El asesinato de Laura Luelmo devuelve la prisión permanente a la pelea política

Apenas 24 horas después del hallazgo en El Campillo (Huelva) del cuerpo de Laura Luelmo, profesora de 26 años, los partidos resucitaron el debate de la prisión permanente y se lanzaron a hablar de reformas en el Código Penal. Desde el PSOE a Vox.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, planteó la necesidad de “mejorar la tipificación de algunos delitos que tienen que ver con la libertad sexual” y “seguir trabajando en muchas medidas de carácter penitenciario que mejoren el control y hagan un esfuerzo importante en el ámbito de la reincidencia”.

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, acusó al Gobierno de limitarse a “palabras bonitas y hermosos tuits” en lugar de aplicar “leyes firmes”: “Pedro Sánchez lo tiene muy fácil: que no derogue la prisión permanente revisable”, dijo.

La prisión permanente revisable entró en vigor en julio de 2015, a iniciativa del PP, que ocupaba entonces el Gobierno. La oposición (PSOE, la antigua Convergencia i Unió, PNV, UPyD, e Izquierda Plural) presentaron entonces un recurso ante el Constitucional al entender que violaba uno de los artículos de la ley fundamental, el 25.2, que establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.

La prisión permanente revisable es una especie de cadena perpetua por la que el condenado solo puede recobrar la libertad si demuestra estar rehabilitado pasados unos plazos (de al menos 25 años y de 28, 30 o 35 en algunos casos) si previamente ha logrado acceder al tercer grado. Está prevista para “crímenes que causan una especial repulsa social”. En realidad, en España, antes de que se aprobara la ley de cadena perpetua revisable, ya se habían producido condenas de hasta 30 años por un solo delito y de 40 por dos o más.

A la espera de que el Constitucional resuelva el recurso, la cadena perpetua revisable se ha aplicado ya cinco veces en España, la última para el crimen de Pioz, en el que un joven de 22 años mató y descuartizó a sus tíos y sus dos primos, de tres y un año.

Durante la campaña electoral andaluza, el líder del PP, Pablo Casado, describió con detalle ese crimen para, a continuación, pedir que no se derogara la prisión permanente revisable y que se ampliaran los supuestos en los que se aplica para sumar los asesinatos con secuestro previo y los casos en los que el autor del crimen no revela dónde está el cuerpo de la víctima. Delante, en el mitin, le acompañaba Juan José Cortés, padre de la niña Mariluz, asesinada a los cinco años, en 2008.

El padre de Marta del Castillo, asesinada en 2009, mostró recientemente su apoyo a Vox. El líder del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, también se sumó este martes a la petición de reformas. “No hay que legislar en caliente, dicen los que no legislan ni en caliente ni en frío. La dictadura progre ha impuesto una visión por la que el delincuente es una víctima de la sociedad que se ve empujado a cometer los delitos. La izquierda quiere derogar la prisión permanente para hacer honor a esa posición que busca entender al delincuente antes que a la víctima. Ciudadanos no se sabe lo que quiere y el PP le pone el apellido de revisable porque no se atreve a hablar con claridad. Nosotros exigimos la cadena perpetua”, dijo.

Ciudadanos ha cambiado varias veces de posición sobre este asunto. “Hay que tomar medidas valientes en el Código Penal para proteger mejor a las víctimas y luchar contra la reincidencia”, declaró este martes Albert Rivera.

Más de 100 catedráticos de derecho penal firmaron el pasado marzo un manifiesto pidiendo la derogación de la prisión permanente revisable al considerar que no tiene un efecto disuasorio, porque en España ya hay condenas de 30 y 40 años de cárcel, y porque “compromete valores fundamentales de una sociedad democrática”. En otros países que ya tienen esa figura, las penas son, de hecho, más bajas que en España. En Alemania, por ejemplo, la condena se revisa a los 15 años, y la media de cumplimiento de ese tipo de condena es de 21 años. En Francia la media está en 23 años.