La Junta de Andalucía reduce un 15% el gasto en políticas de empleo

El primer presupuesto de un Gobierno de centro derecha en Andalucía, en 37 años, no difiere mucho del último aprobado por los socialistas. La sanidad, la educación y la dependencia siguen siendo las principales apuestas. También se mantienen las grandes cifras de la llamada administración paralela que tanto criticó y critican PP y Ciudadanos. Las cuentas para 2019 ascienden a 36.495,5 millones de euros, un 5% más que los de 2018, de los que 20.343 millones se van a destinar a gasto social, un incremento del 5,9% respecto del anterior ejercicio. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, sin embargo, ha rodeado la presentación de las cuentas públicas de un contexto de austeridad, bajo el que ha enmarcado el recorte en un 15% de las políticas de empleo de la Junta, en la comunidad que tiene siete puntos de paro más que el resto de la media española. El borrador, que ya han rechazado PSOE y Adelante Andalucía, debe contar ahora con el apoyo de Vox, socio de investidura del PP. En su propuesta inicial contiene una disminución del 6,9% en la dotación para memoria histórica, mantiene en 4,2 millones los fondos destinados a violencia de género e incrementa en más de un millón de euros las políticas migratorias, tres de los ejes fundamentales bajo los que la formación de extrema derecha condiciona su política de alianzas.

Bravo ha explicado que, en un escenario macroeconómico con evidentes signos de desaceleración, su departamento ha querido hacer una “previsión austera” sobre el empleo, cifrando en 60.000 los puestos de trabajo que estima que se crearán este año. Una cantidad que deja la promesa electoral de 600.000 empleos del presidente Juan Manuel Moreno, en una quimera. En este contexto pesimista, la Junta ha hecho los cálculos para 2019 con un horizonte de crecimiento del 2,1% del PIB y espera llegar al déficit cero en 2020 y tener superávit en el 21.

Bravo ha tratado de maquillar la reducción de 1.243,3 millones de euros a 1.053,7 millones de los fondos para Empleo y Trabajo Autónomo, una de las pocas cuya consignación se reduce, junto con Turismo o Memoria Democrática, en que, si se comparan con las cantidades verdaderamente ejecutadas en el anterior presupuesto, en el fondo suponen un incremento con respecto a 2018. Las partidas que más caen son las de Seguridad, Salud y Relaciones Laborales y las de Empleabilidad Intermediación y Fomento, un 21,7% y un 21,4%, respectivamente. La asignación para el Servicio Andaluz de Empleo y la formación bajan en 164.000 euros.

“Lo que le importa al ciudadano no es lo que se presupuesta, sino lo que se gasta”, ha justificado el consejero, quien ha pedido un “acto de fe” a los andaluces para que confíen en que en los cuatro meses en los que esté en vigor el nuevo presupuesto el Gobierno bipartito sí ejecutara todo lo que el socialista no ha realizado. PP y Ciudadanos han puesto especial énfasis en garantizar que lo consignado en cada política se va a ejecutar en el máximo grado posible para contraponer su forma de actuar “rigurosa” con la del anterior Gobierno socialista que, según han denunciado el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y el vicepresidente andaluz, Juan Marín, inflaba cifras en algunas partidas para, luego, destinarlas al capítulo de personal. Un rigor para el que han apelado a la fe.

Para que las cuentas salgan adelante es necesario el apoyo de Vox, toda vez que desde el PSOE y Adelante Andalucía ya han anunciado esta misma mañana enmiendas a la totalidad. El Gobierno de la Junta ha reducido de 1,7 a 1,6 el gasto destinado a Memoria Democrática, un 6,9% menos, una rebaja que para la oposición es un mensaje claro para atraer el respaldo de la extrema derecha. Vox estableció como condición básica para aprobar las cuentas andaluzas que no se destinara ningún recurso al desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica.

Ese partido también ha sido muy beligerante en materia de violencia de género en los cuatro meses de legislatura, en los que ha cuestionado el grado de profesionalidad de los empleados que trabajan en las unidades de valoración de los juzgados de menores y de violencia. En el borrador, la Junta ha consignado prácticamente la misma dotación económica que en los presupuestos de 2018, se mantiene en 4,2 millones, y sube de 42,9 a 43,3, la partida de “Acciones para la igualdad y promoción de las mujeres” -donde se amparan, según Vox, “los chiringuitos feministas”-. Los gastos para políticas migratorias sí aumentan significativamente, pasando de los 4,9 millones a los 6.

El nuevo Gobierno ha puesto especial énfasis en recalcar que este es el presupuesto más social de la historia de Andalucía. Así lo ha remarcado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, aludiendo al incremento de un 7,9% en Sanidad (10,6 millones), un 3,5% en Educación (6,6 millones) y un 5% para Conciliación, Igualdad y Familias (2,11 millones). Con estos números, la Junta pretende desmentir a quienes auguraron recortes en estas partidas y busca concitar el apoyo de los partidos de izquierdas a las cuentas. Buena parte de ese gasto no va dirigido a la inversión, sino al pago de personal.

Ingresos dudosos

La Junta cuenta con ingresar 1.736 millones de euros más respecto del ejercicio anterior, la mayoría de esos fondos adicionales provienen de ingresos propios (alrededor de 1000 millones) y el resto de la recuperación de fondos europeos (340 millones), que crecen, y finalistas (230 millones) que, a diferencia de las cantidades no ejecutadas y que se consideraron perdidas por el anterior Ejecutivo socialista, el actual tiene la intención de ejecutar. Los ingresos consignados se consideran dudosos, no obstante. Hacienda ha estimado 13 meses de ingresos de la liquidación del IVA, en lugar de 11, una variable que depende de que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez apruebe los presupuestos. Esa cantidad se calcula en unos 413 millones de euros y la Junta cuenta con ellos, según fuentes de Hacienda, porque ya se estableció ese compromiso en las cuentas anteriores y porque, de lo contrario, el objetivo del déficit del 0,1% sería imposible, aseguran.

Otra de las partidas que se computan como ingresos, hasta un total de 320 millones, es la venta de patrimonio de la Junta. Estas enajenaciones son muy complejas y farragosas, porque las liquidaciones de inmuebles y solares exigen procedimientos administrativos muy garantistas. Es improbable que se puedan llevar a cabo las ventas en menos de cuatro meses, teniendo en cuenta que históricamente la Administración ha tenido muchas dificultades para enajenar su patrimonio. No obstante, Marín ha asegurado que para final de año “se vendería todo”.