Rajoy vulneró la ley al gobernar diez meses sin control parlamentario

El varapalo ha tardado en llegar, pero ha llegado. Casi seis meses después de que Mariano Rajoy abandonase La Moncloa, el Tribunal Constitucional ha concluido que el Gobierno del PP vulneró la Ley Fundamental al no someterse al control de las Cortes durante los más de diez meses en los que estuvo en funciones, desde que se convocaron las elecciones de 2015 hasta que el dirigente conservador volvió a ser investido en octubre de 2016. En una sentencia unánime de todo el pleno, los magistrados consideran que el Ejecutivo popular "menoscabó la atribución constitucional" del Congreso de los Diputados.

El tribunal otorga así la razón a la entonces oposición, que recurrió al Constitucional después de que el Gobierno popular se negase reiteradamente a acudir al Congreso. El Ejecutivo de Rajoy alegaba que le amparaba la Ley Fundamental y que, al encontrarse en funciones, no tenía que someterse al control parlamentario. "No estamos ante una cuestión de voluntad, sino de estricto cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico", llegó a afirmar la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, pese a la existencia de leyes que obligan al Gobierno a comparecer ante el Congreso aunque esté en funciones.

Pero el Constitucional desmonta ahora los argumentos del Ejecutivo del PP. La sentencia destaca que el control corresponde a las Cortes y negárselo "afectaría al equilibrio de poderes". De hecho, según insiste el pleno del tribunal, "el hecho de que un Gobierno esté en funciones no impide esa función de las Cámaras, en la medida en que el Ejecutivo sigue desarrollando actividad y esta no puede quedar exenta del control de las Cortes". "Sin perjuicio de que [esa labor de supervisión] habrá de adecuarse a la propia situación del Gobierno en funciones", matizan los magistrados.

El PP defendía que, puesto que el Congreso salido de las urnas de 2015 no había dado "su confianza" al Gobierno al no investir como presidente a Rajoy, este no tenía que someterse a su control. Una relación que "no se infiere de nuestra Constitución" y "ha frustrado el ejercicio de una atribución que la Cámara considera como propia", según subraya el tribunal en su sentencia, fechada el pasado 14 de noviembre. Un dictamen donde se insiste en que la función de control es "consustancial a la forma de gobierno parlamentaria" y "no puede verse limitada más que allí donde la Constitución así lo ha entendido preciso".

Este conflicto político que resuelve el Constitucional con este nuevo dictamen, supuso un largo enfrentamiento en la Cámara, que comenzó cuando Pedro Morenés, titular de Defensa, se negó a comparecer en el Congreso tras pedirlo el PSOE a raíz de los acuerdos adoptados en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN, celebrada los días 10 y 11 de febrero de 2016 en Bruselas. Pero solo fue un caso de varios.

Tras las quejas de los grupos parlamentarios, el Gobierno comunicó oficialmente al Parlamento que no se sometería a su control, lo que abrió un "conflicto institucional grave", en palabras del entonces presidente de la Cámara, Patxi López. A continuación, el Congreso recurrió al Constitucional por un "conflicto de atribuciones", una iniciativa sin precedentes en democracia.