El Constitucional da otro varapalo al Gobierno de Rajoy por vetar debates en el Congreso

Esta resolución del TC supone otro golpe a la política parlamentaria desarrollada por los populares durante su última etapa al frente del Ejecutivo. Tras perder la mayoría absoluta, el Gobierno de Rajoy convirtió los vetos presupuestarios en una fórmula recurrente —los usó más de medio centenar de veces— para impedir las iniciativas legislativas de la oposición. A través de la Mesa, que controla junto a Ciudadanos, impidió que dichas propuestas prosperasen y que, incluso, ni llegasen a debatirse en la Cámara.

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Una actitud que le ha reprochado ya el Constitucional en distintas ocasiones. La última, en la sentencia de este lunes, donde los magistrados de la Sala Segunda se pronuncian con contundencia. Según consta en su fallo de 26 páginas, se violaron los artículos 23.1 y 23.2 de la Ley Fundamental. Se vulneró el derecho de los parlamentarios al ejercicio de su cargo; y el de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.

Esto se debe a que el Ejecutivo solo puede imponer su veto cuando las propuestas afecten directamente a los Presupuestos. Y, para poder ejercerlo, debe justificarlo con detalle. Algo que, según el TC, no se produjo tampoco en esta ocasión, cuando se rechazó la propuesta de Podemos de debatir una reforma de los convenios colectivos de las empresas, recuperando la prevalencia del acuerdo sectorial frente al suscrito dentro de una compañía.

"El informe del Gobierno apuntaba que, de prosperar la proposición de Ley, se produciría una reacción empresarial que daría lugar a un incremento de los despidos, con el consiguiente incremento de perceptores de prestaciones por desempleo", recordaba este lunes el Constitucional, que continuaba así su exposición: "Pero no ofrecía, sin embargo, ningún dato objetivo que permita conocer cómo obtiene esa cifra de 100.000 nuevos perceptores de prestaciones por desempleo y el importe de 1.500 millones de euros más de gasto".

Tirón de orejas a la Mesa

Los argumentos de los magistrados van, incluso, más allá. Según escribe el ponente de la sentencia, Pedro González-Trevijano —exrector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid y considerado próximo al PP—, los cálculos del Gobierno carecen de "fundamentación objetiva": "Pues no establece la relación directa entre las medidas de la Proposición de Ley y las concretas partidas de gastos que se verían afectadas"."De manera que incumple con los requisitos de motivación exigidos. Esta conexión debe ser directa e inmediata, actual y no meramente hipotética", insisten los magistrados en su resolución.

Pero el TC no solo reprocha al Gobierno de Rajoy su veto. También le da un importante tirón de orejas a la Mesa del Congreso, presidida por Ana Pastor (PP) y controlada por los populares gracias al apoyo de Ciudadanos. Según el dictamen del tribunal de garantías, la Mesa se limitó a señalar que el Ejecutivo planteaba una fundamentación "suficiente y razonable". Y no ofreció ninguna respuesta a "los concretos argumentos dados por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos acerca de que la iniciativa legislativa no suponía un aumento de los créditos presupuestarios". Es más, prosiguen los magistrados, aprobó el veto en base a criterios "abstractos" y "formalistas": "Incumpliendo la función de control que le corresponde".

"La presentación de una proposición de Ley a la Mesa de la Cámara forma parte del núcleo esencial de [las facultades] de los representantes elegidos que la integran. De modo que la inadmisión de esa iniciativa legislativa, por parte del órgano parlamentario de referencia, incide de modo esencial y directo en el ejercicio de la función parlamentaria", remacha el Constitucional, que solo anula los acuerdos de la Mesa que impedían el debate e insta a este órgano a dictar una nueva resolución que "sea respetuosa con los derechos fundamentales". No falla, como pretendía Podemos, que se admita a trámite la proposición de ley para su toma en consideración por el Pleno del Parlamento.