta no es una buena justicia. Y más si es constitucional".
Según el listado del tribunal de garantías, en este momento, el recurso de inconstitucionalidad que acumula más días sin un dictamen se presentó hace ya casi una década. Aunque su temática sigue de actualidad. El 16 de octubre de 2009, un grupo de 50 diputados del PP promovió una iniciativa contra la ley educativa catalana impulsada por el Govern (en manos del tripartito de PSC, ERC e ICV-EUiA) y respaldada por el 90% de la Cámara regional. El medio centenar de parlamentarios de la formación conservadora, que fue la única junto a Ciutadans que votó en contra de la norma, decidió llevarla al Constitucional porque consideraba que limitaba los derechos lingüísticos de los ciudadanos al no garantizar que se pueda elegir estudiar en castellano de forma continuada. Hoy, 3.432 días después (9 años, 4 meses y 22 días), ni ellos ni los miles de votantes a los que representan tienen contestación.
Tampoco han logrado respuesta los 50 diputados del PP que acudieron al Constitucional contra la ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. Este recurso ocupa el segundo lugar de la clasificación de asuntos pendientes. Desde el 1 de junio de 2010 (8 años, 9 meses, y 9 días) permanece dormido —al igual que el que presentó el Gobierno de Navarra (UPN) al día siguiente contra la misma normativa—. Pese a que hace años que hay una ponencia base sobre la que debatir. Lo espinoso del tema y la posible falta de consenso dentro del tribunal provoca que no haya fecha en el horizonte.
De hecho, Francisco Pérez de los Cobos, expresidente del tribunal de garantías entre 2013 y 2017, explicó a este diario que él tenía la intención de llevar el asunto al pleno del Constitucional, pero que entonces el PP acababa de ganar las elecciones por mayoría absoluta e incluía en su programa modificar la ley del aborto: "Consulté al pleno y se entendió que, si se aprobaba la reforma que estaba anunciada, el recurso iba a perder sentido. Y, por consiguiente, era mejor aguardar". La espera aún sigue.
Contra la ‘ley mordaza’
El top 10 de recursos de inconstitucionalidad que más tiempo llevan sin resolverse, según consta en el documento del TC, continúa con dos recursos presentados en 2015 por la oposición y el Parlamento de Cataluña contra la ley mordaza; y con otro de 2015 de la oposición contra la reforma del Código Penal, que incluyó la prisión permanente a la que recurre Casado como arma electoral.
El ranking sigue después con dos asuntos de 2016: un recurso de Canarias contra la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y otro del Ejecutivo de Rajoy contra una ley del Gobierno de Aragón que limita la duplicidad de enseñanzas en la privada si ya existen en la pública. Y acaba, finalmente, con otros dos temas de 2017: un recurso de Podemos contra el decreto ley del Gobierno del PP sobre las cláusulas suelo; y otro del Ejecutivo de Rajoy contra la ley vasca de abusos policiales, que Pedro Sánchez ha decidido retirar.
El resto, ¿hasta cuándo permanecerán pendientes? Esa es la clave. Sobre todo, teniendo en cuenta que el TC ha llegado a abordar asuntos tan tarde —uno llegó a estar casi 14 años sin respuesta— que la legislación recurrida ya se había retirado. Es más, este 2019, meses después de que Rajoy dejase La Moncloa y la presidencia del PP, el tribunal resolvió contra sus vetos a debates en el Congreso. El efecto político fue nulo.
Y a mediados de este enero, semanas antes de que arrancase el juicio del procés, el presidente del TC decidió aplazar el debate sobre el recurso de amparo de Oriol Junqueras contra su prisión provisional, debido a que no había consenso dentro del tribunal sobre cómo argumentar la sentencia. El líder de ERC sigue sin tener fecha para su resolución.
Los recursos de inconstitucionalidad que más tardaron en resolverse
- 4.954 días. 13 años, 6 meses, y 22 días estuvo pendiente el recurso que el Gobierno de Aznar presentó en 1998 contra la ley vasca del Deporte. Hasta que el Tribunal Constitucional avaló finalmente las selecciones vascas si no compiten contra España.
- 4.821 días. La Generalitat de Cataluña llevó en 1999 al tribunal la ley que atribuía al Estado la competencia para autorizar operaciones de crédito a largo plazo de los entes locales. El TC lo desestimó 13 años, 2 meses, y 6 días después de presentarse.
- 4.775 días. El Gobierno recurrió la ley de fundaciones de la Comunidad de Madrid que pretendía supervisar y controlar las fundaciones estatales del sector público que funcionasen desde Madrid y las de las universidades públicas de la Comunidad. El Constitucional declaró inconstitucional esa supervisión y control.
- 4.750 días. Desde febrero de 1998 hasta marzo de 2011 estuvieron sin respuesta dos recursos del Parlamento y Gobierno de Canarias contra la ley estatal del sector eléctrico; y un recurso del Gobierno de Aznar contra la ley canaria de regulación del sector eléctrico. Se plantearon mutuamente por invasión de competencias. Y el Constitucional acabó anulando artículos de ambas leyes.
- 4.725 días. En 1999, el PSOE llevó la reforma del IRPF al Constitucional, pero no obtuvo respuesta hasta 2012. El tribunal rechazó todo el recurso, excepto una pequeña expresión de un apartado de un artículo que, además, ya había sido derogada.
- 4.582 días. El PP recurrió en 2000 la ley navarra que permitía a los homosexuales adoptar. Se oponía porque los niños podían sufrir problemas de "formación y educación". El Constitucional avaló finalmente que pudiesen adoptar, pero no dio una respuesta hasta 2013, una vez resuelto el del matrimonio gay.
- 4.580 días. Aznar también recurrió en 1999 la ley de selecciones catalanas. Y, al igual que con las vascas, el TC las avaló en 2012, siempre que no jugase España en esa competición.
- 4.549 días. El tribunal avaló en 2011 las "leyes de acompañamiento" de los Presupuestos, que se promulgan anualmente sobre materias que no guardan conexión alguna con el proyecto de ley, tras esperar 12 años, 5 meses y 8 días. El PSOE había presentado el recurso en 1999.
- 4.466 días. El Gobierno de Baleares llevó al Constitucional en 2000 un decreto del Ejecutivo de Aznar que regulaba los horarios comerciales y permitía las gasolineras en grandes establecimientos comerciales. Cuando el TC resolvió en 2012 ya se había modificado varios de los puntos recurridos, por lo que se dio por extinguido casi todo el recurso. Solo se anularon dos apartados por invasión de competencias.
- 4.443 días. El Gobierno del PP presentó en 1999 un recurso contra la ley eléctrica de Castilla-La Mancha. Se anularon en 2011 varios preceptos que hacían recaer sobre el distribuidor algunos costes, que tipificaban como infracciones conductas relacionadas con el régimen tarifario y que introducía un plazo de prescripción de las infracciones graves más breve que el establecido en la legislación básica estatal.
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