El juez busca más pistas de la trama mediática en el espionaje a Iglesias

Las pesquisas del caso Villarejo adquieren una nueva dimensión. El juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha comenzado a ahondar en el supuesto entramado mediático que utilizaba la brigada patriótica para atacar a rivales políticos del PP y ha pedido a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que elabore un nuevo informe sobre los medios de comunicación que “hayan publicado directamente y por fuente propia noticias que puedan derivarse del móvil sustraído” a Dina Bousselham, la asesora de Pablo Iglesias durante su etapa como eurodiputado. Así consta en un auto del magistrado fechado el pasado 25 de abril, donde acepta una batería de peticiones de investigación del líder de Podemos, personado como acusación particular en la causa.

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El juez ha ordenado también que todos los imputados y testigos en la causa entreguen los archivos digitales que posean y que precedan del volcado del teléfono a la asesora, que denunció el robo a finales de 2015, apenas unos meses antes de que una parte del contenido —comunicaciones privadas de Telegram, una aplicación de mensajería— se difundiese a través del digital Okdiario, encabezado por Eduardo Inda. En este diario, adonde el juez ya envió a la policía para requerir el material que poseyeran del móvil, también se publicaron en 2016 varias informaciones falsas sobre la supuesta financiación irregular de Podemos a través de Irán y Venezuela. Entre otras, la referente al informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima) y el cobro de dinero procedente del Gobierno chavista mediante una cuenta en las islas Granadinas. Dos supuestas irregularidades que nunca prosperaron en los tribunales.

Iglesias siempre ha defendido que la guerra sucia contra su partido constó de tres patas: la policial, conformada por los miembros de la denominada policía patriótica y entre los que se encuentra presuntamente el comisario jubilado José Manuel Villarejo; la política, donde aparece Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP); y la mediática, donde la formación sitúa, por ejemplo, a Inda.

De hecho, estas medidas pedidas por Podemos y aceptadas por el juez tienen por objeto proteger a las víctimas del presunto entramado. Es más, con la intención de que no se difundan más datos e imágenes que pudieran contener el móvil de Bousselham, el magistrado ha decidido también sacar del sumario todo el “material sensible” que no tenga relación con la causa, con el objetivo de que las partes no puedan acceder a este cuando se levante el secreto de las actuaciones.