El Gobierno en funciones rechaza cualquier control por parte del Congreso

El Gobierno ha comunicado oficialmente al Congreso que se niega a ser sometido a control parlamentario mientras esté en funciones. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha remitido este miércoles una carta al presidente de las Cortes, Patxi López, en la que comunica su negativa a que el presidente del Gobierno y sus ministros comparezcan en la Cámara.

La carta responde a la decisión de la Mesa y la Junta de Portavoces, es decir, del poder legislativo de someter al Gobierno a ese control. Una vez reafirmada esta posición se abre paso el "conflicto institucional grave" que acabará en el Tribunal Constitucional.

Con el contenido de la carta, el pleno del Congreso podrá aprobar el próximo 29 de marzo recurrir al Constitucional en conflicto de atribuciones, una situación sin precedentes en democracia.

La vicepresidenta asegura que no hay nada que replantearse e invoca el ordenamiento jurídico y la Constitución. Este mismo jueves a las 10 de la mañana el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ya no irá a la Comisión parlamentaria a la que está convocado.

"No es una cuestión de voluntad"

"No estamos ante una cuestión de voluntad del Gobierno sino de estricto cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico y, sobre todo, de respeto al régimen de democracia parlamentaria que los españoles nos otorgamos en la Constitución de 1978", asegura la vicepresidenta en su carta.

Añade que "cabe apelar a replanteamientos cuando de lo que se trata es de cumplir la legalidad". Invoca los precedentes, incluidos los autonómicos en Cataluña y Andalucía.

La vicepresidenta reprocha a la Mesa del Congreso que haya calificado (tramitadas) iniciativas de control de los grupos que exceden de las competencias limitadas que tiene como Gobierno en funciones. "Lo que se plantea es un control más intenso, incluso, que el que le correspondería a un Gobierno que dispusiera de la confianza de la Cámara; y un control que resulta a todas luces incongruente con "un informe emitido por los letrados del Congreso, explica. Ese informe admitía la posibilidad de someter al Gobierno en funciones a control.

Afirma que la primera misión del Parlamento es "a la mayor brevedad posible" la investidura de un presidente del Gobierno que pueda "ejercer todas sus funciones constitucionales". Y añade que el Gobierno ha actuado con lealtad, pero no da muestra alguna de flexibilizar su posición.