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JUSTICIA

“Se traslada al Constitucional lo que la política podría haber resuelto”

María Emilia Casas, Francisco Pérez de los Cobos y Pascual Sala, los tres últimos expresidentes del Alto Tribunal, se reúnen por el 40º aniversario de la Constitución y apuestan por reformar la Ley Fundamental

De izquierda a derecha, Francisco Pérez de los Cobos, María Emilia Casas y Pascual Sala, en el encuentro para analizar el estado de la Constitución.

El respaldo al matrimonio homosexual, la suspensión del euro por receta, la anulación de la prohibición de los toros en Cataluña… Las decisiones que se toman en el número 6 de la madrileña calle de Domenico Scarlatti, sede del Tribunal Constitucional (TC) desde 1981, cambian España a golpe de dictamen. Los 12 magistrados que componen el pleno fijan los límites de la Ley Fundamental y concluyen quién los ha traspasado. Como ocurrió con la sentencia del Estatuto de Cataluña, a la que muchos partidos señalan como el origen del procés, la última gran crisis institucional que ha sacudido el país. María Emilia Casas (León, 1949) presidía entonces el órgano y fue la ponente de la resolución. También participó en aquel debate Pascual Sala (Valencia, 1935), que la sucedió en el cargo, y al que después sustituyó Francisco Pérez de los Cobos (Murcia, 1962).

Los tres expresidentes coinciden en que esa sentencia “fue descalificada sin leerla con sosiego”, analizan la labor del tribunal durante estas cuatro décadas y diagnostican el estado de salud de la Ley Fundamental: “Reformar la Constitución es la garantía de su perdurabilidad”.

Pregunta. ¿Se ha quedado vieja la Constitución? ¿Habría que reformarla?

María Emilia Casas (MEC). La Constitución del 78 es la mejor que hemos tenido los españoles. Ha permitido años de prosperidad y de bienestar. Está llena de virtudes, pero, como decía García Pelayo [Manuel, presidente del TC entre 1980 y 1986], la esencia de una Constitución es ser la norma capaz de resolver los problemas de la organización política del presente y del futuro. Y esa resolución del futuro se logra a través de su reforma, que está regulada en la propia Constitución. En consecuencia, cumplir con la Constitución también es reformar la Constitución.

Francisco Pérez de los Cobos. ampliar foto
Francisco Pérez de los Cobos.

Francisco Pérez de los Cobos (FPC). Solo se reforma lo que se quiere conservar. Por tanto, reformar la Constitución es la garantía de su perdurabilidad. No hay que impugnarla en su globalidad, porque en su gran mayoría funciona bien, pero creo que una actualización de algunos aspectos debe afrontarse con normalidad.

Pascual Sala (PS). Es necesario reformarla para cerrar algunos temas, como la distribución territorial del poder.

MEC. Es que la Constitución no es un texto sagrado. Y una sociedad madura tiene que afrontar este debate con serenidad, prudencia y con normalidad. Para resolver los problemas territoriales, pero no solo.

P. ¿En qué otro sentido se debe reformar?

MEC. La presencia de la mujer tiene que ser otra. La Constitución del 78 reconoce el derecho a la igualdad, pero las mujeres no estuvimos en aquel proceso constituyente. Una reforma de la Constitución con perspectiva de género también es relevante.

FPC. No tenemos las premuras del 78 y debemos evitar algunos errores de entonces. Hay que hacer un esfuerzo por focalizar la reforma en aquellos aspectos donde existe un consenso y en los que se advierte la obsolescencia del texto viejo. Hay que evitar una impugnación general del texto, que no tendría sentido.

Francisco P. de los Cobos: “Ahora es necesario algo semejante al consenso del 78, que fue un ejercicio de responsabilidad”

MEC. Ningún sentido.

PS. Estoy de acuerdo.

MEC. En materia de derechos fundamentales, hay que acompasarla a los cambios tecnológicos y a los sociales. La Unión Europea es otro tema que necesita ser contemplado. Porque hay que pasar muchos preceptos para llegar a una referencia a instituciones comunitarias.

FPC. La realidad de la integración en la UE, por ejemplo, no está prevista.

PS. También se debe cerrar el Estado de las autonomías porque lo están pidiendo muchas comunidades. En el texto se diseña un Estado compuesto, materialmente federal. Y todos los Estados compuestos no tienen una uniformidad total. Alemania, Italia o Estados Unidos… Esto puede hacerse también en la Constitución española. Debe hacerse. Pero, para ello, hace falta un consenso muy amplio.

María Emilia Casas. ampliar foto
María Emilia Casas.

P. ¿Es viable entonces una reforma sin un consenso como el de 1978?

FPC. En todo caso, es necesario un amplio consenso. El consenso del 78, que a veces se critica o se menosprecia, fue un gran ejercicio de responsabilidad colectiva. Y algo semejante es necesario ahora. No sé si es factible llegar al mismo nivel, pero habría que intentarlo.

MEC. La propia Constitución, para ser reformada, exige ese consenso. No sé si llegaría al del 78, pero la Constitución se reforma cumpliéndola. Se ha aplicado en dos ocasiones por exigencias de la UE.

FPC. Pero la reforma del 135 no fue, pese al consenso, un ejemplo de cómo abordar una reforma constitucional.

PS. En el régimen del 78, como ahora se dice despectivamente, hubo un ejercicio de consenso en una época muy difícil, que deberíamos todos agradecer en lugar de criticar. Fue una de las Constituciones más progresistas de Europa y del mundo.

MEC. Yo creo que los consensos son irrepetibles. Hay que tratar de buscar el consenso, pero estamos en una sociedad más heterogénea, plural y compleja que la del 78. Aquello fue muy difícil. Hoy será igualmente difícil y tendrá elementos distintos.

P. Adentrándonos en la labor del Tribunal Constitucional, ¿la tardanza en resolver asuntos —el recurso contra la ley del aborto lleva ocho años en el tribunal —le hace perder credibilidad?

FPC. El tribunal ha tenido el problema del recurso de amparo, que tuvo un extraordinario éxito y llegaron a ser más de 11.000 los que llegaban. Eso estuvo a punto de colapsarlo y se comía gran parte de su labor, ya que otros recursos se veían relegados. Eso se resolvió con la reforma de 2007, que ha permitido al tribunal focalizarse en aquellos asuntos de amparo que tienen especial relevancia constitucional y liberar energías. La situación actual es mucho mejor que la de hace unos años. Hoy, en amparo hay unos cien pendientes y hay unos cien pendientes de pleno.

María Emilia Casas: “Una reforma de la Constitución con perspectiva de genero también es relevante”

MEC. Y el tiempo de respuesta es muy inferior.

PC. Pero es cierto que una justicia lenta no es una buena justicia. Y más si es constitucional.

MEC. La ley de 2007 reordenó los tiempos para que el TC no viera mermado su tiempo por los recursos de amparo. Durante un largo período, el tribunal hizo un trabajo en negativo, porque tenía que justificar la inadmisión de esos recursos.

PS. Pero el retraso de la ley del aborto… no se produce en ese sentido. El recurso se interpone y, sin embargo, [el PP] modifica la ley de interrupción del embarazo para pasar de los 16 a los 18 años. Había la mayoría suficiente para volver al sistema anterior y no se hizo. En ese sentido, puede entenderse que el tribunal diga ‘¿y esto qué es?, ¿que nos consultan sobre qué pensamos?’.

FPC. A mí me hubiera gustado que en mi mandato se hubiera resuelto el recurso. Pero había un Gobierno que acababa de ganar las elecciones, que tenía mayoría absoluta, que llevaba en su programa electoral la reforma de la ley del aborto y que anuncia, además, que va a llevarla a cabo. Consulté al pleno y se entendió que si se aprobaba la reforma que estaba anunciada, el recurso iba a perder sentido. Y, por consiguiente, era mejor esperar.

Pascual Sala. ampliar foto
Pascual Sala.

PS. Lo que se quería, a lo mejor, era consultar al TC. Y el TC no es un órgano consultivo, es un órgano decisorio.

MEC. También, para retirar un recurso lo tienen que hacer los mismos diputados y senadores.

FPC. Pero nadie se ha planteado la retirada por la dimensión política que tiene.

P. ¿Han sentido que los políticos trasladan los problemas que no pueden resolver al TC?

MEC. Sí [afirman los tres con la cabeza]. Los tres hemos sentido eso. La Constitución tiene un espacio de operación amplio y el tribunal ha dicho que los preceptos constitucionales permiten desarrollos distintos. Por tanto, el legislador tiene que desarrollarlos. Yo creo que los tres hemos tenido ese sentimiento de que se traslada al Tribunal Constitucional lo que la política podría haber resuelto.

PS. A la justicia constitucional y a la ordinaria.

FPC. Incluso, [se trasladan] debates internos. El partido no tiene claro qué hacer y presenta un recurso ante el TC para que resuelva. Como si el tribunal cerrase los debates políticos. El tribunal ha dicho que la Constitución es un marco suficientemente amplio donde caben opciones políticas distintas.

MEC. La Constitución abre un espacio político y el TC es el intérprete supremo, pero el intérprete primero de las convicciones éticas, sociales y políticas es el legislador, que tiene que hacer la síntesis de esos intereses. Hay que agotar los temas políticamente. Es verdad que, en lo referido a las competencias de las comunidades autónomas y al exceso de conflicto competencial, el tribunal ha rellenado el título octavo de la Constitución a golpe de sentencia. El Senado siempre fue una pieza coja en el diseño de la Constitución del 78.

Pascual Sala: “Es necesaria una reforma para cerrar algunos temas como la distribución territorial del poder”

PS. Por eso, es políticamente como tiene que resolverse. Y no hacerlo caso por caso, a través de los recursos competenciales.

FPC. Lo que está claro es que el TC ha desempeñado un papel excesivo en la conformación del Estado autonómico. Habría que abordar sin duda la forma de esa distribución [del poder].

P. Muchas sentencias han anulado leyes autonómicas, ¿se está vaciando de competencias a las comunidades?

FPC. Naturalmente que no. Lo que ocurre también es que, cuando le das la razón a alguna comunidad que ha planteado un recurso, no reacciona y entiende que se le ha reconocido su derecho y punto. Por el contrario, cuando se le niega la competencia y se dice que es estatal, normalmente, acusa al tribunal de haberle usurpado una competencia que le es propia.

MEC. Lo que sí existe es la necesidad de establecer un reparto más claro y fijo de las competencias estatales y de las comunidades.

PS. Muchas veces, las impugnaciones se refieren a un tema competencial muy concreto. Y, por tanto, eso es un tema técnico-jurídico. Pero, cuando se impugna un Estatuto en su casi totalidad, eso ya es un problema político. Cuando se ha pasado una comisión constitucional que lo ha limitado y se ha votado en referéndum —y me estoy refiriendo al Estatuto catalán de 2006—, quizá fue un error la impugnación global del Estatut.

FPC. Sería necesario reformular la distribución de competencias en la Constitución. Pero ese debate no puede consistir en más competencias para uno en detrimento del otro, sino que hay que hacer un análisis de quién es el más eficiente en el ejercicio de la competencia. Eso es lo que le importa a los ciudadanos.

PS. Eso tiene también su temperamento, porque no todas las comunidades autónomas son iguales.

EMC. La propia Constitución señala singularidades, como el concierto económico, habla de nacionalidad y regiones…

FPC. Cierto. Lo que pasa es que la realidad del Estado autonómico ha desbordado.

PS. Y, como no se ha hecho la reforma constitucional, ha sido el TC el que a golpe de sentencia ha tenido que resolver ese tema de distribución competencial.

Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid. ampliar foto
Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.

P. Sobre la sentencia del Estatut, origen para muchos del procés, ¿el modelo debe ser que los ciudadanos vayan a votar en referéndum un Estatuto sobre el que ya se haya pronunciado el Constitucional?

EMC. Para eso se ha introducido el recurso previo de inconstitucionalidad.

PS. Después de que una comunidad vota un referéndum, [el Estatuto] no se puede cambiar. Políticamente es un error.

MEC. Es importante tener en cuenta las llamadas que se hacían al legislador para que, si se hubiera querido, se hubieran reformado. Y no se tuvo en cuenta.

FPC. Creo que la sentencia fue descalificada sin leerla con sosiego.

Nuevos poderes

En pleno reto independentista catalán, el Gobierno de Mariano Rajoy abordó una reforma legal de urgencia en septiembre de 2015 para dar nuevos poderes al Constitucional: “Si el tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal”. Pese al incumplimiento de las resoluciones por el Gobierno catalán, el Constitucional no ha suspendido a ningún cargo.

MEC. Sí.

PS. Exactamente.

FPC. Si uno lee con detenimiento la sentencia, uno se da cuenta de que el tribunal dice sobre el Estatuto de Cataluña algo similar a lo que dijo sobre la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico). Y es que, a través del Estatuto, no se podía modificar la Constitución.

PS. La impugnación global del Estatut, una vez pulido, no fue un acierto políticamente hablando. Se podía haber impugnado algún precepto concreto de carácter competencial. Pero, al hacerlo globalmente, se pudo hacer daño a ciertos sentimientos nacionales del electorado que lo votó.

P. ¿Y recuperar la parte de los preceptos derogados podría ser una solución?

MEC. Para lo declarado inconstitucional habría que hacer una reforma.

PS. Pero declarados inconstitucionales solo hay aspectos de algún precepto. Lo demás son interpretaciones. Quiero decir, que el tribunal puede evolucionar esa interpretación.

P. Otro tema pendiente es la prisión permanente, ¿tiene encaje en la Constitución?

FPC. Por respeto al tribunal que he presidido, no me voy a pronunciar.

MEC. Tenemos nuestra opinión personal, pero el tribunal debe trabajar sin que los expresidentes le presionen.

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