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Un organizador para el infierno urbano marbellí

Un estudio sevillano redactará el plan territorial del municipio, azotado por los años del gilismo

Vista aérea de Puerto Banús, Marbella (Málaga).
Vista aérea de Puerto Banús, Marbella (Málaga).

En Marbella (Málaga) hay un gran desequilibrio entre la ciudad privada y la pública. Y la primera tiene dificultades para subsistir ante el poco peso de la segunda. Lo dijo hace 20 años una responsable de la Junta de Andalucía, cuando se anuló definitivamente el plan urbanístico que planteó el fallecido alcalde Jesús Gil al final de su mandato, que fue la base sobre la que se levantaron decenas de miles de viviendas ilegales y se realizaron los grandes negocios inmobiliarios corruptos del caso Malaya.

Aquel viejo diagnóstico sobre la asfixia del municipio por la falta de equipamientos públicos y el caos urbanístico sigue vigente. Marbella tiene solo tres centros de salud, colegios públicos que superan la ratio legal cada nuevo curso y atascos constantes incluso en la autovía A-7. 30.000 viviendas se construyeron al margen de la legalidad sobre zonas verdes, viejos bosques arrasados por las llamas o suelo no urbanizable. También una gran población flotante: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 141.463 personas residen en Marbella, una cifra que se triplica cada verano.

Tres empresas se atrevieron a plantear una salida a este laberinto urbanístico a cambio de 2,4 millones de euros. Y solo una lo hará. Se trata de la sevillana Buró4 Arquitectos, que ha obtenido la mayor puntuación en el concurso realizado por el Ayuntamiento para redactar el nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU) marbellí. La firma ha planificado el urbanismo de localidades como Utrera y Marinaleda (Sevilla) o Espejo (Córdoba). Sacar adelante el documento normativo que representa "el futuro de la ciudad", según ha insistido varias veces la alcaldesa Ángeles Muñoz (PP), no será fácil.

En la ciudad sigue vigente el PGOU de 1986, adaptado, eso sí, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía desde el verano de 2018. Desde aquel plan del siglo pasado han sido varias las tentativas fallidas para establecer una planificación para la ciudad acorde al cambio de siglo. El propio Jesús Gil quiso elaborar uno, aprobado por el consistorio en 1998 y luego rechazado por la Junta de Andalucía en dos ocasiones. Aquel documento incluía muchas irregularidades, como recalificar como urbanizables 17 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable, "casi la mitad de ellos en suelo forestal", según Ecologistas en Acción.

El último intento fue el PGOU de 2010. Se elaboró con el objetivo de devolver la seguridad jurídica a una Marbella que perdía inversiones millonarias. Incluía la regularización de 16.500 viviendas levantadas de manera irregular durante el gobierno de Gil. Pero el Tribunal Supremo lo anuló cinco años más tarde mediante tres resoluciones que llegaban a una misma conclusión: el plan no tenía potestad para legalizar lo ilegalmente construido. Además, carecía de un informe económico y no cumplía la normativa medioambiental. Aquel documento fue elaborado por el estudio Territorio y Ciudad, del arquitecto Manuel González Fustegueras, una de las empresas que optaban a redactar el nuevo plan general marbellí.

La alcaldesa de Marbella prevé que el avance del PGOU pueda verse a lo largo de 2019 y que se apruebe en 2020. El pliego de condiciones da un plazo de hasta 42 meses. Son tiempos que no cuadran a la oposición. "Solo sirven para engañar a la gente", según José Bernal, alcalde de la ciudad entre 2015 y 2017 y cabeza de lista del PSOE para las elecciones del 26 de mayo.

Bernal explica que el documento de mayor complejidad es precisamente el avance del plan general, que debe cumplir con un gran número de trámites. "Además, el gran problema del documento sigue siendo el pasado", dice Bernal, que recuerda los desmanes de la era GIL, entre 1991 y 2006, año en el que la Junta de Andalucía quitó al municipio las competencias urbanísticas. Fue poco antes de que explotara el caso Malaya —en el que se llegó a juzgar a 95 personas y envió a prisión a Juan Antonio Roca, Marisol Yagüe o Julián Muñoz, entre otros muchos cargos públicos municipales— y se llegara a disolver el Ayuntamiento de Marbella, que se puso en manos de una gestora. Hoy, la ciudad busca una salida. Y se ha puesto en manos de Buró4.

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